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Concordia » Hora Digital
Fecha: 24/04/2025 16:29
Choferes de Uber en Concordia luchan contra gastos excesivos impuestos por la municipalidad, mientras buscan sobrevivir económicamente y evitar multas confiscatorias. Tras una serie de reuniones y gestiones por parte de un grupo de choferes de la aplicación Uber en Concordia, surge un conflicto con las autoridades municipales debido a las exigencias económicas impuestas. El ex concejal Juan Domingo Gallo ha asumido la representación legal de varios choferes en esta situación. En un intento por modificar la normativa vigente, los choferes solicitaron reuniones con autoridades locales, como el secretario de gobierno Luciano Dell’Ollio. Se busca evitar que los choferes estén obligados a inscribirse en el pago de la tasa comercial, registrarse en el régimen de monotributo y pagar una licencia anual que oscila alrededor de los $130.000. Esta situación afecta principalmente a aquellos choferes que han recurrido a Uber tras quedarse sin empleo o como actividad complementaria, quienes enfrentan dificultades para llegar a fin de mes con un gasto mensual de $50.000 a $60.000, sumado a otras exigencias como una licencia y un carnet D1. El ex concejal Gallo señala la complejidad de la ordenanza que regula los remisses, taxis y vehículos de plataformas virtuales en Concordia, argumentando que se equiparan situaciones diferentes en un mismo contexto normativo. Propone modificar la normativa para que la empresa Uber asuma responsabilidades tributarias y exija la habilitación municipal a sus choferes. Además, se destaca la crítica al alto porcentaje de comisión que Uber cobra a los choferes (35% del total de recaudación), en comparación con otras aplicaciones municipales que no aplican este tipo de cobro. Gallo argumenta que el municipio podría destinar recursos para abordar esta problemática y ofrecer una solución que beneficie a los trabajadores afectados. En medio de este conflicto, Gallo defiende a los choferes de Uber como trabajadores en busca de sostenerse económicamente, enfatizando que no son delincuentes y que las multas y retenciones vehiculares impuestas por la municipalidad resultan confiscatorias. Insta a dirigir las acciones hacia la empresa multinacional que evade obligaciones fiscales, en lugar de penalizar a quienes buscan subsistir mediante esta actividad laboral.
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