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Parana » Paginajudicial
Fecha: 28/04/2025 10:07
El presidente del gremio de los magistrados se refirió al retiro del proyecto para modificar el Código Procesal Penal y manifestó sus expectativas sobre la incorporación de Rubén Virué a la comisión que debatirá un nuevo proyecto. También ironizó sobre la reforma del Consejo de la Magistratura: “¿Cuáles son los estamentos que la sostienen?”. Y criticó al Colegio de la Abogacía por el conflicto por los honorarios. Federico Malvasio De la Redacción de Página Judicial Alejandro Cánepa es vocal del Tribunal de Juicios y Apelaciones de Paraná y presidente de la Asociación de la Magistratura y la Función Judicial de Entre Ríos. En una entrevista con Página Judicial, habló sobre diversos temas que hacen a la agenda judicial y legislativa. –¿Cómo estás observando la gestión judicial, desde el punto de vista del Poder Judicial y desde los otros poderes del Estado? –Me parece importante hacer hincapié con lo que fue el discurso de apertura de año del presidente del Superior Tribunal de Justicia, (Leonardo) Portela, porque desde allí se marcaron cuáles son las deudas hacia la sociedad. Marcó una hoja de ruta no solo para el Poder Judicial, sino para los demás poderes en función de prestar el mejor servicio de justicia, pero también se hizo cargo del desprestigio que tiene el Poder Judicial. –Lo interrumpo. Esa mala imagen que se le adjudica a la Justicia y que sus autoridades reconocen, ¿le parece injusta o hay una mala estrategia en la comunicación? –Hay dos aristas, a mí entender. Una de ellas es que los jueces suelen tomar decisiones poco populares. No se trabaja para el aplauso, quizás a diferencia de otros poderes, y con esto no quiero frivolizar las decisiones que toman otras autoridades. Quiero decir que el sentimiento de justicia, material, no se refleja muchas veces en las decisiones que se toman. El otro problema tiene que ver con la poca comunicación de lo que se hace. El Poder Judicial, como dice Portela, es como un atrapa-todo. Un conflicto personal, institucional o lo que fuese va al Poder Judicial para que se resuelva y, a veces, la estructura no está preparada para todo eso. Pasa con la justicia ambiental, donde se están discutiendo fiscalías para esos temas; lo mismo sucedió con el narcomenudeo, que transformó el Ministerio Público Fiscal; o con la violencia de género. A medida que la sociedad va generando nuevos conflictos que terminan en los tribunales, se han ido reconvirtiendo las cosas para dar cauces de solución. –¿Ve la vigencia de esa idea de que los jueces hablan por sus sentencias? –No sé si se desterró. Es cierto que hay funcionarios judiciales que no hablan, pero me parece que todo es más dinámico. Se ve en programas como la “Justicia va los barrios”, donde hay fiscales dando charlas en comisiones vecinales o jueces acercándose a diferentes ámbitos; lo mismo ocurre con las defensorías en los casos de adopción y en materia de salud mental o visitas a las cárceles. Se hacen muchas cosas, además de redactar una resolución o una sentencia. Creo que hay otra empatía, otra forma de relacionarse con la comunidad. –Hacía referencia al discurso de Portela en el que marcó una hoja de ruta. El presidente del STJ dijo, palabras más o menos, que el Poder Judicial no podía legislar. ¿Qué opina? Y otra pregunta, ¿qué urgencias cree que se tienen que resolver en el ámbito legislativo? –Todo lo que tenga que ver con el fuero de familia es urgente. Es un fuero que está saturado porque atiende temas muy complejos y que cada vez se hacen más cotidianos, lamentablemente. –Hay una reforma del Consejo de la Magistratura que quedó trunca en la Cámara de Diputados ante cuestionamientos de diferentes sectores. Uno de ellos fue la Asociación que usted preside, pero también la UNER la cuestionó. ¿Habrá reforma? –Creo que al Consejo de la Magistratura hay que reformarlo, sobre todo para que empiece a trabajar, que se empiecen a dar los concursos. Nosotros entendemos que con una reforma muy simple que propusimos en el mes de febrero y se la presentamos al Gobernador (Rogelio Frigerio) en mayo del año pasado, se podría avanzar. Tiene que ver con la eliminación del banco de casos. Con eso se podrían empezar a cubrir los más de cien cargos vacantes. –Pero hay otros puntos por los que se trabó. –Lo que sucedió, y sucede, es la falta de consensos. Iniciamos una ronda de conversaciones con distintos funcionarios luego de que nos sorprendiera la presentación de un proyecto de reforma integral, cuando no era lo que se había consensuado en el mismo Consejo de la Magistratura con sus actuales integrantes. Lo mismo con el Gobernador. El Consejo de la Magistratura es un tema complejo que requiere consenso. En su momento, su creación fue un reclamo de la sociedad organizada a los candidatos a gobernador, que en su momento eran (Jorge) Busti, (Sergio) Varisco y (Emilio) Martínez Garbino. Me acuerdo que tanto la Asociación de la Magistratura como el Colegio de la Abogacía pedían un mecanismo transparente de designación. Estuvo el gremio de los trabajadores, la sociedad