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Federal » El Federaense
Fecha: 29/04/2025 04:34
Una reciente decisión judicial ha dado un respiro a una madre divorciada con una hija menor, quien finalmente podrá recibir el Ingreso Mínimo Vital (IMV). Esta resolución fue emitida por la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, que desestimó un recurso de casación interpuesto por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), argumentando que la demandante no cumplía con los requisitos de residencia para acceder a la prestación. El INSS sostenía que el empadronamiento de un ex cónyuge en el mismo domicilio hasta octubre de 2021 indicaba que había una unidad de convivencia, lo que contradecía las condiciones para que la mujer pudiera solicitar el IMV como solicitante individual. Sin embargo, este argumento fue refutado tras demostrar que el exmarido residía en el extranjero durante el período reclamado, confirmando que la madre vivía sola con sus hijos. El camino hacia el ingreso mínimo vital La historia de esta madre comenzó en diciembre de 2023, cuando el Juzgado de lo Social número 4 de Oviedo dictó una sentencia reconociendo su derecho a percibir el IMV. Esta ayuda tiene como propósito prevenir la pobreza y la exclusión social. En 2024, la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias ratificó esta decisión, desestimando un nuevo recurso de la Seguridad Social. Contexto de la prestación El IMV fue introducido en junio de 2020 como parte de las medidas sociales del Gobierno para combatir las repercusiones de la pandemia. Desde su creación, ha beneficiado a más de 703.479 hogares, equivalentes a 2.145.006 personas. La cuantía media de esta prestación es de 508 euros al mes, ayudando considerablemente a las familias que más lo necesitan. Año Hogares Beneficiados Personas Beneficiadas Cuantía Media 2020 — — — 2023 703,479 2,145,006 508 euros Impacto de las reclamaciones Sin embargo, la situación no es tan simple. El INSS ha solicitado a muchos beneficiarios la devolución de cobros indebidos, argumentando que no cumplen con los requisitos de la prestación. Esto ha generado una preocupación palpable: se estima que desde el inicio del IMV, la Seguridad Social reclamó hasta 500 millones de euros en deudas, dejando a muchos beneficiarios en situaciones críticas y agravando su situación económica. La falta de pruebas concluyentes y las contradicciones en la información presentada sobre la residencia son factores que, en este escenario, son esenciales para la denegación de la ayuda. Esta reciente resolución judicial puede representar un cambio significativo en la vida de muchas personas que se encuentran en situaciones parecidas.
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