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Parana » Ahora
Fecha: 25/04/2025 11:48
En la tercera jornada de la remisión a juicio de la denominada Causa Contratos Legislativos, el Ministerio Público Fiscal detalló el rol y el delito que cree que cometió cada uno de los 19 imputados. En rigor, hasta este jueves, hay 20 acusados, pero el contador público Gustavo Falco será sobreseído. El fiscal Ignacio Aramberry identificó a los acusados: Flavia Marcela Beckman, Hugo Rubén Mena, Gustavo Hernán Pérez, Roberto Ariel Faure, Sergio Esteban Cardoso, Alejandro José Luis Almada, Juan Pablo Aguilera, Diego Martín Pagnoni, Mariano Speroni, Hernán Javier Díaz, Marta Aurora Pérez, Maximiliano Degani, Pedro Eduardo Opromolla, Juan Domingo Orabona, Jorge Enrique De Breuil, Jorge Fabián Lázzaro y José Javier Schneider. Luego, el fiscal coordinador hizo una descripción general de los hechos que MPF le atribuye a los imputados. Aramberrry dijo que entre enero de 2008 y el 20 de septiembre de 2018, Pérez, Faure, Cardoso, Almada y Aguilera, junto Beckman, Mena, Hugo Luna (fallecido), Esteban Scialocomo, María Álvarez (probation), Jorge Balladares (probation), Jazmín Mena (probation), Fernando Gastón Sarnaglia (probation), María Macarena Álvarez (probation), Viviana Giselle Mena (probation), Alejandro Rubén Ferreya (probation) y Alfredo Bilbao, formaron parte de una organización que sustraía dinero del patrimonio de la Legislatura Provincial. Según sostuvo esto se realizaba mediante contrataciones de obra en nombre de ambas Cámaras (Senadores y Diputados), con personas que no prestaban servicios al Estado. Dichos contratistas recibían una ínfima parte de los honorarios, mientras el resto era desviado hacia la organización. La actividad ilícita se inició en la Cámara de Senadores en 2008 con contratos de 4.500 pesos y alcanzó montos de 50.000 pesos por contrato en 2018. En la Cámara de Diputados, comenzó en 2011 con contratos de 5.000 pesos, aumentando también hasta 50.000 pesos. En total, se firmaron más de 700 contratos, gestionados sin asignar funciones reales y con conocimiento de que los montos eran sustraídos del Estado. Para fiscalía, los responsables de los Servicios Administrativos Contables involucrados fueron Orabona, Lázzaro, Pérez y Cardoso. Ellos facilitaban los pagos y la apertura de cuentas sueldo para transferir los honorarios. Después, Aramberry dio lectura a la descripción de los hechos endilgados a cada uno de los acusados. Juan Domingo Orabona: responsable del Servicio Administrativo Contable. Como administrador y custodio de los recursos económicos, entre otras prestaciones, era uno de los encargados de habilitar el pago de los contratos falsos, a través de cheques y/o depósitos bancarios. Sergio Esteban Cardoso: “Además de intervenir en la gestión de contratos falsos para mantener el número de éstos y constante el nivel de recaudación, actuando en su carácter de Director del Servicio Administrativo Contable de la Honorable Cámara de Diputados de la provincia, cargo que desempeñó desde el año 2011 y, siguiendo expresas instrucciones del Sr. Presidente del cuerpo, Sergio Daniel Urribarri, le requirió a los Sres. Diputados Navarro, Darrichón y Ruberto, la suscripción de al menos 10 contratos apócrifos por cada uno de ellos, bajo el pretexto que los ‘contratistas’, en caso de no firmarlos, quedarían sin trabajo”. Gustavo Hernán Pérez: “Para consumar de manera eficiente la sustracción de dinero de las arcas del Estado provincial, valiéndose de los distintos cargos que ocupó dentro del Servicio Administrativo y Contable de la Honorable Cámara de Senadores (Jefe del área contratos desde el año 2008, Subdirector del Servicio Administrativo Contable desde el 11/12/2011 hasta el 10/12/2015, Director Gral. de Administración desde el 11/12/15 y hasta el 03/10/18), asumió el rol de organizador de la asociación criminal que fue instaurada a tales efectos, encargándose de coordinar y distribuir los roles que cumplieron el resto de los coencausados”. Alejandro Almada: “Sin perjuicio de colectar el dinero que era recaudado por el resto de los coimputados de la forma en que ha sido descripta para entregarlo a los jefes de la organización criminal, en su carácter de