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Gualeguaychu » El Dia
Fecha: 18/04/2025 10:19
La Cámara Federal porteña confirmó los procesamientos de once personas y dos empresas constructoras en una causa que investiga sobornos, fraude al Estado y falsificación de documentos en la que están involucrados dos empresarios entrerrianos de la construcción. Los procesamientos fueron dispuestos por el juez federal Sebastián Casanello. Firmaron el fallo de la Cámara Martín Irurzun, Eduardo Farah y Roberto Boico (que hizo un voto propio). Un dato central de este expediente es que se procesó a dos sociedades anónimas (y no solo a sus representantes). Son las firmas entrerrianas Lemiro Pablo Pietroboni S.A. y Luis Losi S.A. Se trata de una de las primeras investigaciones que aplican la ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas, sancionada en 2017, en un caso de sobornos. Casanello procesó a las dos empresas por el delito de cohecho activo y ordenó trabarles un embargo de $632.381.436. Casanello ya había procesado a los principales imputados, pero en septiembre pasado, la Sala II de la Cámara Federal había revocado esa decisión y le había ordenado al juez “evaluar nuevamente” los pedidos de medidas de prueba de las defensas. El juez relató en su fallo que dispuso nuevas medidas (peritajes, informes técnicos y declaraciones de testigos), afirmó que esos elementos “echaron luz sobre los interrogantes planteados”, volvió a procesar a los acusados alcanzados por su fallo anterior y sumó a nuevos procesados. Esta vez, la Cámara confirmó lo decidido por Casanello y dejó a los acusados (incluidas las empresas) a un paso del juicio oral. En cuanto a las empresas, Farah e Irurzun sostuvieron que los beneficios de los presuntos delitos no fueron sólo para los empresarios, sino también para las compañías. Afirmaron: “Las comunicaciones frecuentes entre los directivos de las firmas contribuyen también a presumir que no se trató de eventos que se gestaran y beneficiaran a título exclusivamente personal de las más altas autoridades, sino que hubo un determinado nivel de anuncia y beneficio de la sociedad como tal”. La causa se inició el 18 de diciembre de 2017 por una denuncia del entonces Administrador General de la DNV, Javier Iguacel, contra funcionarios del organismo que debían supervisar la ejecución de obras viales en Córdoba y Buenos Aires, recordó La Nación. En esta causa fueron determinantes los testimonios de dos agentes estatales: una auditora que inspeccionó las obras y advirtió que se estaban pagando trabajos no hechos (pese a que, según pruebas reunidas en el expediente, intentaron engañarla borrando datos e información) y un supervisor de obra de Vialidad a quien su jefe, Guillermo Crisci, quiso convencer de que se sumara a la maniobra, pero él se negó. Los hechos Dos hechos son por presuntos pagos indebidos a empresas a cargo de obras en la Ruta Nacional N° 19, en Córdoba, en el tramo Cañada Jeanmarie-Arroyito y en la misma ruta en el tramo Arroyito-Río Primero. El tercer hecho es un supuesto pedido de sobornos a otros contratistas a cambio de facilitarles trabajos de construcción en la obra vial de la Ruta Nacional N° 8 del tramo Pergamino-Fontezuela. Las presuntas maniobras vinculadas a las obras en la Ruta 9 consistían fundamentalmente en hacer terraplenes más bajos que lo que declaraban. El Estado pagaba de más y las empresas retribuían con “retornos” a los funcionarios. ¿Cómo lo hacían? Contratando a otras empresas que eran de prestanombres de los funcionarios en cuestión, según la hipótesis del juez Casanello. “Bajamos los perfiles y nos repartimos la plata. Vos confiá en mí. Te vas a llenar de plata”, le habría dicho Crisci al supervisor de obra que debía fraguar el documento que consignaba la altura del terraplén. Crisci, que lo había designado en el puesto, disconforme porque su empleado no quería sumarse, le habría dicho –según declaró el testigo-: “Así como te puse, te saco”. La lista de los procesados incluye a tres directivos de las empresas constructoras (Gabriel Pedro Losi, Maximiliano Pietroboni y Jorge Horacio Fernández), a las dos empresas/personas jurídicas, a trabajadores de menor rango dentro de las compañías; los exfuncionarios Crisci (excoordinador de la Dirección de Obras de Casa Central de la DNV), Fernando Mardiza (supervisor) y Ernesto Leal (topógrafo). También a quienes actuaron como presuntas “personas interpuestas” de los funcionarios en el cobro de las dádivas, incluidas las esposas de Mardiza y Crisci.
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