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Concordia » Hora Digital
Fecha: 16/04/2025 14:32
Descubre los casos insólitos detectados en una auditoría de $900 mil millones al año. Beneficios otorgados como "subsidios discrecionales". A los funcionarios del Ministerio de Salud de la Nación y la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) ya no les sorprende nada. Los resultados de las auditorías realizadas sobre más de 1.800.000 beneficiarios de Pensiones No Contributivas con Certificado Único por Discapacidad (CUD) revelan situaciones "disparatadas" y "escandalosas". Aproximadamente más del 50% de los beneficios, sobre todo en los casos de Discapacidad Laboral, podrían haber sido concedidos como una política de "subsidios discrecionales" durante los gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner y Alberto Fernández, no como resultado de una evaluación médica y necesidad social genuina. Entre los hallazgos más impactantes se encuentran casos como certificados con "amputaciones" falsas, el uso de una misma radiografía en 150 trámites, diagnósticos por "pie plano", una mujer que se disfrazó de su esposo, presos que se hicieron pasar por beneficiarios, e incluso casos de personas fallecidas que seguían cobrando la pensión mensual de 270 mil pesos. En febrero, el gobierno envió 300.000 cartas documento para auditar las Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral (PNCIL), alcanzando en abril un total de 470.000 intimaciones, de las cuales se entregaron 248.877. Las 221.189 restantes no pudieron ser entregadas por diversas razones, como direcciones incompletas, desconocimiento de personas mencionadas en las cartas, fallecimiento de beneficiarios, mudanzas sin informar, negativas a evaluaciones médicas, y renuncias al beneficio. Según fuentes de la ANDIS, se están analizando 224.657 pensiones para ser dadas de baja pronto. Hasta el momento se han realizado 83.616 entrevistas y se tienen programadas 128.660 más. Se espera un ahorro de 900 mil millones de pesos en 2025. Las auditorías en curso han generado controversia, con la Alianza Argentina de Pacientes Asociación Civil presentando una acción de amparo contra el Estado Nacional para suspender las auditorías presenciales por considerarlas violatorias de derechos fundamentales. Exigen un proceso regulado y participativo, con la incorporación de representantes de personas con discapacidad en los protocolos. El gobierno ha impulsado un proceso de control en las Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral tras detectar múltiples irregularidades, derogando el sistema anterior que permitía evaluaciones más flexibles. Las nuevas normas establecen requisitos más estrictos, actualización de datos, y la posibilidad de suspender o dar de baja pensiones ante sospechas de irregularidades.
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