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» Primerochaco
Fecha: 16/04/2025 10:18
El presidente del Comité Provincial contra la Violencia Institucional, Rodrigo Zalasar, expresó su preocupación por proyectos legislativos impulsados por sectores de la oposición chaqueña que, según sus palabras, “ponen en riesgo la seguridad pública y responden a una lógica demagógica más que a una planificación real”. Uno de los temas más controvertidos es una iniciativa que plantea que los policías dejen sus armas reglamentarias en la dependencia al finalizar el turno. Zalasar advirtió que “esto contraviene la Ley 2011 de Seguridad Pública de la provincia, que establece expresamente que la Policía del Chaco debe custodiar el orden y la paz”. “¿En manos de quién quedamos si desarmamos a la fuerza policial y no hay ningún plan para desarmar a los delincuentes?”, se preguntó Zalasar, quien remarcó que “los casos trágicos donde se usó el arma reglamentaria de forma indebida no pueden ser utilizados para generalizar y justificar una medida tan extrema”. En ese sentido, apuntó que lo que realmente necesita ser abordado es la salud mental y las condiciones laborales de los efectivos. “Tenemos que hablar del estrés que padecen los agentes, de las jornadas interminables y del abandono que sufrieron durante años”, dijo. Además, Zalasar cuestionó con firmeza la recomendación del Comité Provincial para la Prevención de la Tortura, que propuso el cierre de la Comisaría Quinta de Resistencia, ubicada en una zona crítica en términos de seguridad. “¿Se va a hacer cargo este Comité de lo que ocurra si se cierra esa comisaría? ¿Quién va a garantizar la seguridad en los barrios Huiralde, Juan Bautista o El Verdito?”, se preguntó. El dirigente también criticó la postura de algunos sectores que se oponen a la prohibición del uso de celulares en cárceles y comisarías. “Está comprobado que desde los centros penitenciarios se operaban call centers ilegales para realizar estafas, extorsiones y amenazas. No se vulnera ningún derecho constitucional al restringir los teléfonos móviles. El problema es que algunos organismos están politizados y se utilizan para hacer campaña”. Zalasar remarcó la necesidad de enviar un mensaje claro a la sociedad: “Si alguien comete un delito, tiene que pagar por eso. No podemos seguir confundiendo derechos con privilegios dentro de los penales”. En relación con el actual clima político y social, el funcionario valoró que hoy los ciudadanos puedan circular libremente y abrir sus negocios sin temor a piquetes o extorsiones. “La gente valora la tranquilidad. Antes teníamos que pedir permiso para cruzar la calle. Muchos eran rehenes de organizaciones sociales que usaban a los más vulnerables para hacer política con el plato de comida como moneda de cambio”, denunció. Finalmente, Zalasar defendió el rumbo de las políticas públicas actuales en materia de seguridad, destacando que “son efectivas y respaldadas por la ciudadanía”. Y cerró con una crítica a quienes, desde espacios minoritarios, “pretenden imponer una visión ideológica alejada de la realidad que vive la mayoría de los chaqueños”.
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