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» Comercio y Justicia
Fecha: 24/04/2025 09:04
El escándalo inmobiliario desatado por la firma Márquez y Asociados, con epicentro en la ciudad de Córdoba, dejó un tendal de víctimas en Río Cuarto y otras localidades de la provincia. Más de 200 personas presentaron reclamos ante la Defensoría del Pueblo de Río Cuarto, denunciando estafas por viviendas pagadas y nunca entregadas. Mientras los damnificados buscan justicia, el caso pone en alerta al sector inmobiliario cordobés. Según informó Puntal, los reclamos comenzaron a llegar a la Defensoría del Pueblo de Río Cuarto tras denuncias de clientes que acusan a Márquez y Asociados de incumplir contratos, del mismo modo en que se dieron las denuncias en Córdoba. Los afectados, provenientes de Río Cuarto, Villa María, San Francisco y otras ciudades cordobesas, aseguran haber pagado sumas considerables por casas que no fueron construidas. La abogada Andrea Meyer, representante de un grupo de damnificados, confirmó que presentarán una querella penal y se constituirán como actores civiles para reclamar el daño patrimonial. La Defensoría, en coordinación con Defensa del Consumidor de Córdoba, busca canalizar los reclamos y exigir respuestas. Bajo la gestión de Javier Rezza, delegado regional para el sur de la Defensoría del Pueblo de la Provincia viene asumiendo un rol clave como mediadora. “Estamos trabajando para ser un puente entre los vecinos y las instituciones”, afirmó Rezza. En 2021, la entidad ya había alertado sobre fraudes inmobiliarios similares, como el caso de Bienestar Construcciones, que dejó a 50 familias cordobesas sin sus hogares. La magnitud del escándalo de Márquez y Asociados, sin embargo, sacudió a toda Córdoba, afectando la confianza en un sector clave para la economía provincial. El impacto económico para los damnificados es devastador, con pérdidas que, en muchos casos, representan ahorros de años. La Defensoría recomienda reunir contratos, comprobantes y comunicaciones con la empresa para respaldar los reclamos. Mientras la Justicia investiga, el caso expone la urgencia de fortalecer la regulación del mercado inmobiliario. En Río Cuarto y toda Córdoba, los afectados exigen justicia y medidas para evitar que el tendal de víctimas siga creciendo.
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