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Parana » AnalisisDigital
Fecha: 23/04/2025 17:38
De ANÁLISIS Los fiscales Ignacio Aramberry, Patricia Yedro y Gonzalo Badano, respondieron este miércoles a los planteos defensivos que cuestionan el inicio de la investigación judicial sobre la causa de los “contratos truchos”. Ayer comenzó una etapa intermedia en el proceso judicial. La causa de los “contratos truchos” culminó la investigación penal preparatoria en 2021. Todos estos años estuvo, de alguna manera, frenada porque se discutieron cuestiones de forma como la jurisdicción donde debe juzgarse. Cerrado ese debate -es decir, después de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) confirmara que el legajo pertenece a la jurisdicción provincial y que la jueza a cargo es Marina Barbagelata-, se pudo dar un paso adelante y comenzar con la remisión a juicio. Durante los meses siguientes, se avanzará en este sentido, se darán y saldarán discusiones previas a un futuro juicio oral. Esto quiere decir que se debatirá sobre la producción de la evidencia que sustenta la acusación fiscal. Por eso los abogados defensores comenzaron a atacar cómo se produjo la prueba, la validez o legalidad de los allanamientos, el modo de obtención de la evidencia secuestrada, la producción de testimoniales, entre otros puntos. Cabe señalar en este sentido que, este martes, los abogados plantearon que el Ministerio Público Fiscal (MPF) proveyó evidencia a la causa que fue producida de manera “ilegal”. Solicitaron la nulidad de allanamientos y la exclusión de las pruebas obtenidas en esos procedimientos. Tal como estaba previsto para hoy, los integrantes del Ministerio Público Fiscal (MPF) se ocuparon de responder a los planteos defensivos. La audiencia se lleva adelante ante la jueza de Garantías a cargo del proceso, Marina Barbagelata. Los abogados que intervinieron ayer son Damián Petenatti e Iván Vernengo en representación del imputado Alfredo Bilbao; José Velázquez, abogado defensor de los imputados Flavia Beckman y Hugo Mena; Tomás Vírgala, defensor de Ariel Faure; Pablo Hawlena Gianott y Miguel Cullen, ambos representan a Jorge De Breuil. Cullen, por su parte, defiende también a los imputados Gustavo Pérez, Alejandro Almada, Juan Pablo Aguilera, Hernán Díaz, Marta Pérez, Pedro Opromolla y Maximiliano Degani. De los 32 imputados inicialmente en el legajo quedaron 18, porque 12 accedieron a suspensiones de juicio a prueba y 2 esperan una resolución de la jueza Barbagelata para ir a un juicio abreviado: Esteban Scialocomo y el contador Gustavo Falco. De modo que, además de Bilbao, Beckman, Mena, Faure, De Breuli, Pérez, Almada, Aguilera, Díaz, Marta Pérez, Opromolla y Degani, también están imputados Sergio Esteban Cardoso; Diego Martín Pagnoni; Mariano Speroni; Juan Domingo Orabona; Jorge Fabián Lazzaro; y José Javier Schneider. Y la semana pasada, quienes accedieron a probation fueron María Victoria Álvarez, Verónica Caíno, Alejandro Ferreyra, María Macarena Álvarez, Fernando Gastón Sarnaglia, Andrea Demartín, Nicolás Beber, Renato Mansilla, Guido Krapp, Jorge Pablo Balladares y Jazmín y Giselle Mena Gioveni. En la causa se investiga una estafa al Estado provincial calculada en unos 53 millones de dólares, entre 2008 y 2018. Las maniobras para el desfalco se produjeron, según la investigación fiscal, a través de “contratos truchos” legislativos, para lo cual intervinieron funcionarios públicos, empleados con jerarquía en las dos cámaras legislativas, dos estudios contables, y ciudadanos por fuera de las estructuras del Estado, encargados de buscar “prestanombres”, falsificar firmas, endosar cheques, entre otros actos. Se estima que el dinero sustraído de las arcas públicas fue a parar a inversiones privadas, inmobiliarias y agropecuarias. “Los defensores no lograron demostrar la afectación de derechos o garantías” El fiscal Ignacio Aramberry, quien junto a su colega Patricia Yedro, está desde el inicio de la pesquisa en 2018, contestó a varios planteos defensivos realizados este martes. Dijo que los abogados no pudieron demostrar ayer que, durante la producción de evidencia para la causa, se afectó algún derecho o garantía constitucional. “No cualquier defecto significa invalidez de una evidencia. Quienes proponen la invalidez deben trazar de una manera clara la afrenta contra derechos y garantías. Al analizar los casos presentados por los defensores, pese al esfuerzo, ninguno alcanzó a demostrar el riesgo de afectación a un derecho o garantía constitucional”, manifestó en la audiencia. Para Aramberry, los “defectos” planteados por los abogados fueron “presentados como hipótesis”. “Ellos dijeron que no saben si se bloquearon