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Parana » APF
Fecha: 23/04/2025 18:30
Ocurrió este miércoles por la tarde cuando se retomó la audiencia de remisión a juicio de la Causa Contratos Truchos, tras un cuarto intermedio. La defensa de Flavia Beckman advirtió que Fiscalía, para oponerse a las exclusiones de las defensas, insistió en que los contratos son falsos, que hubo muchos con firmas apócrifas e incluso cheques que se cobraron, tendrían la firma falseada. Por la mañana, Fiscalía sostuvo que los contratados fueron víctimas de la presunta asociación ilícita. miércoles 23 de abril de 2025 | 18:22hs. Miguel Cullen, defensor de varios imputados en la Causa Contratos Truchos, advirtió este miércoles a la tarde en la audiencia de remisión a juicio de la causa que investiga un presunto desfalco millonarios a Estado, que el Ministerio Público Fiscal (MPF), introdujo un hecho novedoso que, a su entender, modificaría el rumbo del proceso. Tras la bomba, a las 17, la jueza de Garantías de Paraná, Marina Barbagelata, dispuso un cuarto intermedio hasta el jueves a las 9. Este miércoles fue el turno de los fiscales, Patricia Yedro, Ignacio Aramberry y Gonzalo Badano, y también del actor civil por Fiscalía de Estado (FE), Gustavo Acosta, de responder a los serios y graves planteos de exclusión probatoria que fundaron el martes 22 las defensas por presunta violación de leyes y vulneración del derecho de defensa, entre otros agravios de trascendencia constitucional. Tras el cuarto intermedio de las 13, cuando se retomó la audiencia a las 14.45, Cullen advirtió a la jueza que Aramberry había introducido durante la mañana un hecho novedoso como respuesta a los planteos de las defensas sobre la exclusión de los beneficiarios de los contratos –los contratados- para que depongan como testigos de cargo, habida cuenta que podrían incurrir en una conducta reñida con el derecho de no autoincriminación porque podrían ser parte del delito que se investiga. Cullen señaló que “Fiscalía ahora dice que son víctimas, que se les falsificó la firma, que Beckman lo hizo” y resaltó que “se modificó el hecho por el que venimos a requeridos”. Añadió que la imputación no refirió que se “utilizó a personas que no sabían nada” como se lo hizo en la audiencia, durante la mañana. No obstante, en el escrito de solicitud de remisión de la causa a juicio de la Fiscalía se puede leer que se acusó a Hugo Rubén Mena y Flavia Marcela Beckman, de ser “quienes mensualmente se encargaban de hacerlos endosar a sus titulares, o de endosarlos falsamente, para facilitar su cobro por otras personas de su círculo de confianza…”. Los fiscales también habían acusado de que aquella “afirmación precedente se basa en el hecho de que hubo ‘prestanombres’ contratados; personas que fueron defraudadas; personas a las que se les falsificaron las firmas y que ignoraban que tenían un vínculo con la Legislatura; contratados por más de diez años de manera ininterrumpida; personas contratadas al mismo tiempo, en ambas Cámaras Legislativas; otras que aun residiendo en esta ciudad nunca pisaron ninguna de las dos cámaras; y otras que sin siquiera vivir en Paraná estuvieron contratadas; la mayoría de ellos sin saberlo o desconociendo que sus datos de identidad estaban siendo utilizados por la organización para seguir sustrayendo caudales públicos (algunos de ellos, anoticiados de que estuvieron contratados, formalizaron denuncias ante la UFI)”. Cullen también señaló que cuando refirió que los contratados podrían incurrir en el delito de Falso testimonio agravado por ser testigos en causa propia, fue porque Fiscalía había argumentado contra la exclusión de los contratados por ser posibles partícipes, que era una disponibilidad del organismo que tiene la facultad de realizar y dirigir la acusación. Cullen entendió que no. Cullen, que también representa a funcionarios del Tribunal de Cuentas, con desempeño estable en ambas Cámaras legislativas, Sostuvo que el cambio de la plataforma fáctica no solo afecta la situación de Beckman, que se preparó para defenderse de un determinado hecho, sino que también la de aquellos, habida cuenta que ahora serían acusados de saber que los contratos y los cheques eran apócrifos y aun así le dieron trámite. Fiscalía entiende –y así lo sostuvo en su escrito de remisión- que aquellos funcionarios, “contrariando su deber funcional de controlar la correcta aplicación del presupuesto de la Legislatura, mediante un riguroso cotejo, efectuaban controles limitados al análisis meramente formal de una escasa cantidad de contratos de obra, previamente seleccionados por los propios responsables de los servicios administrativos contables”. En el mismo sentido, los fiscales destacaron oportunamente, que “esas omisiones a sus deberes funcionales, permitió pasar por alto el flujo constante de vínculos que se generaban y/o renovaban semestralmente, así como de la continuidad de algunos falsos contratistas que estuvieron ligados a una y otra cámara legislativa de manera indistinta por extensos períodos de tiempo, algunos de ellos durante los 11 años investigados”. Fiscalía añadió que la “todos estos elementos no pudieron ser ignorados por quienes tenían a su cargo, como único deber funcional específico, el de controlar la correcta inversión de los fondos públicos, salvo que dichas omisiones hayan sido ex profeso tal como se acredita con la evidencia que se referencia a continuación”. La audiencia retomará su dinámica este jueves a partir de las 9 pero sólo habrá actividad por la mañana, tal como se consensuó en el audiencia preliminar al inicio de la de remisión a juicio. (APFDigital)
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