funcionario de planta de la Honorable Cámara de Diputados de la provincia, con desempeño en el Servicio Administrativo Contable de ese cuerpo, también intervino en la gestión de contratos falsos, para mantener el número de éstos y constante el nivel de recaudación”. Juan Pablo Aguilera: “Sin perjuicio de colectar el dinero que era recaudado por el resto de los coimputados de la forma en que ha sido descripta para entregarlo al jefe de la organización criminal o utilizarlo en su provecho, en su carácter de Secretario Coordinador de la Honorable Cámara de Senadores de la provincia (desde el 11/12/ 2011 y hasta el 22/4/14) y de empleado de planta permanente de idéntica Cámara, también intervino en la gestión de contratos falsos, para mantener el número de éstos y constante el nivel de recaudación”. Roberto Ariel Faure: “Oficiaba de nexo entre los funcionarios (Pérez, Cardoso, Aguilera y Almada), y los privados (Beckman, Mena, Scialocomo y Bilbao), encargándose de retirar los contratos, devolverlos firmados por los falsos ‘contratistas’ a las oficinas administrativas, gestionar el alta de éstos ante los organismos de recaudación tributaria, llevar las facturas extendidas a nombre de éstos y los respectivos pagos de monotributos, y retirar los valores para ser cobrados. Para cumplir dicha función, se valió de sendos contratos de obra que le fueron otorgados por las autoridades de ambas Cámaras de la Legislatura de la Provincia y, durante el año 2015 por el Ministerio de Educación, Deportes y Prevención de las Adicciones, a través de los cuales se le remuneraban sus aportes”. José Javier Schneider: “Desempeñándose en el Servicio Administrativo Contable de la Honorable Cámara de Senadores desde el año 2008, tuvo una activa participación en la gestión de contratos de locación de obras falsos, a sabiendas de que con tal maniobra se sustraía dinero de las arcas del Estado Provincial, percibiendo por tal tarea, un pago mensual, que en el año 2018 ascendió a la suma de $40.000”. Jorge Enrique De Breuil: “Empleado de planta permanente del Honorable Senado de la provincia y contratado como personal transitorio del Honorable Senado de la Nación por el Senador Pedro Guastavino”. Se detalla la gran cantidad de dinero que fue recibiendo, en el rol de recaudador. Jorge Fabián Lázzaro: “Director Administrativo Contable del Senado 2011/2015”, junto a los otros funcionarios, “tenían el manejo de esos caudales públicos ya que, junto con personal autorizado de ambas Cámaras, contaban con la facultad funcional de emitir los cartulares correspondientes al pago mensual de aquellos vínculos y en el último período, de generar la apertura de las cuentas ‘sueldo’ de los contratistas y las transferencias para el pago de los honorarios”. Flavia Marcela Beckman, Hugo Rubén Mena, Esteban Ángel Scialocomo, María Victoria Álvarez, Alfredo Bilbao, Verónica Caíno, Alejandro Rubén Ferreyra, Fernando Gastón Sarnaglia, María Jazmín Mena Giovenni, María Macarena Álvarez, Andrea Noemí Demartin, Jorge Pablo Balladares y Viviana Giselle Mena Giovenni: “Tomaron parte en una organización que se ocupaba de sustraer dinero del patrimonio de la Legislatura Provincial, a través de la realización de contrataciones de obra en nombre de ambas Cámaras, con personas que no realizaban ninguna prestación a favor del Estado, y percibían una ínfima parte de los honorarios pactados, quedando el resto de ellos en poder de la organización”. “Luego de su libramiento por los Servicios Administrativos Contables de ambas Cámaras, los cheques eran entregados a Mena y Beckman, quienes mensualmente se encargaban de hacerlos endosar a sus titulares, o de endosarlos falsamente, para facilitar su cobro por otras personas de su círculo de confianza”, como los demás imputados mencionados, entre otros. Cabe recordar que Caino, Sarnaglia, Ferreyra, las dos Álvarez, Demartin, Balladares y ambas Mena Giovenni recibieron el beneficio de la suspensión de juicio a prueba (Probation). Guido Daniel Krapp (probation) y Roberto Faure: “Aportaron sus conocimientos y servicios como contadores públicos nacionales, para mantener al día, ante los organismos de recaudación nacional y provincial, la situación impositiva de cada uno de los contratistas falsos.