puertos de dispositivos electrónicos, si se encontraron apagados o prendidos. Y presentan esas hipótesis como defecto con potencialidad para generar una afectación a derechos y garantías constitucionales, con efectos legales”, amplió y agregó: “No se prueba el hipotético defecto si no que no se demuestra”. Más adelante el fiscal recordó que en el legajo aparecen personas contratadas que “ni siquiera sabían que lo estaban, o no sabían que seguían vinculados”. “Detectamos pericialmente que la señora Beckman era encargada de falsificar firmas de contratos y endosar cheques que después serían cobrados. Las personas cuyos casos se impugnan las entrevistas, esas personas aparecen como claras víctimas de delitos como falsedad documental. Sin embargo se reclama nulidad genérica, equiparando a todos los testigos. Lo correcto hubiese sido señalar que tal testigo se autoincriminó, uno por uno. Acá se pretende la invalidez de todas las entrevistas. Pero lo más llamativo es que varios colegas manifiestan sus pupilos puedan atestiguar, la declaración de invalidez se da de bruces con esa petición que incorporan casi todos los colegas”, contrastó. Mencionó después el rol de otros imputados en la causa y pidió: “Miremos toda la película en materia probatoria. No coincidimos en que la orden de allanamiento debe ser autosuficiente como una sentencia -dijo en relación al planteo del abogado Damián Petenatti-. Porque está ben, no piden que sea una sentencia la orden de allanamiento pero exigen que contenga los elementos reseñados en la causa para tenerla por válida”. “Hay una confusión entre actos de investigación y actos de prueba” La fiscal Patricia Yedro sostuvo que los planteos defensivos confunden “los actos de investigación y actos de prueba”. “Los actos de investigación tienen por finalidad descubrir material que nos permita conocer un hecho ilícito, quienes serían sus autores. En esa tarea, el MPF está autorizado a hacer entrevistas, sugerir pesquisas, detectar responsables. En esos actos de investigación hay actos de distinta naturaleza, algunos que MPF puede hacer de modo unilateral, otros que requieren autorización judicial otros que implican intromisión más profunda y requieren control más específico, y nos ocupamos de realizar esta reseña porque escuchamos de alegaciones que se cuestionan actos que se hicieron con autorización judicial, en el período de reserva de la investigación. Cuando se levantó el período de reserva, esos actos fueron puestos a disposición de defensores y los resultados de estos hechos. Pero en ese momento los abogados no plantearon nada”, deslizó. Yedro recordó que “uno de los cuestionamientos” defensivos fue a los bioingenieros del Gabinete de Informática del MPF y su intervención en la investigación. “A fuerza de ser reiterativa, este planteo se hizo en otras audiencias, y ya fue resuelto en una sentencia que todos conocemos (NdR: en referencia a la condena de la causa conocida como ‘Megajuicio por corrupción’, como la mayoría de los planteos defensivos realizados en la causa ‘contratos truchos’ y/o ‘coimas’). Se confunde entre incumbencia profesional y el alcance de un título. Las tareas encomendadas a los bioingenieros del Gabinete, no son tareas exclusivas de los ingenieros y están en el ámbito de incumbencia de los bioingenieros. Ellos solo relevaron información contenida en los dispositivos electrónicos. Hicieron tareas de naturaleza descriptiva, sin juicio de valor”. La fiscal añadió que los defensores refirieron violaciones de “protocolos vigentes en materia de recolección digital cuando se produjeron los secuestros”. “Recordamos que para cualquier tarea, la observancia de un protocolo, esto no puede generar la invalidez o causar ilegitimidad de prueba recolectada. Los protocolos son guías”. “Esto es rigor formal excesivo que atenta contra los principios de este sistema acusatorio. También se alegaron falencias en cadenas de custodia y más allá que se hicieron referencias genéricas a supuesta falencias, no se concretaron a qué efectos se refieren”, contestó. Por eso pidió que se rechacen los planteos defensivos. Por último, Badano enmarcó los planteos de los fiscales Aramberry y Yedro en la Constitución Nacional y los pactos internacionales a los que adhiere el país en materia de lucha contra la corrupción. En referencia a cuestiones puntuales de la investigación, mencionó que hubo “contratados” de la Legislatura que son “personas que estaban en una situación difícil, que no tenían poder de decisión, que no eran funcionarios, que les gestionaban el monotributo”. “Muchos de ellos pensaban que el dinero que cobraban eran subsidios del Estado, eran víctimas en estado de vulnerabilidad. Había