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» El Ciudadano
Fecha: 30/04/2025 22:41
Los fiscales Federico Reynares Solari, Matías Scilabra y Juan Argibay Molina indagaron en los Tribunales Federales de Oroño al 900 al juez federal Marcelo Bailaque, a un año de la implementación del sistema acusatorio en ese fuero. Al final de la jornada el titular de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) Diego Velasco pidió la prisión preventiva de Bailaque. Y fue el juez federal de Garantías Eduardo Rodrigues Da Cruz quien le dictó la prisión preventiva por el término de 90 días. La resolución aclara que la medida cautelar “no podrá hacerse efectiva de forma inmediata” en virtud de la inmunidad constitucional que impide el encarcelamiento de un juez sin que así lo habilite el Consejo de la Magistratura. Éste órgano pidió la remisión de los tres expedientes, que involucran presuntas maniobras de corrupción, prevaricato e incumplimiento de deberes. Desde hace meses que ese órgano adminstrativo evalúa si hay pruebas como para suspender o destituir al magistrado en un jury de enjuiciamiento. Además Rodrigues Da Cruz le trabó una inhibición por 1.500 millones de pesos y la inmediata inmovilización de las cuentas bancarias de Bailaque, a excepción de la cuenta sueldo. Y dictó sobre el juez la prohibición de salir del país. En la audiencia, el juez Eduardo Rodrigues Da Cruz evaluó la imputación del Ministerio Público Fiscal local, la Procelac y la Procunar. En uno de esos expedientes se investiga el vínculo entre el juez Bailaque con los contadores Gabriel Mizzau y Eduardo Semino, en supuestas maniobras de lavado de la banda de Alvarado, actualmente preso. El juez tenía el mismo contador que el narco condenado. En el segundo de esos expedientes se investiga la relación del magistrado Bailaque y uno de los titulares de una entidad financiera, Fernando Whpei, debido a que el juez habría dispuesto el desbloqueo de fondos judicialmente inmovilizados, pertenecientes a la Cooperativa Portuaria de Puerto San Martín durante la gestión del sindicalista Herme “Vino Caliente” Juárez, en favor de una mutual que pertenecía a este allegado, dice la acusación. El fiscal federal Federico Reynares Solari le achacó al juez no haber hecho lugar a la recusación en su contra, que habían presentado un grupo de estibadores que indicaba que estaba beneficiando a “su amigo”, lo que constituía una irregularidad. En el último de esos expedientes se investiga al juez Bailaque por el “armado” de causas contra los empresarios Claudio Iglesias y Jorge Oneto. En este expediente se presentó como arrepentido el extitular de la AFIP de Santa Fe Carlos Vaudagna, quien dio detalles de su relación con Bailaque y como –según la acusación- había armado expedientes con el magistrado para obtener beneficios de los empresarios. Esta causa contra Iglesias se inició a partir de una denuncia anónima que llegó a la Afip y la Afip denució ante Bailaque. Lo que complica aún más la situación es la reciente declaración de Carlos Andrés Vaudagna, el ex director de la AFIP en Rosario, quien se acogió a la figura del arrepentido y afirmó que él, junto con Bailaque y el empresario Fernando Whpei, fueron quienes armaron esa causa contra Iglesias. Por su parte, Bailaque negó las acusaciones formuladas por los tres fiscales federales. En su breve declaración, sin aceptar preguntas de los fiscales, el magistrado abordó puntualmente cada una de las acusaciones. Respecto a la investigación de Alvarado, Bailaque rechazó categóricamente cualquier vínculo con el narco o su organización, señalando que otros funcionarios judiciales a cargo del expediente pueden atestiguar su normal desarrollo. Justificó el rechazo de algunas intervenciones telefónicas, argumentando que la mayoría eran autorizadas y que los rechazos fueron motivados y no apelados por la fiscalía. Negó cualquier interferencia externa en las investigaciones. En cuanto a su relación con el contador de Alvarado, Mizzau, Bailaque admitió una amistad durante la secundaria, pero afirmó que actualmente están distanciados y que desconocía su rol como contador del narcotraficante. «La mayoría de nosotros no conocemos a los clientes de nuestros contadores o de nuestros amigos. Pero yo desconocía que Mizzau era contador de Alvarado”. También destacó los tres procesamientos que le