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Chajari » actualidadadiario
Fecha: 19/04/2025 01:30
La UIA, industriales pyme y diversas cámaras rechazaron la decisión porque induce a una competencia desleal. Preocupación en maquinaria agrícola y petróleo y gas El Gobierno flexibilizó la importación de maquinaria usada a través de la eliminación del Certificado de Importación de Bienes Usados (CIBU), como parte de las condicionalidades impuestas por el FMI. El CIBU regía desde hace más de tres décadas en el país y regulaba también el ingreso de maquinaria que fuera producida localmente. Hay preocupación por la importación de máquinas agrícolas usadas y equipos para la extracción de petróleo y gas. La UIA, empresarios industriales pyme y diversas cámaras rechazaron la decisión porque induce a una competencia desleal. La eliminación del CIBU para ingresar equipamiento y maquinaria usada al país fue sancionada mediante el Decreto 273/2025 publicado en el Boletín Oficial del miércoles. Establece que los importadores no necesitarán autorización previa para el ingreso de maquinaria usada, únicamente deberán presentar una declaración jurada en el Sistema Informático Malvina (SIM) de la Dirección General de Aduanas. Se elimina así una importante regulación para el sector de maquinarias que estuvo vigente desde 1994 en el país. Según datos oficiales, solo en 2024 se tramitaron alrededor de 1.500 expedientes para obtener el CIBU para la importación de maquinaria agrícola, industrial y para la extracción de petróleo y gas, motores, calderas, transformadores eléctricos, aparatos médicos, embarcaciones, drones y paneles solares. La CIBU también protegía a la producción local de la competencia externa porque sólo aprobaba el ingreso de maquinaria que no se fabricara localmente. Esta regulación fue cuestionada por el FMI, que incluyó en las condicionalidades del préstamo la posibilidad de que las empresas financien maquinaria importada. Desde el Gobierno puntualizaron que la nueva normativa representa “un beneficio para los sectores estratégicos, como el minero, el energético o el hidrocarburífero, porque podrán contar con procesos ágiles para la importación de maquinarias usadas”. Además aseguraron que la normativa “beneficiará a los sectores que, al no tener la posibilidad de acceder a bienes de capital nuevos, podrán optar por importar bienes usados, para producir de manera más competitiva, incorporando tecnología a sus procesos productivos a un costo más bajo”. “El CIBU no era una barrera para evitar la competencia externa sino una forma de evitar que Argentina reciba descartes y material obsoleto de otras industrias. Su derogación es un retroceso en las políticas de calidad y configura una competencia absolutamente desigual y un desincentivo a la modernización de la industria argentina en momentos donde el mundo defiende sus industrias estratégicas”, planteó la Unión Industrial Argentina (UIA). “Autorizar el ingreso de maquinaria usada -que no pasa por los controles técnico, de calidad y seguridad a los que es sometida la producción nacional- constituye un riesgo para la seguridad de los trabajadores y calidad de los productos así como una competencia absolutamente desleal”, agregó la entidad. Y detalló que “el sector metalmecánico en Argentina está compuesto por más de 20.000 empresas, en su mayoría pymes, emplea a más de 300.000 trabajadores de forma directa y es responsable del 5 por ciento del PBI Nacional y 25 por ciento del Industrial”. Desde la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (Adimra) advirtieron que la medida permitirá “el ingreso de maquinaria obsoleta, sin controles técnicos ni trazabilidad, poniendo en riesgo la seguridad productiva y la salud de los consumidores”. Y agregaron: “Mientras los principales países del mundo redoblan esfuerzos para impulsar su desarrollo industrial, Argentina avanza en sentido contrario, transformándose en un mercado residual de tecnologías descartadas”. Desde la asociación de Industriales Pymes Argentinos (IPA) también mostraron su preocupación: “Esta decisión, lejos de ser una mera desregulación administrativa, abre la puerta a una competencia desigual para la industria nacional de bienes de capital, que produce bajo exigentes normas técnicas, laborales e impositivas”. “La decisión, adoptada sin instancias de consulta ni mecanismos técnicos alternativos, expone a la industria nacional a una competencia desleal”, coincidieron desde la Federación Industrial de Santa Fe (Fisfe) y la Cámara Argentina de Fabricantes de Maquinaria Agrícola (Cafma). “La industria santafesina —diversa, tecnológicamente activa y generadora de empleo calificado— ha invertido de manera sostenida en modernización, innovación y formación de recursos humanos. Una medida como ésta no sólo desincentiva esa dinámica virtuosa, sino que además erosionan las condiciones de desarrollo de los sectores productivos más comprometidos con el agregado de valor y la producción local”, agregaron desde Fisfe.
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