20/04/2025 21:45
20/04/2025 21:45
20/04/2025 21:45
20/04/2025 21:40
20/04/2025 21:40
20/04/2025 21:36
20/04/2025 21:34
20/04/2025 21:33
20/04/2025 21:33
20/04/2025 21:32
Gualeguaychu » Reporte2820
Fecha: 19/04/2025 06:11
Al igual que la delegación Gualeguaychú, el resto de las seccionales del Colegio de la Abogacía de Entre Ríos emitieron un documento en respaldo de María Marta Simón. Por estas horas, una fuerte polémica cruza a los jueces y abogados de Entre Ríos con declaraciones de una dureza inusitada. Tras las críticas vertidas desde la Asociación de la Magistratura y la Función Judicial de Entre Ríos hacia la presidente del Colegio de la Abogacía, María Marta Simón, fue el propio CAER quien sumó su "repudio ante el ataque institucional, digital y moral". En un comunicado enviado a R2820 sostienen que "la labor del CAER en representación de cada abogado se enmarca en la defensa del ejercicio profesional de los colegiados y en la promoción de una administración de justicia que garantice el respeto a la ley". Respecto del origen de la disputa, aseguraron que "las observaciones realizadas respecto a la aplicación de la Ley 11.141 responden al legítimo interés de asegurar una retribución justa y equitativa para los profesionales de la abogacía, tal como lo establece la normativa vigente, y jamás pueden interpretarse como un “apriete” o coacción". "Ante la reciente intervención pública de la Asociación de la Magistratura y la Función Judicial de Entre Ríos, corresponde dejar constancia de dos hechos de suma gravedad institucional y personal: en primer lugar, la recepción de una nota institucional de tono intimidante, dirigida tanto a la Presidencia como al Colegio, en la que se formulan imputaciones infundadas y de extrema seriedad, tales como haber “apretado” a jueces, incurrido en coacción agravada y ejercer supuesta violencia simbólica, además de anticipar una eventual remisión al Tribunal de Disciplina. En segundo lugar, la inmediata y coordinada difusión de dicha nota en diversos medios digitales con línea editorial afín, donde se replicó el contenido acompañado de la imagen personal de la presidenta del CAER, junto a titulares agraviantes como “¡Escándalo institucional!”, “Habría incurrido en faltas éticas graves” o “Aprieta jueces”. Esta operación de desprestigio, profundamente lesiva y con alto impacto en la opinión pública, no solo constituye una forma de violencia moral y simbólica, sino también un claro caso de violencia política por razones de género, que busca disciplinar su voz institucional por el hecho de ser mujer y ocupar un rol de liderazgo". Enseguida, el Colegio agregó que "lejos de ser una simple diferencia de criterios, lo ocurrido representa un intento de censura y disciplinamiento que vulnera el libre ejercicio de funciones gremiales, atenta contra la libertad de expresión institucional y afecta de manera directa el derecho al honor y al trabajo de una profesional que vive de su ejercicio cotidiano. Advertimos que, de persistir este tipo de ataques personales e institucionales, se adoptarán de inmediato todas las medidas legales, gremiales y políticas necesarias para resguardar la integridad, el rol y el respeto debido a las autoridades electas por la abogacía entrerriana". Desde el Colegio de la Abogacía se adujo que "la nota dirigida a los jueces es una acción legítima y de defensa ante el incumplimiento reiterado de la Ley 11.141, que regula los honorarios profesionales en la provincia. Esta normativa no solo establece parámetros mínimos que deben respetarse, sino que también tiene una clara función social en cuanto al aseguramiento de una retribución justa para los profesionales que intervienen en la administración de justicia". Por último, "reiteramos que las notas presentadas por el CAER no desconocen los derechos de defensa de los jueces, pero sí tienen como objetivo poner en conocimiento las irregularidades detectadas en la regulación de honorarios, para evitar el dispendio jurisdiccional innecesario que se genera al recurrir resoluciones mal fundamentadas. La correcta aplicación de las leyes no es una cuestión de interpretación discrecional, sino un mandato que debe ser acatado por todos los operadores del derecho, sin excepciones", finalizó el comunicado.
Ver noticia original
 (300 x 300 px).gif)
.png)
Examedia © 2024
Desarrollado por