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Parana » Paginajudicial
Fecha: 16/04/2025 10:33
Once imputados en la causa de los contratos truchos de la Legislatura fueron beneficiados con la suspensión de juicio a prueba y evitarán el juicio por el millonario desfalco. Se trata, en su mayoría, de prestanombres, pero en el listado aparecen integrantes del estudio contable que diseñó la arquitectura de la estafa. Y se sumará un contador que ejerció un rol esencial. ¿Sigue la oferta? Juan Cruz Varela De la Redacción de Página Judicial La causa de los contratos truchos avanza en la remisión juicio, pero con un listado reducido de acusados, a partir de los acuerdos de suspensión del juicio a prueba entre fiscales y defensores en beneficio de once personas, en su mayoría prestanombres, aunque en la nómina se colaron algunas sorpresas. Entre los beneficiados aparecen integrantes del estudio Integral Asesoría, uno de los bufetes desde donde se diseñó la arquitectura contable y se administraban los contratos truchos de la Legislatura en el período 2008-2018 en el Senado y 2011-2018 en la Cámara de Diputados, exceptuando la gestión a cargo de Jorge Busti. El desfalco se estimó en 2.244 millones de pesos, a valores actualizados, o la friolera de 52,9 millones de dólares. Nicolás Beber, de profesión analista en sistemas y uno de los reclutadores de personas que prestaban sus nombres para las contrataciones sin prestación de servicios, firmó una probation y deberá cumplir tareas comunitarias durante tres años, a razón de 96 horas anuales, más el pago de 4 millones de pesos como reparación integral. Parece una ganga para alguien que enfrentaba un pedido de condena de cinco años de prisión. En los inicios, Beber era uno de los encargados de cobrar los cheques con los que pagaban a los contratistas, previo a la bancarización y el uso de tarjetas de débito. Luego pasó a ser reclutador. Es autor de una expresión de antología para explicarle al contador Pedro Opromolla, uno de los jefes del estudio, que una sobrina suya había rechazado percibir un contrato sin ninguna contraprestación: “Moral muy elevada”. Pero la sorpresa más grande se dará este miércoles cuando se presente un acuerdo de probation en favor del contador Guido Krapp, la otra pata intelectual del estudio Integral Asesoría. Los fiscales habían solicitado que sea condenado a cinco años de prisión; en lugar de ello deberá realizar tareas comunitarias por tres años y se compromete a pagar 10 millones de pesos en concepto de reparación, se indicó a Página Judicial. Opromolla y Krapp –que supieron compartir el estudio con el también contador Sebastián Orlando, esposo de la destituida Cecilia Goyeneche– tenían un rol clave en el esquema de saqueo a la Legislatura. Fueron los arquitectos del esquema contable; se encargaban de realizar el pago de los impuestos de cada uno de los falsos contratistas, utilizando la clave fiscal de cada uno, y lo abonaban a través de una terminal de Entre Ríos Servicios que operaba en el propio estudio. El que mandaba, en ese esquema, era Opromolla, ex amigo personal de Orlando y socio de Goyeneche en dos propiedades, por eso tiene un pedido de pena mayor: seis años. ¿Habrá probation también para él? Es una incógnita. Lo relevante del asunto es que la probation no implica ningún tipo de confesión o reconocimiento de responsabilidad y, más importante aún, es que cumplidas las condiciones acordadas se decreta el sobreseimiento de los imputados. Sin embargo, los fiscales se reservaron la posibilidad de convocarlos como testigos del juicio. Prestanombres La nómina de beneficiados con la suspensión del juicio a prueba se completa con prestanombres, personas que están acusadas de haber recibido contratos en la Legislatura por servicios que no prestaban. A cambio, percibían una parte ínfima y se les pegaba el monotributo. El resto del dinero, que en algunos casos era del 90 por ciento, quedaba para la asociación ilícita. Uno de ellos es Renato Jesús Mansilla, martillero público y corredor de comercio, que también trabajaba en el estudio Integral Asesoría. En su caso, se encargaba de cobrar los cheques relacionados con los contratos falsos. Por eso se le había pedido una condena de cinco años de prisión; pero acordó cumplir tareas comunitarias por tres años y realizar un pago en cuotas de 5.464.000 pesos. También se verá beneficiada Verónica Caíno, pareja del contador Gustavo Pérez, funcionario de carrera de la Legislatura y que durante los diez años en que funcionó el esquema de exacción de fondos se desempeñó sucesivamente como jefe del área de contratos subdirector y director del Servicio Administrativo Contable del Senado. Los fiscales le asignan a Pérez “un rol preponderante” en el esquema, ya que habría sido organizador de la asociación criminal, encargándose de coordinar y distribuir los roles que cumplieron el resto de los imputados. Por ese motivo, lo acusan como autor y cómplice primario de los delitos de peculado e integrante de una asociación ilícita y han solicitado que sea condenado a 18 años de prisión. Su pareja, en cambio, es una prestanombre, aunque lo hizo desde los inicios y los fiscales aseguran que no tenía otro trabajo formal ni ingresos estables por fuera de lo que percibía por los contratos de obra. En el acuerdo de probation deberá cumplir tareas comunitarias y se comprometió a pagar 5 millones de pesos. El mismo rol le asignan a María Victoria y Macarena Álvarez, hijas del primer matrimonio de Flavia Marcela Beckman; Jazmín y Viviana Mena Gioveni, hijas de otro matrimonio de Hugo Rubén Mena; como también Jorge Pablo Balladares, Alejandro Rubén Ferreyra y Fernando Gastón Sarnaglia, allegados a la pareja Mena-Beckman; y Andrea Demartín. Cada uno deberá cumplir tareas comunitarias y deberán pagar entre 590 mil pesos y 1,8 millones de pesos como reparación integral. Mena y Beckman eran administradores de los cheques y tarjetas de débito de los contratados; administradores de la red de prestanombres y recaudadores. En tanto, los fiscales han solicitado el sobreseimiento de Gustavo Falco. Así las cosas, si no surgen más novedades, a partir de la próxima semana se avanzará con la remisión a juicio respecto de los otros diecinueve imputados: Beckman, Mena, Esteban Scialocomo (encargados de cobrar los contratos y sacar la plata de los cajeros); Alfredo Bilbao y Ariel Faure (integrantes de uno de los estudios contables que manejaban los contratos truchos en materia tributaria); Gustavo Pérez, Juan Domingo Orabona, Jorge Fabián Lazzaro y Sergio Cardoso (empleados jerárquicos de la Legislatura); Juan Pablo Aguilera (ex funcionario del Senado), Alejandro Almada (empleado de Diputados y cuñado de Aguilera); el contador Pedro Opromolla; Jorge Enrique De Breuil y José Javier Schneider. El listado incluye también a Diego Martín Pagnoni, Hernán Javier Díaz (ambos revisores del Tribunal de Cuentas en la Cámara de Senadores), Marta Aurora Pérez (auditora del Tribunal de Cuentas en la Legislatura), Mariano Speroni (también auditor en la Legislatura) y Maximiliano Degani (revisor del Tribunal de Cuentas en la Cámara de Diputados).
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