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» Diario Cordoba
Fecha: 25/04/2025 03:11
La crisis abierta en el seno del Gobierno de coalición obligó este jueves a Pedro Sánchez a dar marcha atrás en un contrato de más de 8 millones de euros con la empresa Guardian Homeland Security S.A., una filial del grupo internacional Guardian LTD Israel. El acuerdo, que establecía la compra de más de 15 millones de balas, será rescindido por el Ejecutivo en las próximas semanas. Sin embargo, desde que comenzó la guerra en Gaza el 7 de octubre de 2023, esta empresa ha sido la adjudicataria de otros nueve contratos más por un valor total de cerca de 2,5 millones de euros. En octubre del año pasado, el Ministerio del Interior suspendió el contrato con esta firma israelí. No obstante, en plena Semana Santa de este año, se publicó en la Plataforma de Contratación del Sector Público el mismo contrato, aunque en esta ocasión Guardian Homeland Security S.A. figuraba como representante y la empresa IMI System LTD como adjudicataria. Este contrato es el que ha tensado al máximo las costuras del Ejecutivo de coalición, hasta el punto de que el ala socialista se ha visto obligada a recular. Sin embargo, esta empresa, que reivindica en su página web ser el "suministrador principal de productos de seguridad y defensa de fabricación israelí", ha sido la adjudicataria de casi una decena de contratos, ya formalizados con el Estado, desde que arrancó la guerra en Gaza. El último se remonta a hace diez días, el 13 de abril, cuando se publicó un contrato de 220.704 euros, con impuestos incluidos, para el suministro de material de protección personal para las Unidades Operativas de la Guardia Civil. En concreto, 463 placas balísticas de nivel IV. Durante 2024, la misma empresa obtuvo otros cinco contratos: 250.000 euros para la adquisición de las mismas placas, pero en este caso para unidades de la Guardia Civil destacadas en misiones internacionales de mantenimiento de paz; 1.500 euros para la compra de empuñaduras verticales para armamento terrestre ligero; 421.382 euros para el suministro de sistemas de visualización RX-15; 51.667 euros para un sistema de detección de rayos X y 71.113 euros para la adquisición de mochilas de hidratación ignífuga para el equipo básico de la UME. Y desde el 7 de octubre de 2023 y hasta que terminó ese año, cerró con el Estado otros cuatro contratos, siendo uno de ellos el más cuantioso: 1.151.617 euros para la compra de un sistema de radiografía portátil. Además, la empresa tiene otros cinco contratos adjudicados a la misma empresa que, por el momento, no han sido formalizados y que ascienden a 44.000 euros. La otra empresa IMI Systems LTD, la empresa que aparece como adjudicataria en el polémico contrato y que tiene su base en Israel, también tiene un amplio historial de contrataciones con el Estado, aunque salvo en este último caso los demás son anteriores al 7 de octubre de 2023. En total, la compañía aparece como adjudicataria de otros diez contratos fechados entre 2017 y 2022 y que suman un total de 32 millones y medio de euros. La gran mayoría fueron para la compra de cartuchos de 5,56 × 45 mm, el calibre estándar de la OTAN y para la compra de proyectiles de 120 mm para tanques Leopard.
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