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Gualeguaychu » Reporte2820
Fecha: 17/04/2025 10:17
En el documento firmado por el presidente Alejandro Cánepa y la vocal Elisa Zilli, los jueces advierten que las recientes comunicaciones enviadas por el Colegio a integrantes del Poder Judicial constituyen una forma de "violencia simbólica nunca antes vista". La Asociación de la Magistratura y la Función Judicial de Entre Ríos envió una nota de tono contundente a la presidenta del Colegio de la Abogacía provincial, María Marta Simón, en la que la acusan de presionar a magistrados y de incurrir en faltas éticas graves. En el documento firmado por el presidente Alejandro Cánepa y la vocal Elisa Zilli, los jueces advierten que las recientes comunicaciones enviadas por el Colegio a integrantes del Poder Judicial constituyen una forma de "violencia simbólica nunca antes vista" y, más aún, se asemejan a una conducta de “coacción agravada” por el intento de condicionar la independencia judicial bajo la amenaza de tomar "medidas institucionales o legales". En las notas a los jueces se los "insta" a la "regulación de honorarios". "Más allá del disgusto personal e institucional que han causado sus cartas, debemos decirle que resultan de una violencia simbólica nunca antes vista en el Poder Judicial de la Provincia, de parte de la institución que preside. La actitud asumida por el Consejo y/o Comisión Directiva del Colegio -ya que entendemos que no se trata de una decisión personal suya- constituye lo que vulgarmente se conoce como ‘apriete’ a jueces y juezas, pero que jurídicamente se encontraría rayano a la figura de la ‘coacción’ (agravada), por cuanto tiene por objetivo condicionar directamente su autonomía e independencia y los intimida con ‘tomar medidas institucionales o legales’, si no dictan sus decisiones de la manera que el CAER lo propone", agregaron. "De más está decir que los profesionales del Derecho y los clientes cuyos intereses representan, cuentan con los remedios procesales correspondientes -de hasta tres instancias- para cuestionar y/o impugnar cualquier decisión que los agravie; razón por la cual, resulta verdaderamente inaceptable que ese Colegio -bajo su representación- se dirija directamente y ante el despacho personal de cada magistrado para ‘instarlos’ a fallar de una determinada manera; o peor, a ‘cumplir la Ley’, endilgándole -indirectamente- la presunta comisión de un delito penal", continuaron. En esa línea, los titulares de la Asociación de la Magistratura, refirieron que "no solo constituye una afrenta a la ética profesional, sino que es un claro condicionamiento inadecuado e improcedente de futuras decisiones, atentando así contra la independencia judicial y contra el ánimo, libertad y voluntad de cada funcionario público que deben impartir justicia". Por otra parte, le cuestionaron que en la nota enviada a los jueces no se hizo referencia a en qué casos no se reguló honorarios de la manera en la que pretende el CAER. Sobre el final, las autoridades de la Asociación de la Magistratura citaron recientes resoluciones de la Sala Civil del STJ, que "considera razonable, con una adecuada fundamentación, el recurso morigeradores previsto en el art. 1255 del CCYC". Finalmente, le piden a María Marta Simón y al Colegio "extremar los recaudos éticos y legales a la hora de dirigirse a funcionarios públicos del Poder Judicial, absteniéndose de indicarles el modo en que deben resolver los conflictos y a utilizar los recursos procesales vigentes (revocatoria, apelación, impugnación extraordinaria y/o de inaplicabilidad de Ley, recurso extraordinario federal) para impugnar aquellas regulaciones que entiendan los agravien". Fuente: Análisis
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