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Parana » Ahora
Fecha: 29/04/2025 03:09
En el cuarto día de la remisión a juicio de la causa Contratos, el Ministerio Público Fiscal se centró en los roles dentro de una presunta organización delictiva, detallando las actividades de reclutamiento de contratistas falsos, la recolección de dinero y la gestión impositiva a través de un estudio contable. Los fiscales examinaron ante la jueza de Garantías, Marina Barbagelata, las omisiones de control por parte de auditores y revisores. También demostró como fue la distribución del dinero ilícito entre los destinatarios finales, y el mantenimiento económico del grupo a través de contratos en el Senado de la Nación. Toda la acusación fue con demostración de evidencias documentales, comunicaciones y análisis de datos bancarios y contables para respaldar las afirmaciones sobre la estructura y operación del esquema. En otra extensa jornada, Patricia Yedro, Ignacio Aramberry y Gonzalo Badano presentaron la evidencia documentada obtenida de allanamientos, correos electrónicos, archivos digitales y cuadernos manuscritos para respaldar su hipótesis sobre la existencia de una asociación ilícita y la distribución de roles dentro de la misma. Mencionaron nombres de varios imputados y argumentaron que la organización operaba de forma jerarquizada, con personas encargadas del reclutamiento de falsos contratistas, la gestión del cobro de cheques y pagos bancarizados, y la distribución y entrega del dinero sustraído a los niveles superiores de la estructura. La fiscalía también sugiere que la maniobra continuó operando incluso después de ser detectada, intentando entorpecer la investigación mediante la introducción de información falsa. “Empresa delictiva” El MPF dijo que la maniobra central consistía en la creación de “contratos de locación de obra” falsos con particulares que, en muchos casos, no prestaban servicios reales en la Cámara de Senadores o Diputados. Se utilizaba a individuos para “hacerlos figurar como contratista”. Los fiscales detallaron una estructura jerárquica y funcional, identificando diversos roles y personas clave basados en abundante documentación física y digital, correos electrónicos, mensajes de texto y WhatsApp, y datos bancarios. Según dijeron los fiscales el escalafón superior lo integraban: Gustavo Hernán Pérez, Alfredo Bilbao y Jorge Enrique de Breuil. Estas personas fueron señaladas como figuras con “funciones jerarquizadas” y un papel central en la decisión, gestión y recepción de los mayores ingresos ilícitos. Pérez, con un “dominio fáctico de los contratos” y capacidad de decisión sobre el presupuesto y la distribución. De Breuil, un “destinatario central del dinero sustraído y posteriormente invertido”. En ese lote también están los directores de Servicios Administrativos Contables: Juan Domingo Orabona (“Palito”) y Sergio Esteban Cardoso. Orabona, amigo de Gustavo Bordet, habría recibido dinero y participado en inversiones. Cardoso, en Diputados, es descrito como “esencial” para introducir la maniobra en esa cámara, firmando cheques, autorizando pagos y coordinando con otros imputados. También habría recibido un porcentaje de la recaudación ilícita. Después fiscalía habló de los que tomaban decisiones claves. Ahí aparece el condenado por corrupción Juan Pablo Aguilera. El cuñado del exgobernador Sergio Urribarri fue presentado con un rol “absolutamente destacado” y “preponderante”, decidiendo el “sí, el cuándo y el cuánto” de los contratos falsos, incluso cuando formalmente estaba asignado a otras áreas. Se le reportaba el manejo de contratos truchos, dijo fiscalía y recibía entregas de dinero y utilizaba a falsos contratistas para sus emprendimientos personales, como una imprenta. En otra línea aparecen los reclutadores y cobradores: Hugo Rubén Mena y Flavia Marcela Beckman, más conocida como “Gringa”. Decidían inicialmente quiénes figurarían como contratados, basándose en la confianza, y luego gestionaban la recaudación. Mena documentaba “absolutamente todo lo que le pedían” en cuadernos y planillas. Luego están para los fiscales los recolectores y enlaces. En ese lugar ubican al expolicía Alejandro Almada y Roberto Ariel Faure. Almada habría actuado como recaudador de ambas cámaras y coordinado con Pérez. Faure, compartiendo estudio con Bilbao, era un “coordinador” que recolectaba valores y llevaba cheques y facturas. Los fiscales ubican como colaborador y facilitador a José Javier Schneider. Se señala su intervención en “facilitar y compartir información” sobre los contratos falsos, intercambiando listados. Se le atribuye “pleno conocimiento y dimensión” de los hechos y considerarse parte del “sistema”. Habría colaborado en el ocultamiento ante auditores del Tribunal de Cuentas y posiblemente percibía dinero por su actividad. Pancho y el recorrido circular Para que la organización delictiva funcionara sin problemas, los fiscales dicen que contaron con complicidad de bancarios. Es así que el MPF dice que agentes bancarios recibían “comisiones para ‘hacer la vista gorda'” ante el cobro masivo de cheques por parte de las mismas personas. La fiscalía describió un “recorrido circular” para las listas de contratados: originadas en Beckman-Mena, pasaban a coordinadores Bilbao/Faure, al servicio contable o estudio contable, y al banco para la gestión de cuentas o valores. Los valores cobrados eran recolectados, gestionados por el grupo Mena-Beckman a través de personas de confianza, y luego entregados a los escalafones superiores. Se deducían gastos y comisiones (incluyendo pagos a personal bancario y administrativo para asegurar su silencio), y el neto se distribuía entre los principales beneficiarios, en particular del escalafón jerárquico” y Orabona, hombre de negocios del exgobernador Bordet. Estos fondos se habrían destinado a inversiones, como propiedades y moneda extranjera. Los fiscales presentaron evidencia de que la maniobra habría continuado operando incluso después de ser detectada, incluyendo intentos de entorpecer la investigación mediante la introducción de información falsa, la obtención de datos sobre la pesquisa (como entrevistas de testigos) y la eliminación de comunicaciones, como mensajes de WhatsApp de Sergio Cardoso con su superior administrativo de entonces, Sergio Urribarri. La fiscalía también mencionó nuevos elementos de prueba, surgidos con posterioridad a la remisión a juicio, como una investigación iniciada en Concordia en 2024 que vincula a Mena y Beckman con la compra y fraccionamiento de loteos (gestionados por la hermana de Orabona, Luján Orabona que es escribana). También se hizo referencia a un sumario administrativo en la legislatura cuya existencia fue desconocida hasta hace poco. Estos elementos serían ofrecidos como prueba en un eventual juicio. Este martes continúa la remisión a juicio.
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