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Parana » Paginajudicial
Fecha: 24/04/2025 15:07
La Red de Organismos de Derechos Humanos presentaron un durísimo documento contra la iniciativa que se debate en la Legislatura para incorporar la figura de la reiterancia en el Código Procesal Penal de Entre Ríos. Entre otras cosas advierten que provocará el colapso de las cárceles entrerrianas. De la Redacción de Página Judicial La Red de Organismos de Derechos Humanos de Entre Ríos (Rodher) remitió a la Legislatura un documento crítico sobre el proyecto de ley que pretende incorporar la figura de la reiterancia en el Código Procesal Penal de la provincia. La iniciativa de la diputada Carola Laner (Juntos por Entre Ríos-Concordia) propone incorporar la reiterancia delictiva como criterio para disponer la prisión preventiva cuando una persona tenga dos o más causas penales previas en trámite, aun en casos considerados como delitos de bagatela. El proyecto recibió críticas del procurador general, Jorge Amílcar Luciano García, convocado al debate en comisiones. Allí advirtió allí que “no se puede responder a la conflictividad social con la vieja idea de más cárcel” y propuso a los legisladores “agudizar el ingenio”. Sin embargo, días después se conoció una instrucción general impartida a los fiscales entrerrianos con indicaciones para que en casos donde se juzgue la conducta de una persona detenida en flagrancia o que tenga antecedentes penales debían solicitar la prisión preventiva a los jueces de garantías. En ese marco, los organismos de derechos humanos de la provincia presentaron un durísimo documento en el que advierten que la iniciativa busca imponer el derecho penal de autor, es decir, el juzgamiento de una persona por sus características y no por lo que ha hecho; y provocará el colapso de las cárceles entrerrianas. Las personas y los hechos En el análisis de los organismos de derechos humanos se plantea que la prisión preventiva en la Argentina, y Entre Ríos, solo es procedente cuando se den dos causales: peligro de fuga o peligro de entorpecimiento, de modo que la prisión preventiva es una excepcionalidad y no una regla. El proyecto viene a incorporar un nuevo supuesto, ya que se aplicaría inmediatamente ante la reiterancia, y sin requerir otros fundamentos, “lo que deriva sin más en la aplicación del derecho penal de autor, es decir, se castiga por quién es y no por lo que hizo”. A su criterio, constituye una vulneración del principio de inocencia, ya que “una persona que no presente riesgo de fuga ni entorpezca el desarrollo de las causas, iría presa por el hecho de tener otra u otras investigaciones abiertas por las cuales, por cierto, podría aún resultar absuelta por inocencia”. También cuestionan los organismos de derechos humanos que se tenga en cuenta a los efectos de la prisión preventiva que una persona tenga una condena anterior, incluso cumplida totalmente: “De esta forma se incorpora sin fundamento alguno una realidad totalmente ajena al proceso en cuestión, equiparando este instituto a la reincidencia”. En ese sentido, la Rodher sostiene que “a lo largo del texto del proyecto, se advierte una concepción puramente punitiva de la prisión preventiva, en tanto se la incorpora indistintamente en situaciones de lo más diversas como rebeldía, reiterancia, flagrancia, arresto domiciliario, por antecedentes de penas cumplidas, sin guardar, por ende, razonabilidad ni proporcionalidad”. El colapso carcelario Los organismos de derechos humanos también advirtieron que la incorporación de la reiterancia en el Código Procesal Penal “implica directamente un aumento del encarcelamiento y, por consiguiente, el incremento de la población privada de libertad”. “El sistema penitenciario de Entre Ríos tiene actualmente una sobrepoblación de 1,5 por ciento (con 2.800 personas privadas de libertad al 31 de diciembre de 2024). Es decir, está colmado. A ello se suma que la población en las cárceles de Entre Ríos viene creciendo sostenidamente y muy por encima del nivel general: entre 2013 y 2023 la cantidad de personas privadas de libertad se incrementó en un 151 por ciento, mientras que a nivel nacional lo hizo en un 74 por ciento”, señalaron. De hecho, la Rodher plantea que en Entre Ríos, a diferencia de lo que ocurre a nivel nacional, el 13 por ciento de las personas detenidas está con prisión preventiva, frente al 39 por ciento que registra la media nacional. “La incorporación de la figura de reiterancia provocaría así el colapso del sistema penitenciario, resignando al mismo tiempo una característica favorable del sistema penal provincial, sin redundar efectivamente en una mejor seguridad pública”, señalaron. “Esta realidad se da, a su vez, sobre una infraestructura con notables problemas: el estado edilicio de la mayor parte de los establecimientos penitenciarios, tal como viene señalándolo en sus informes el Comité Provincial para la Prevención de la Tortura, tiene deficiencias de habitabilidad (hacinamiento, instalaciones degradadas, deficiente mantenimiento), de servicios, actividades laborales, etcétera. Es decir, hablamos de un aumento de personas privadas de su libertad, en el marco de un sistema penitenciario saturado y del incremento sostenido de la población carcelaria”, agregaron. El documento advierte entonces que el incremento de la población penal podría provocar “un recrudecimiento ilegítimo de las condiciones de encierro, la imposibilidad de acceso y garantía de los derechos básicos (alimentación, salud, educación, trabajo), un probable aumento de la conflictividad interna en los establecimientos penales, todo lo cual dificulta el debido tratamiento que (…) debe apuntar a la reinserción social de las personas”. Finalmente, los organismos de derechos humanos señalaron que “el problema de la seguridad pública no se soluciona con discursos ni con demagogia punitivista” y plantearon que “toda reforma debe ser analizada y discutida en el marco de una política criminal y de seguridad coherente, tomando en cuenta el conjunto de problemáticas que hacen a la inseguridad, que como dicta la experiencia histórica y de otros países, no se saldan simplemente con el endurecimiento de penas o medidas procesales. Además, se debe partir del diagnóstico sobre los lugares de encierro y las consecuencias que tendría la aplicación de una reforma en el agravamiento de problemáticas estructurales que presentan las cárceles”, concluyeron. Reiterancia delictiva – RODHER by Página Judicial
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