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Parana » Ahora
Fecha: 23/04/2025 17:05
En el segundo día de la remisión a juicio de la Causa Contratos, fiscalía defendió la validez de las pruebas obtenidas, argumentando que no se afectaron derechos constitucionales. En ese orden defendió la legalidad de los allanamientos, la intervención de bioingenieros en la investigación y la metodología de recolección de evidencia digital, rechazando los cuestionamientos sobre protocolos y cadenas de custodia. Tal como informó AHORA, este martes los abogados defensores habían solicitado la nulidad de los allanamientos y la exclusión de la evidencia, argumentando que fue obtenida de manera ilegal. La jueza de Garantías, Marina Barbagelata, escucha en este momento las respuestas de los defensores a los señalamientos del Ministerio Público Fiscal (MPF). Durante la mañana, los fiscales Ignacio Aramberry y Patricia Yedro defendieron la validez de las pruebas. Aramberry sostuvo que los defectos alegados son meras hipótesis sin una afectación real a derechos constitucionales. También destacó que algunas personas ni siquiera sabían que estaban contratadas, lo que refuerza la existencia de irregularidades en el sistema de contratación. “Detectamos pericialmente que la señora (Flavia) Beckman era encargada de falsificar firmas de contratos y endosar cheques que después serían cobrados”, afirmó. Según Aramberry, las personas impugnadas en las entrevistas no pueden ser tratadas de forma homogénea, ya que “esas personas aparecen como claras víctimas de delitos como falsedad documental”. Criticó la estrategia de la defensa por solicitar la nulidad de todas las entrevistas en bloque en lugar de analizar cada caso de manera individual: “Lo correcto hubiese sido señalar que tal testigo se autoincriminó, uno por uno”. Además, remarcó la contradicción de algunos abogados, que por un lado buscan la nulidad de declaraciones, pero por otro “manifiestan que sus pupilos puedan atestiguar”, lo que pone en evidencia inconsistencias en su planteo. Yedro explicó que los planteos defensivos confunden los actos de investigación con los actos de prueba. Afirmó que la Fiscalía está autorizada a realizar entrevistas y detectar responsables, diferenciando entre acciones que requieren autorización judicial y otras que pueden llevarse a cabo de manera unilateral. Sobre la intervención de bioingenieros del MPF, Yedro recordó que este planteo ya fue resuelto en una sentencia anterior. Aclaró que los expertos en informática realizaron tareas descriptivas sin emitir juicios de valor. Además, desestimó la idea de que el incumplimiento de protocolos en la recolección de evidencia digital implique su invalidez. En este caso se investiga la sustracción a través de contratos legislativos de 53 millones de dólares entre los años 2008 y 2018. En la actualidad hay 20 imputados, pero quedarán 18, ya que uno de los acusados será sobreseído y otro firmará un abreviado. Desde la defensa, los abogados Damián Petenatti e Iván Vernengo cuestionaron los precedentes judiciales utilizados por la Fiscalía y criticaron el acceso a cuentas digitales de personas ajenas a la investigación. El abogado Emilio Fouces ratificó el pedido de exclusión probatoria y argumentó que la acusación subestima las garantías constitucionales de los imputados. La audiencia dejó en evidencia las diferencias entre la Fiscalía y la defensa respecto a la legalidad de la investigación y la validez de las pruebas presentadas. A su turno, el abogado Miguel Cullen, sostuvo que apareció una imputación nueva contra Flavia Beckman que es la de falsificación de firmas. El abogado dijo que esta es la etapa para evaluar la prueba. Volvió a pedir que las personas contratadas sean excluidas de declarar porque se pueden autoincriminar. Cullen volvió a insistir en que las pericias informáticas tienen que realizarla los ingenieros matriculados como sostiene la legislación actual. La audiencia se sigue desarrollando en este momento:
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