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Federal » El Federaense
Fecha: 30/04/2025 20:58
El clima político se vuelve cada vez más tenso en la Argentina con la presentación de una nueva denuncia penal por parte del diputado nacional Facundo Manes hacia Santiago Caputo, un asesor cercano a Javier Milei. Esta situación ocurrió en el marco de un reciente debate legislativo en el Canal de la Ciudad, donde se vivió un episodio alarmante. Un incidente desafortunado El incidente se produjo cuando el fotógrafo Antonio Becerra, representante de Tiempo Argentino, fue objeto de un acto que Manes califica como intimidación. Según el legislador, Caputo actuó de manera amenazante al tapar la lente de la cámara del reportero y al quitarle la credencial, una acción que suscita serias preocupaciones sobre la libertad de prensa en el país. Patrón recurrente En su denuncia de cuatro carillas, Manes ofrece detalles sobre el incidente y sostiene que este se alinea con un patrón recurrente de comportamiento amenazante por parte de Caputo. No solo le quitó la credencial, sino que también tomó una foto del reverso de la misma, donde aparece la imagen de José Luis Cabezas, un reportero que fue asesinado en 1997. Este gesto añade una capa más de gravedad a un acto ya de por sí preocupante, ya que recuerda un pasado trágico en la historia del periodismo argentino. Denuncias previas No es la primera vez que Manes realiza denuncias contra Caputo. En marzo, el diputado denunció un encuentro previo en el que el asesor lo amenazó en el salón del Congreso. A pesar de que esa denuncia fue archivada por la jueza María Eugenia Capuchetti, Manes ha decidido apelar, y la situación ahora está en manos de la Cámara Federal. Libertad de Expresión en juego La nueva denuncia plantea preocupaciones sobre cómo Caputo intenta silenciar y amedrentar tanto a legisladores que abogan por la crítica como a periodistas. Manes argumenta que este tipo de conducta atenta contra dos fundamentos esenciales de la democracia: la libertad de expresión y el derecho a la información. El diputado cierra su escrito haciendo hincapié en que estos derechos están consagrados tanto en la Constitución Nacional como en tratados internacionales, lo que subraya la importancia de proteger la labor de aquellos que informan al público y representan al pueblo en el ámbito legislativo.
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