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Parana » APF
Fecha: 29/04/2025 18:30
Fue en la reunión Conjunta de las comisiones de Legislación General y de Asuntos Constitucionales y Acuerdos que se realizó este martes. El proyecto de la senadora, Claudia Silva, recibió algunas modificaciones en el texto. Los miembros de la Comisión intercambiaron posturas sobre el asunto y resolvieron continuar su abordaje la próxima semana. martes 29 de abril de 2025 | 17:48hs. Este martes la Cámara de Senadores de la provincia retomó el tratamiento de un proyecto de ley presentado por la senadora Claudia Silva, para reglamentar lo establecido por el articulo N° 117 de la Constitución Provincial, promoviendo y garantizando la efectiva respuesta por parte del Poder Ejecutivo a los requerimientos que cualquiera de las Cámaras Legislativas realice en el marco del articulo antes mencionado. Se introdujeron algunas modificaciones al texto, que estipula que el Poder Ejecutivo deberá contestar los respectivos pedidos de informes requeridos por cualquiera de las Cámaras en un plazo no mayor a sesenta (60) días corridos, pudiendo prorrogarse por treinta (30) días más. Los miembros de la Comisión intercambiaron posturas sobre el asunto y resolvieron continuar su abordaje la próxima semana. El proyecto es autoría de la senadora peronista del Departamento Paraná, Claudia Silva y propone reglamentar “lo que se conoce como pedidos de informes”. Explicó que “la mencionada herramienta es utilizada habitualmente por los legisladores, tanto de la oposición, como del oficialismo, para solicitar al Poder Ejecutivo, datos y/o información relacionados con la gestión de gobierno”. Proyecto de ley propone sanciones y multas para los funcionarios que no respondan los pedidos de informes de legisladores En los fundamentos del proyecto, la legisladora sostuvo que “la necesidad de poder reglamentar esta manda constitucional, radica en poner en claro los tiempos en los cuales el Poder Ejecutivo tiene que responder los pedidos de informes. En la actualidad sucede que muchos de los pedidos o no son contestados, o su contestación es extemporánea o carente de fundamentos”. Prevé sanciones de apercibimiento y multa para el funcionario responsable del área ejecutiva requerida, a fin de que se cumpla con la Constitución Provincial. Lo recaudado será destinado al Instituto Provincial de Discapacidad. En aquella línea señaló que “el proyecto contiene plazos considerables para que el Poder Ejecutivo de respuestas, y si la complejidad de lo consultado amerita más tiempo, se prevé una prórroga. Dichos plazos para la elaboración de las respuestas, se proyectan de modo tal que no afecten de manera repentina y urgente la labor de las distintas dependencias provinciales, pero que al tener una fecha límite para efectuarlas, permita tener la seguridad de que se cumplirá con la norma constitucional que autoriza la formulación de los pedidos”. (APFDigital)
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