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Buenos Aires » Infobae
Fecha: 17/04/2025 03:25
Carlos Slepoy se recibió de abogado. No era penalista pero busco castigar a los autores de delitos de lesa humanidad Al argentino Carlos Carli Slepoy lo llamaban “el abogado universal”, una definición que lo representaba con incuestionable justicia, porque nadie promovió como él tantos y tan diversos procesos judiciales contra los responsables de violaciones de los derechos humanos cometidas en distintos países del mundo. La simple enumeración es contundente: inició en España las causas contra los genocidas de la dictadura cívico-militar argentina que dieron lugar a la detención de torturadores y asesinos que fueron parte del aparato del Estado Terrorista que dejó un saldo de 30.000 desaparecidos entre 1976 y 1983; fue el principal impulsor de la querella en la Argentina contra los crímenes cometidos por el franquismo en España; también logró, como querellante, la detención del dictador Augusto Pinochet en Londres para que respondiera por su responsabilidad a la cabeza del régimen terrorista en Chile; y promovió también desde Madrid el juicio por crímenes de lesa humanidad contra el genocida guatemalteco Efraín Ríos Montt. Lo hizo de manera incansable durante más de veinte años enfrentando con entereza, además, la discapacidad física y los insoportables dolores que le quedaron como secuela del balazo que un policía español le dio por la espalda y le afectó la columna vertebral. Cuando murió en Madrid, a los 68 años, el 17 de abril de 2017, seguía trabajando con la misma pasión de siempre y acababan de entregarle el prestigioso Premio Público Derechos Humanos. “Carlos Slepoy ha destacado por su defensa de la justicia en cualquier ámbito y jurisdicción. Gracias a su incansable labor ha sido posible emprender procesos de verdad, justicia y reparación tanto en la Argentina como en Chile. Desde hace años trabaja también para acabar con la impunidad del franquismo y satisfacer el deseo de justicia de unas víctimas olvidadas por la democracia española”, había subrayado el jurado al otorgarle el galardón. En la Argentina lo despidieron con tristeza todos los organismos de derechos humanos. “Era una joya no solamente para nosotros, los argentinos, sino también para la región, porque luchó por que se enjuiciara a Pinochet y al dictador de Guatemala. Enorme, Carli”, dijo Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo. “Siempre recordaremos su calidad humana, su desinterés, su nivel de entrega completa a la lucha de Madres y Abuelas. Era un indomable”, lo definió Nora Cortiñas. Carlos Slepoy fue reconocido por Abuelas de Plaza de Mayo, entre otros organismos de DDHH. En la foto junto a Estela de Carlotto y Rosa de Roisinblit (Grosby) Consultado para esta nota, el periodista y escritor Eduardo Anguita, que lo conoció de muy cerca y es autor de Sano juicio, un libro que sigue paso a paso las andanzas judiciales y personales de Slepoy, hace de Carli una ajustada semblanza. “Era un tipo de barrio que estudió Derecho y se hizo abogado laboralista pero después se volcó con pasión a la lucha por los derechos humanos y se preparó a fondo para hacerlo. Hacía quijotadas judiciales, pero con unos fundamentos que los propios jueces y fiscales veían de una solidez extraordinaria. Creo que Carli es un ejemplo de como la pasión te puede llevar, cuando tenés una cuota de sabiduría, a explotar los conocimientos jurídicos hasta el más alto nivel. Si tuviera que definirlo, diría que era un tipo amabilísimo, querido y muy querible, al que se le ocurrió ser abogado y ponerse en la vereda de enfrente de los poderosos sin perder nunca la sonrisa”, sintetiza. Lanús, militancia y exilio Carlos Alberto Slepoy Prada nació en Lanús, en el sur del Conurbano bonaerense, el 2 de octubre de 1949. Era el hijo del medio –entre dos hermanas– de un padre de origen y religión judía y de una madre católica de ascendencia española. Tuvo la típica infancia de los pibes de barrio y, siguiendo los pasos de su padre, se hizo hincha de Lanús, el club más cercano. Jugaba bien al fútbol y también era bueno con la guitarra, con la que se acompañaba para cantar. Cuando terminó la secundaria se anotó en la Facultad de Derecho de la UBA. Corrían los últimos años de la década de los ’60 y, aunque provenía de una familia sin ninguna tradición política, se sumó a la militancia en una agrupación de la izquierda independiente. “Seguían a (Juan Carlos) Portantiero y a todos los gramscianos, pero también tenían cierto acercamiento al peronismo de izquierda”, explica Anguita. Cuando se recibió, comenzó a trabajar en un estudio de laboralistas sin dejar la militancia. Formaba parte de un grupo de abogados jóvenes que habían creado una red de defensores de activistas sindicales y políticos junto a otros once colegas jurídicos en distintos puntos de la provincia para asesorar a delegados gremiales. Cinco de ellos fueron después secuestrados y siguen desaparecidos: Oscar Di Dío, Adolfo Chorni, Alberto Antebi, Nora Hochman y Alberto Podgaetsky. La vida de Slepoy