hasta personas embarcadas en el sur, marinos mercantes. Fueron engañados. Para llegar a esta estructura, llegaron por conocidos. Confiaron en que se trataba de algo lícito”. “Queremos decir que estos estratos más bajos de la conducta, no es voluntad del MPF llevarlos a juicio o aplicarles sanciones vinculadas a este hecho en concreto, y cualquier otro hecho derivado. Queremos tranquilizar a estar personas. Nos parece que el hecho de referir a ellas como que pesa sobre ellas responsabilidad civil, por su intervención en ilícito, nos parece una forma de condicionar la posibilidad que las personas vengan a declarar. Queremos alertar sobre estos, llevando tranquilidad”, agregó después Aramberry. “Estos planteos ya fueron resueltos” Gustavo Acosta, como actor civil, adhirió a los planteos de los fiscales, quienes pidieron a la jueza Barbagelata que rechace los pedidos de los defensores. Recordó que buena parte de los planteos defensivos realizados en esta causa, ya fueron resueltos en el “Megajuicio por corrupción”. “Hay que revisar la causa Urribarri, porque ya se decidió sobre ataques probatorios ahí. Este tipo de postulaciones fueron debatidas y resueltas, y encontraron respuesta en la judicatura provincial”, señaló. Réplicas Contestaron los abogados Damián Petenatti e Iván Vernengo. Cuestionaron los precedentes judiciales citados por los fiscales para fundamentar el pedido de rechazo a sus planteos. Dijeron a la jueza Barbagelata que “se dejó llevar” por las solicitudes de la acusación pública para autorizar tareas investigativas, y que “no hay elementos” incriminatorios contra, por ejemplo, Alfredo Bilbao. “Que en algún mensaje se lea ‘Alfred’, no quiere decir nada”, acotó Petenatti. El abogado también aseguró que el fiscal Aramberry se mostró “confundido” respecto de quien ocupaba el estudio en calle Córdoba y Alameda de la Federación. “Aramberry, si no interpreté mal, dijo que Faure había denunciado que al domicilio lo ocupaba con Bilbao. Pero él denunció que él se desempeña ahí profesionalmente”, marcó. Vernengo también fue a detalles de la investigación. “Si me voy al acta del 23 de octubre de 2018, se da cuenta de un procedimiento usado mínimamente. Dicen que a los fines de ingresar a los correos electrónicos y cuentas de alojamiento de archivos online, existentes en computadoras secuestradas en allanamientos. De la lista de posibles usuarios y contraseñas, los fiscales señalan cuentas de interés: Alfredo Bilbao, su pareja, y dos de Caino. Intentaron acceso, no siendo posible el mismo en algunas. Pero se logró acceder a las cuentas de la pareja de Bilbae, que recibieron un mensaje de alerta de seguridad. Se accedió a una cuenta de un tercero. La cuenta de la señora Gabriela Vaintein -pareja de Bilbao- era de recuperación. La señora no pudo usar esa cuenta por bastante tiempo porque le cambiaron la cntraseña. Ingresaron a la cuenta de un tercero que no estaba siendo investigada en la causa. Esa es la realidad”, contestó. Continuó el abogado Emilio Fouces. “No sólo ratifico los planteos de exclusión probatoria, sino que aún más hoy después de escuchar a la Fiscalía. Los argumentos que dieron los tres fiscales no hacen más que ratificar lo que dije ayer: sobre la subestimación a la lógica de la desconfianza. Se está justificando por parte de la acusación que esta causa todo lo amerita, pedir una orden de allanamiento sin saber bien qué buscan. Pero justamente, eso hace a la garantía de la persona que se allana. Acá se dijo que los pedidos eran amplios porque no sabían con qué se encontrarían, entonces no tenían nada que buscar”, cuestionó. “Están tratando de evitar estas discusiones que son reiterativas en estas causas. Si no clarificamos que es fundamental garantizar la seguridad jurídica, vamos a seguir teniendo estas discusiones. La Fiscalía y el doctor Acosta introdujeron como ejemplo una causa reciente (Megajuicio), se discutió mucho las exclusiones probatorias. Esta causa tampoco está firme. Hubo una similitud muy grande sobre un elemento probatorio (un disco externo). Nosotros como defensores pusimos en crisis el secuestro de ese dispositivo, el tratamiento en secuestro y el posterior”, recordó. “Lo mismo que está ocurriendo acá”, acotó. “Ni la gravedad de la causa, ni la corrupción justifica la violación de garantías constitucionales. No existen leves violaciones a las garantías, o se respetan o se violan”. La audiencia pasó a un cuarto intermedio y se retomará a las 14.45. Replicarán más abogados defensores y concluirán los planteos de exclusiones probatorias. Para este jueves se proyecta una discusión sobre imputaciones y calificaciones legales.
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