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» Comercio y Justicia
Fecha: 17/04/2025 05:14
El Gobierno nacional formalizó la simplificación de la importación de bienes de capital usados mediante el Decreto 273/2025. La normativa dispuso una serie de modificaciones al Régimen de Importación Definitiva para Consumo de Bienes Usados, eliminando la tramitación del Certificado de Importación de Bienes Usados (CIBU) para ingresar equipamiento y maquinaria al país. También se dieron de baja prohibiciones para importar bienes en múltiples sectores de la industria, como por ejemplo máquinas para extracción de petróleo y gas, cortadoras industriales, moldes de matricería (usados en la industria automotriz) y maquinaria para la industria gráfica, entre muchas otras. Al argumentar los cambios introducidos, el Ejecutivo expresó en el texto oficial que “permitirán profundizar el proceso de apertura económica y reactivación de la economía, contribuyendo decisivamente a la superación de la emergencia económica”. Además, sostuvo que “se tiene en miras profundizar la libertad de mercados con el objeto de afianzar la estabilización de los precios y provocar la disminución de aquellos artificialmente elevados que provocan falta de competencia y de transparencia en los distintos mercados”. En la misma línea, remarcó que la existencia de numerosas intervenciones previas sobre las importaciones traba el desarrollo del comercio e incrementa los costos administrativos de productores, por lo que postuló que la medida es indispensable en la perspectiva de mejorar la competitividad interna de la economía argentina. Ante el escenario planteado, consideró que “razones de eficiencia, facilitación del comercio y agilización de los trámites y procesos administrativos” tornan necesaria la revisión integral del marco normativo aplicable a la importación de bienes usados clasificados entre los Capítulos 84 a 90 de la Nomenclatura Común del Mercosur (N.C.M.), eliminando barreras u obstáculos al desarrollo productivo. A partir de ahora, el CIBU será reemplazado por una declaración jurada a cargo del importador con análogos propósitos y alcances, cuya validación no estará sujeta a que no existan fabricantes locales de bienes similares, como sucedía previamente. La Administración de Javier Milei sostuvo que la norma beneficiará a los sectores que, al no tener la posibilidad de acceder a bienes de capital nuevos, podrán optar por importar bienes usados, para producir de manera más competitiva, incorporando tecnología a sus procesos productivos a un costo más bajo. Paralelamente, resaltó que también beneficia para los sectores estratégicos, como el minero, el energético o el hidrocarburífero, porque “podrán contar con procesos ágiles para la importación de maquinarias usadas, sin la intervención del Estado limitando sus decisiones empresariales para llevar a cabo las inversiones”. Pedido de ADIMRA A fines de enero pasado, la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA) planteó su inquietud por la posible apertura de la importación de bienes de capital usados y le pidió al Gobierno nacional que no derogara el régimen. Lo hizo a través de una nota que le envió al Secretario de Coordinación de Producción, Pablo Lavigne. El sistema está establecido por la Resolución 909/94. La entidad metalúrgica solicitó que no se suprima, pero se mostró dispuesta a trabajar en posibles cambios para mejorarlo. ADIMRA argumentó que permitir la adquisición de bienes de capital usados desalienta la inversión en tecnología de fabricación nacional. Entre los sectores más afectados por la posible medida citó maquinaria agrícola, instrumental médico y equipos de petróleo y gas. Sumó que también impactaría negativamente en las empresas locales, comprometiendo su capacidad para competir y desarrollarse. Además, apuntó al impacto en materia de seguridad y calidad para los usuarios que adquieran los productos. El régimen que establecía un derecho de importación para ciertos bienes usados y el denominado Certificado de Importación de Bienes Usados fue modificado por el Decreto 273/2025 El CIBU era necesario para presentarse ante la Aduana al momento de importar, con el fin de analizar la afectación a la industria nacional oferente del producto.
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