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Federal » El Federaense
Fecha: 25/04/2025 11:42
En una decisión que ha levantado revuelo en el ámbito energético, el gobierno ha iniciado el proceso de privatización total de ENARSA, Energía Argentina S.A., a través del Decreto 286/2035. Este decreto establece que la privatización se llevará a cabo mediante la separación de las actividades y bienes de sus diferentes unidades de negocio. La primera fase de la privatización Como parte inicial de este proceso, el gobierno ha dado luz verde para la venta del 100% de las acciones de ENARSA en CITELEC S.A., la empresa que controla a Transener, una de las principales responsables de la transmisión eléctrica en el país. Esta operación se realizará mediante un concurso público que incluirá tanto a participantes nacionales como internacionales. Justificación gubernamental El gobierno, que sigue una línea de ultraderecha, justifica esta controversia diciendo que ENARSA ha necesitado transferencias millonarias del Tesoro para sostener una estructura que no ha logrado resultados eficientes, tanto en la calidad del servicio como en la administración de sus recursos. Según ellos, la privatización permitirá “ordenar el funcionamiento del Estado y que el sector privado asuma la gestión de actividades esenciales como la transmisión eléctrica”. Mejorar el servicio. Fomentar la competencia. Garantizar precios reales y sostenibles para todos los argentinos. El decreto sostiene que el sector privado tiene la capacidad no solo para gestionar mejor estos servicios, sino que también actuará como motor de inversión, empleo e innovación. Controversias y advertencias La situación ha provocado reacciones diversas dentro del ámbito político y social. El pasado 31 de octubre, el exsubsecretario de Energía, Federico Basualdo, advirtió sobre las implicaciones de deshacerse de ENARSA. Según él, la empresa desempeña un papel crucial en el sector energético argentino, no solo asegurando las importaciones de combustible sino también gestionando activos estratégicos. “Si se privatizan estos activos, se corre el riesgo de perder no solo recursos esenciales sino también la capacidad del Estado para regular mercados fundamentales como los de gas y energía eléctrica”, afirmó Basualdo. Así, la motosierra de la privatización no parece detenerse, y los próximos meses serán cruciales para determinar el futuro de la energía en Argentina.
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