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Concordia » Diario Junio
Fecha: 16/04/2025 16:00
Petenatti sostuvo que la audiencia de remisión a juicio, que arranca el martes 22, “es una audiencia donde se tiene que analizar en primer lugar, si la causa así como está y en la forma en que se ha acusado puede ser remitida a juicio oral para ser ahí discutida, y también, en esta audiencia se discute la validez y legitimidad de las pruebas con la que se acusa a los imputados”. “Hay mucha prueba que se ha llevado adelante violando normas muy básicas del proceso penal, que han afectado el derecho de defensa en juicio, la intimidad y privacidad de las personas o, al menos y con seguridad, de nuestro defendido, es decir derechos sensibles y delicados, que tienen una fuerte protección constitucional” . Dijo Pettenatti que la megacausa “no solo es una causa sumamente compleja por sí misma, sino que mayor problema trae la forma en que se ha investigado y la manera en que se acusa. Según la Fiscalía se trata de una de las causas de corrupción más importantes en la historia de Entre Ríos, pero sin embargo, inexplicablemente, no hay un solo funcionario público de relevancia imputado”. “La Fiscalía sostiene que este fraude se habría cometido con el aporte indispensable de las autoridades de la Cámara de Diputados y de Senadores al suscribir los contratos que reputan como falsos, es decir que la Fiscalía cuenta con el nombre, apellido y firma de esas autoridades sin las cuales esto no habría podido ocurrir, pero, extrañamente, no investigó ni imputó a ninguna de esas autoridades, que están perfectamente determinadas y son fáciles de determinar”, planteó. Y suma: “Esto expone una contradicción e inconsistencia de la acusación muy evidente y también que -de ser cierto que se está ante un delito grave- existe un grado de connivencia y complicidad entre la Procuración General de Entre Ríos y el sector político ligado al peronismo que gobernó en esos años que es alevoso, y muestra un triste papel del Ministerio Público Fiscal. De lo contrario no podría ser cierto que no exista ni un legislador, ni una autoridad política de las cámaras legislativas acusada. Estos contratos sin los legisladores y autoridades políticas de las cámaras jamás podrían haber existido”. “Si se ve la lista de personas acusadas, muchas de ellas no son funcionarios públicos y quienes sí lo son desempeñaban cargos menores. Si esta es una `gran causa` faltan los principales actores. La fiscalía tiene prohibido en estos casos, y más con responsabilidades mayores, decidir arbitrariamente si los investiga o acusa. Se lo prohíbe el artículo 5° del Código Procesal Penal y también la Convención Interamericana contra la Corrupción”. “También es inconsistente sostener que los contratos son ilegítimos pero no se imputa no sólo a las autoridades que dispusieron el contrato sino tampoco a quienes eran contratados, quienes no deberían declarar en juicio porque se estarían auto incriminando ya que en todo caso son partícipes. Paralelamente el Estado tampoco ha iniciado ningún tipo de acción ni declaración contra esos contratos, puntualmente la declaración de lesividad, de manera que es bastante confuso reputar de “truchos” o falsos a estos contratos cuando jurídicamente no se es coherente con esa afirmación. Todo esto afecta el derecho de cualquier persona de ser enjuiciado en base a una acusación clara y sin contradicciones”, observó. De la Redacción de Entre Ríos Ahora
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