cambió abruptamente el 19 de marzo de 1976, pocos días antes del golpe que inauguró la última dictadura argentina. “Ese día tenía una cita con Wanda Fragale, que en ese momento era mi esposa y venía de visitarme en la cárcel de Devoto, donde yo estaba preso. Se encontraron en El Imperio, un bar de Chacarita, y al rato entró un grupo de civil y los secuestró a los dos. Los llevaron a la ESMA, donde a Carli lo torturaron y le hicieron simulacros de fusilamiento. Eran los últimos días del gobierno de Isabel Perón y como Wanda tenía nacionalidad italiana, intervino el presidente de Italia, Sandro Pertini, que llamó a Isabelita. Así se salvaron. A Wanda la liberaron y Carli quedó a disposición del Poder Ejecutivo (es decir, preso sin proceso legal). Lo encerraron en Devoto hasta que pudo irse exiliado a España haciendo uso de la opción de salir del país”, cuenta Anguita. En Madrid retomó su trabajo de abogado laboralista, ahora como letrado de la Unión General de Trabajadores (UGT) y de las Comisiones Obreras. Estaba en eso cuando un encuentro fortuito en la calle lo llevó a abrazar otra causa. El periodista Eduardo Anguita, amigo de Carlos Slepoy, describió cómo fue el proceso que inició el abogado en el libro "Sano juicio" (Grosby) Juicios extraterritoriales Corrían los primeros meses de 1996, cuando Slepoy se cruzó casualmente con el fiscal español Carlos Castresana, que por entonces era secretario general de la Asociación de Fiscales Progresistas de España. Se conocían de cruzarse en los tribunales y después de los saludos de rigor, Castresana le preguntó: -Slepoy, ¿Ustedes han pensado que dentro de poco se cumplen veinte años del golpe del 24 de marzo de 1976, y que muchos pueden decir que veinte años después de cometidos los crímenes empiezan a prescribir? -Bueno, eso puede suceder o no, pero nosotros estamos en España… - respondió. -Es cierto, pero, ¿Por qué no estudiamos la legislación de extraterritorialidad que surge de los distintos acuerdos internacionales de derechos humanos? - le retrucó el fiscal. Se pusieron a estudiar el tema y, como ninguno de los dos era penalista, convocaron a Pepe Galán, que sí lo era y habían seguido muy de cerca el caso de los GAL, los grupos parapoliciales que se sospechaba que habían operado al amparo del gobierno de Felipe González. “Era un trío raro, porque por un lado había un fiscal que no era fiscal penal, el segundo era un abogado laboralista que decía que no creía que desde España se podía hacer mucho y el tercero un penalista que era el enemigo público número uno de Felipe González”, resume Anguita. Después de estudiar concienzudamente el asunto, los tres llegaron a la misma conclusión: que se podía, de acuerdo con los pactos internacionales, considerar que la extraterritorialidad permitía juzgar en Madrid los crímenes de lesa humanidad cometidos en la Argentina. Para darle más fuerza al intento, decidieron convocar a otro abogado, un chileno, y a familiares de víctimas de la dictadura de Pinochet para ampliar la demanda también a Chile. Trabajando contrarreloj, Slepoy y sus compañeros lograron presentar su primer escrito ante la Audiencia Nacional –el ámbito donde se juzgan los delitos penales en España-, que lo aceptó. En el sorteo, la causa fue a parar al juzgado de Baltazar Garzón. En 1996, Garzón imputó a Jorge Rafael Videla, Leopoldo Galtieri y otros 99 militares, policías y médicos argentinos, en aplicación del principio de jurisdicción universal. Ese fue el punto de partida de un proceso judicial que fue seguido con interés desde los dos lados del Atlántico. Scilingo y Pinochet Superaría por mucho el espacio disponible para este artículo relatar pormenorizadamente las alternativas de la causa impulsada por Slepoy y sus colegas en el juzgado de Baltazar Garzón. Basta con ceñirse a dos de sus consecuencias más resonantes. En 1997, el ex oficial de la Armada e integrante de los grupos de tareas de la ESMA Adolfo Scilingo viajó a España para participar de un programa de la Televisión Española sobre los vuelos de la muerte utilizados como método de desaparición de personas por la dictadura argentina. El año anterior había confesado públicamente haber participado de dos de ellos sin sufrir ninguna consecuencia legal. Garzón lo detuvo y lo interrogó. En el juicio que tuvo a Slepoy como abogado de la querella, Scilingo fue condenado en 2007 a 1084 años de prisión. En 2020, después de pasar más de 22 años detrás de las rejas fue dejado en libertad condicional y derivado a un Centro de Inserción Social (CIS) de la Comunidad de Madrid. Un año después, también en el marco de la causa, Garzón ordenó la extradición desde México de otro represor de la ESMA, Ricardo Cavallo. En 1998, el juez también hizo detener en Londres –para extraditarlo a España– al dictador chileno Augusto Pinochet, acusado de los delitos de genocidio, terrorismo internacional, torturas y desaparición de personas ocurridos en Chile durante la dictadura que encabezó. En el Reino Unido el caso fue tratado por un tribunal formado por seis miembros de la Cámara de los Lores. “El día que los lores