dictó a Alvarado. “Yo dispuse el procesamiento con prisión preventiva de Alvarado el 11 de diciembre de 2019, mucho tiempo antes de que los fiscales provinciales hicieran la denuncia. No hizo falta que me activaran los fiscales provinciales, cuando yo tuve elementos probatorios que consideré suficientes para ordenar el procesamiento de esa persona así lo hice”. Los procesamientos eran sobre lavado de activos, dictados en 2022 y 2024. También destacó que no pueden asosciarlo con el mundo narco y aseguró que no tenía vinculación con Esteban Alvarado. Sobre las reuniones en el quincho de su casa dijo que eran abiertas y nombró a funcionarios judiciales, periodistas y emperesarios con los que se reunió en distintas oportunidades. Respecto al manejo de fondos de la cooperativa de estibadores, se cuestiona a Bailaque por permitir la transferencia de mil millones de pesos a una mutual cuyo titular es Fernando Whpei, cuando la normativa exigía que se realice a una entidad regulada por el Banco Central. El fiscal Reynares Solari también le imputó no haber dado lugar a una recusación presentada por estibadores que alegaban que la maniobra beneficiaba a un amigo empresario del juez. Al respecto Bailaque recordó que la causa original se había iniciado en Campana y llegó hasta mutuales y cooperativas del cordón industrial que fueron intervenidas por orden del juzgado de esa ciudad bonaerense. Que luego se declaró la incompetencia y la causa continuó su curso en el Juzgado Federal a su cargo, donde recayó en tiempos de cuarentena. “Estudié la causa que tenía muchos cuerpos e incidentes, se cumplieron con todas las medidas probatorias. Y lo que debe quedar en claro es que el expediente se desarrolló con la intervención designada desde Campana, yo no designé a (Roberto) Pascualino, aunque renové su intervención cuando estaba por vencer el plazo. Pero fue él quien pidió el desbloqueo de fondos, no fue una decisión mía oficiosa, y por otro lado mi decisión no tuvo direccionamiento a ninguna mutual, banco», sostuvo en referencia al empresario mencionado. Los abogados de Bailaque cuestionaron las medidas cautelares propuestas por los fiscales. Más allá de cuestionar el pedido de prisión preventiva, para lo cual debería expedirse el Consejo de la Magistratura, los abogados cuestionaron técnicamente el pedido de embargo de 1.050.000 dólares sobre los bienes del juez. En ese marco, el juez dictó otro cuarto intermedio hasta las 18. Cattalini: «Es un paso importante» En la previa de la audiencia la diputada provincial Lionella Cattalini habló con la prensa sobre sus denuncias contra Bailaque. “Que los consejeros, y el presidente de la Corte Suprema, que es santafesino, hagan su trabajo. Siguen permitiendo que un juez corrupto siga en funciones”, apuntó en referencia a proceso que se sustancia ante el Consejo de la Magistratura. “Es un paso importante esta imputación para que la gente empiece a confiar en la Justicia. Lamentablemente, hay ejemplos como el de Bailaque, un juez corrupto, con vínculos demostrados con narcotráfico, como corrupción, coimas, con el ex jefe de Afip arrepentido y declarado en juicio que mantenía una organización destinada a cobrar coimas. Tenía que investigar evasión, narcotráfico, lavado de dinero pero hacía lo contrario”, dijo. “Exhorto a los consejeros del Consejo de Magistratura a que hagan su trabajo, que es no solo salir en los medios de comunicación sino también entender que tienen responsabilidad sobre lo que pasa en Rosario, si siguen permitiendo que jueces corruptos estén en lugares de tanta responsabilidad”, afirmó. “Durante más de diez años –prosiguió la diputada– vivimos los peores momentos en Rosario, Bailaque tenía que investigar narcotráfico y no lo hizo, hay pruebas de que comía asados y se iba de viaje, hizo entrar al hijo del contador que firmaba los balances truchos de las empresas de Alvarado a la Justicia federal, era amigo personal. Mientras, oh casualidad a Alvarado nadie lo investigaba y la causa la tenía él en su escritorio. Hacía todo lo posible para que no se lo investigue, retardó la causa, denegó escuchas. Si lo vemos en Netflix nos sorprendería. Este juez que tiene muchos vínculos con empresarios sindicalistas políticos sigue estando acá pese a estar involucrado”, cerró la legisladora.
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