civil y las universidades. Todos participaron y con todos se logró un consenso. Ese consenso es el que no se puede romper. En la reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales (de la Cámara de Diputados), hay poco consenso respecto a esta postura fundacional de hacer un Consejo nuevo. El Colegio ha planteado objeciones, la Asociación ha planteado cuestiones que no fueron resueltas, lo mismo AJER (gremio de trabajadores judiciales). La UNER acaba de hacer público un cuestionamiento. ¿Cuáles son los estamentos del Consejo de la Magistratura que sostienen esta reforma? Y además el Consejo no funciona. –¿Con quiénes han tenido las últimas conversaciones? –Con (el secretario de Asuntos Institucionales y Reforma Política) Julián Maneiro y con el ministro de Gobierno (Manuel Troncoso), a quienes les hicimos llegar nuestras observaciones de los borradores de dictámenes. No sé si hay algo ahora. El proyecto del Poder Ejecutivo se entromete con la autonomía de los distintos estamentos respecto a quiénes podrían o no elegir a sus representantes. Se restringe también el derecho a participar con una cláusula de que no se podía volver a concursar en un determinado tiempo. Después se propuso una especie de aventura, como es el concurso anticipado para convocar cargos no vacantes cuando hay más de cien cargos que sí están vacantes. También se restringía el derecho al recurso. Podemos no estar de acuerdo con que el planteo no sea de manera directa ante el Superior (Tribunal de Justicia), pero tiene que haber. –Lo que se cree, sobre este punto, es que ese recurso directo ante el STJ es como entregarles el Consejo de la Magistratura a sus integrantes. –El Superior es el máximo órgano de justicia. En algún momento es probable que los planteos lleguen ahí. Nosotros presentamos una propuesta para garantizar la doble instancia a la Legislatura, pero nada de eso se tomó en cuenta, sino que se trocó ese recurso, que hoy es ágil, por una acción administrativa que habilita las medidas cautelares. Esto ya lo vimos en el caso “Quinteros”, en el que se trabó un concurso durante años y no era solo el cargo de Quinteros, sino que eran cinco cargos en la Cámara Civil y Comercial de Paraná. Eso es lo que va a volver a pasar. –Reforma del Código Procesal Penal. Había un proyecto de la gestión anterior que contaba con el apoyo de la Sala Penal del STJ y la impugnación del procurador general. El Gobierno lo desempolvó para tratarlo y luego lo retiró con el anuncio de que se redactará un nuevo. ¿Cómo lo ve? –La reforma es necesaria. Creo que ese primer proyecto debe ser revisado y, sobre todo, actualizado porque tiene más de dos años. También creo que el Gobierno está en todo su derecho de revisarlo. Lo que llamó la atención fue el gesto de retirarlo cuando se pudo haber discutido en las cámaras. Digo esto porque si bien el procurador tuvo una marcada oposición y buena parte del Ministerio Público Fiscal no participó de los debates, todo el foro penal sí lo hizo. Todos los operadores, como jueces de garantías, los tribunales de juicio, el Ministerio Público de la Defensa, los técnicos interdisciplinarios, el cuerpo de médicos forenses y los mediadores penales sí lo hicieron. Diría que fue una participación inédita, y los aportes que se realizaron quedaron en manos de la Sala Penal. Se hizo hincapié en las garantías durante el proceso y en el tema de los plazos de la investigación. Con los fallos de la Corte Suprema y la legislación comparada hay que avanzar en la reforma. Pero insisto en que el gesto del retiro causó sorpresa. A la designación del doctor (Rubén) Virué la vemos con beneplácito, muy bien, es una persona de diálogo y consenso, porque así fue su gestión como Secretario de Justicia. –Se desató un nuevo conflicto entre magistrados y abogados en el marco de la Ley de Honorarios, con una crítica a la magistratura por entender que cometen un delito. ¿Dónde puede estar la solución? –La solución está en el diálogo. Hace menos de un mes se hizo una capacitación con el Colegio de la Abogacía para defensores penales con muchísima participación y en armonía. De pronto vemos que la conducción de la institución se dirigió institucionalmente a cada juez y jueza marcándole el incumplimiento de una ley. Es decir que estarían cometiendo un delito; es decir, desde un ámbito, dentro de la entidad, que se llama observatorio de honorarios, aparentemente, se reciben delaciones de magistrados que no regularían honorarios como se pretende. Lo que están diciendo es: usted ha sido delatado y vamos a tomar medidas legales. ¿Cuáles son? El jury. O sea, una institución se vuelve en contra de un juez sin darle ninguna explicación sobre en qué caso reguló mal. El STJ tiene fallos que han confirmado esas regulaciones, pero a los vocales no les mandaron la nota. Lo que no se dice es que esas regulaciones cuestionadas son excepcionales. Por caso, en amparos del Iosper, cuando los montos de los reintegros que se piden son muy menores al honorario que hay que regular. Bueno, es ahí donde se han morigerado las regulaciones y se han ratificado.
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