tenían que dar a conocer su decisión, Carli y un grupo de exiliados fueron a la Plaza del Sol, en Madrid, y pusieron un altoparlante para escuchar la resolución de los jueces. Todos pensaban que iban a perder 6 a 0. Lo impresionante es que lo lores fueron votando uno por uno y desde la plaza parecía que se estaba siguiendo una definición por penales en una final de fútbol. Por mayoría, decidieron que Pinochet debía ser extraditado a España para ser interrogado. Eso, para Garzón y para Carli fue un espaldarazo impresionante”, relata Anguita. Finalmente, la intervención del ministro del Interior del primero ministro Tony Blair, Jack Straw, intervino para que el dictador no fuera extraditado y pudiera volver a salvo a Chile. Un balazo por la espalda Mientras avanzaba con las causas por delitos de lesa humanidad, Carlos Slepoy seguía trabajando como abogado laboralista para ganarse la vida. Casi no descansaba: trabajaba y estudiaba mucho, robándole horas a la noche para poder seguir avanzando. En eso estaba cuando la mañana del 17 de enero de 1982, cruzando una plaza de Madrid se topó con un policía evidentemente borracho que estaba maltratando a dos chicos e intervino sin dudarlo. “Carli le dijo al policía que si no dejaba de maltratar a los chicos lo iba a denunciar. Tuvieron un cruce de palabras que no pasó a mayores pero tampoco dio ningún resultado y al final Carli le dijo: ‘Bueno, voy a la comisaría a presentar la denuncia’. Se dio vuelta y no había dado más que cuatro o cinco pasos cuando sintió que se le rompía la columna. El policía le había disparado por la espalda y la bala le tocó la médula. Quedó desvanecido ahí y lo llevaron a un hospital. Pasó más de cuatro años haciendo tratamientos de rehabilitación que le permitieron caminar con bastones, aunque los dolores no se le fueron nunca”, le explica el autor de Sano juicio a Infobae. El policía fue condenado a siete años de cárcel, la salud de Carlos Slepoy quedó resentida para siempre. Sin embargo, la herida, los dolores, la necesidad de caminar ayudado por bastones y por momentos tener que utilizar una silla de ruedas, no fueron obstáculos para que continuara con su cruzada judicial por las violaciones de derechos humanos de las dictaduras argentina y chilena. Pronto sumaría un nuevo proceso para hacer justicia en otro genocidio latinoamericano, el de Guatemala, acusando al dictador Efraín Ríos Montt. “Se puso en contacto con la dirigente indígena Rigoberta Menchú, que había ganado el Nobel de la Paz, para iniciar el proceso. Sus amigos, abogados o no, le decían: ‘Bueno, Carli, Argentina y Chile, vaya y pase… pero lo de Guatemala es una locura’. Así y todo, siguió adelante. El juicio caminó mucho, pero era muy difícil, por la falta de recursos”, dice Anguita. Los crímenes franquistas La última pelea judicial de Carlos Slepoy fue la de impulsar el primer juicio de aplicación de la justicia universal para las víctimas de la dictadura franquista: a pesar de su precario estado de salud –que empeoraba visiblemente- cruzó el Atlántico y presentó una querella en Buenos Aires a la jueza argentina María Servini , quien el 14 de abril de 2010 abrió una investigación por la desaparición forzada de 113.000 personas. “La implementada por el franquismo fue una limpieza sistemática de opositores”, sostenía el abogado argentino desde la querella. La silla de ruedas que lo acompañó durante años no fue impedimento para que Carli continuara con sus reclamo de justicia para los violadores de derechos humanos (Grosby) Pese a la lentitud del proceso, hasta su muerte Slepoy tenía esperanzas de lograr que se hiciera justicia, aunque en 2015 el gobierno español del Partido Popular, encabezado por Mariano Rajoy, se opuso a las extradiciones solicitadas por la jueza argentina de ocho ex ministros franquistas y doce imputados más por crímenes de lesa humanidad. Entre ellos estaban el ex guardia civil Jesús Muñecas Aguilar, el ex escolta de Franco Celso Galván Abascal, el ex miembro de la Brigada Político Social, José Ignacio Giralte González, y el ex inspector José Antonio González Pacheco, conocido como “Billy El Niño”. Más tarde la lista se amplió e incluyó también a Utrera Molina, suegro del ex ministro Alberto Ruiz Gallardón. No alcanzó a llegar al final del juicio. Murió el 17 de abril de 2017 por un fallo multiorgánico, secuela final de aquel balazo del que nunca se había recuperado del todo y venía minándole la salud. Al despedirlo, hubo quien recordó las palabras que Carli pronunció en 1998 ante la Audiencia Nacional, cuando el máximo tribunal debía decidir sobre la atribución de la jurisdicción de España para perseguir los crímenes de las dictaduras argentina y chilena. “El futuro va a ser contagioso. Y sus señorías lo saben. Mañana, otros tribunales del mundo pondrán en práctica estos principios. Que los genocidas se sientan acorralados, que la humanidad quede liberada de ese flagelo cada vez más, que se respire cada vez mejor en el mundo...”, dijo esa vez y dedicó el resto su vida para que así fuera.
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