- Para ello, realizaban las siguiente gestiones: dar de alta y baja a los contratistas en AFIP y ATER; presentar las declaraciones juradas informativas de impuestos; impresión de talonarios de facturas que a la postre permitían el cobro de los cheques; emisión de las facturas (manuscritas y electrónicas) y el pago del monotributo, que en el último periodo se efectivizaba en la terminal Nº 3472, correspondiente a la sucursal Nº 3469 de ‘Entre Ríos Servicios’, emplazada en el Estudio ‘Integral Asesoría’, sito en calle Misiones 276 de Paraná”. Renato Jesús Mansilla y Nicolás Beber (ambos recibieron la suspensión de juicio a prueba -probation-): eran colaboradores de los contadores, e integraban el estudio contable, y “además se encargaron de cobrar cheques relacionados con los contratos falsos, gestionar la obtención de contratos falsos para sus allegados, tales como es el caso de Cecilia Cersofios, Mario Deiloff, Analía Lorena Ruiz Diaz, Fernando Adolfo Ruiz Diaz y María Laura Beber, entre otros. Todas las personas antes mencionadas, eran a la vez contratistas de obra de la Legislatura Provincial, por lo cual cobraban una retribución que no tenía como contrapartida prestación alguna a favor del Estado, sino que era utilizada como pago de honorarios de la gestión contable antes mencionada y para abonar el importe de los monotributos del sistema”. Marta Aurora Pérez y Mariano Speroni: En sus roles de auditores “del Honorable Tribunal de Cuentas para la Legislatura Provincial, desde el año 2008 a mayo de 2016, omitió deliberadamente ejercer un debido control de legalidad de los contratos de obra suscriptos por las autoridades y/o legisladores de la Honorable Cámara de Diputados y/o Senadores de la Provincia de Entre Ríos, y cumplir y hacer cumplir la normativa que lo disciplina, tal como los programas de tareas de control emitidos anualmente por la misma auditoría”. La misma omisión delictiva se imputa a los revisores del organismo de control, Hernán Javier Díaz, Diego Martín Pagnoni y Maximiliano Degani. El próximo lunes se solicitará en la audiencia el sobreseimiento del contador público Gustavo Falco, quien se encuentra imputado pero según las partes, no hay elementos suficientes para incriminarlo en la banda delictiva. Los delitos que les imputan a cada uno: Gustavo Pérez: Peculado y asociación ilícita agravada Orabona: Peculado y asociación ilícita Lázzaro: Peculado Cardoso: Peculado y asociación ilícita Aguilera: Peculado y asociación ilícita Almada: Peculado y asociación ilícita Bilbao: Peculado y asociación ilícita Faure: Peculado y asociación ilícita Mena: Peculado como partícipe necesario y asociación ilícita Beckman: Peculado como partícipe necesaria y asociación ilícita Opromolla: Peculado como partícipe necesario y asociación ilícita Díaz: Incumplimiento de deberes de funcionario público reiterado Degani: Incumplimiento de deberes de funcionario público reiterado Marta Pérez: Incumplimiento de deberes de funcionaria pública reiterado Speroni: Incumplimiento de deberes de funcionario público reiterado Pagnoni: Incumplimiento de deberes de funcionario público reiterado De Breuil: Peculado como partícipe necesario, asociación ilícita Schneider: Peculado como partícipe secundario, asociación ilícita Luego en horas de la tarde de este jueves la fiscal Patricia Yedro comenzó a detallar como fue la sustracción de fondos públicos. Habló de firmas falsas de los contratistas y dijo que las únicas personas que recibían gran parte del contrato eran los “allegados” a Beckman o al estudio Asesoría Integral. “El plan montado, desde al menos fines del año 2007, con el objeto de detraer de manera sistemática dinero de las arcas del Estado provincial, recurrió a la figura del ‘contrato de obra’, de antaño utilizada por las cámaras de la Legislatura provincial para nutrirse de recursos humanos”, dijo la fiscal. Y agregó: “Dichos instrumentos, se confeccionaban generalmente a nombre del presidente de cada Cámara legislativa, o de la mención genérica de “autoridades de la cámara”, otras veces a nombre de un legislador, autoridad o funcionario de cámara específico, sea de la Cámara de Diputados o Senadores”.
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