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» Comercio y Justicia
Fecha: 15/04/2025 23:02
Por Luis Carranza Torres (*) y Carlos Krauth (**), exclusivo para Comercio y Justicia La Inteligencia Artificial está entre nosotros. Desde nuestros programas en las computadoras hasta ciertas resoluciones del poder judicial. Se trata de un fenómeno social expansivo, que todavía no tiene recepción cabal en el derecho. ¿Cómo debería regularse la IA? ¿De qué modo se puede resguardar a los usuarios de sus aspectos negativos? ¿Cuáles son los principios que deben aplicarse a esta tecnología? ¿Qué normativa resguarda en la mejor forma su potencial de innovación y progreso? ¿Cuál es el marco legal más apropiado para evitar riesgos inesperados? Esas son las preguntas principales a la hora de pensar una regulación respecto de la IA. Ya sabemos que existe una conexión no menor entre las normas jurídicas y el avance tecnológico que lleva aparejado la Inteligencia Artificial (IA). Se trata de un vínculo de doble sentido, en donde el avance tecnológico promueve a la formación de nuevas normas jurídicas, las que a su vez inciden en la forma de expandirse de la IA. Dicha estructura normativa debe contener siempre criterios y normas que proporcionen flexibilidad al sistema jurídico ante un avance que todavía no determina sus fronteras. Hay quienes entienden que existe en dicha tarea el peligro de legislar palabras en lugar de hechos. O, peor aún, de regular sin un conocimiento preciso de lo que es y sus implicancias, guiándose por prejuicios. Al presente, en lugar de una entidad inteligente, la IA es una herramienta poderosa pero carente de conciencia. Pero el hecho de que cada vez más exista la posibilidad real de que haya máquinas con elevados niveles de autonomía y consciencia, genera el desafío jurídico de poder regularla de modo adecuado, lo que implica una doble necesidad: no ahogar sus efectos beneficiosos por la regulación, así como resguardar los derechos de las personas en cuanto a los riesgos que presenta. La IA, en su estado actual, es un conjunto de algoritmos sofisticados que nos asombran con sus capacidades de procesar información, pero no tiene los rasgos reales del pensamiento humano todavía. Es un prodigio del procesamiento de datos, un maestro del reconocimiento de patrones, pero no más que eso. De allí que hay quienes en lugar de llamarla «inteligencia», entienden que resultaría más adecuado denominarlo como «Procesador de Datos Masivos». Es por eso que entienden que debe adoptarse un enfoque más realista, centrado en cómo utilizarla de manera responsable y ética. Claro está que, si en algún momento los programas de IA logran, aunque fuera acercarse fuertemente al pensamiento autónomo, ello comportaría la necesidad de regularla desde el derecho de una forma y con una intensidad pocas veces vista en la historia jurídica. Pero, hoy por hoy, la IA no es una mente, sino una herramienta. Resultan programas que imitan y amplifican las capacidades de nuestra propia inteligencia, pero que carecen de la capacidad de pensar por sí mismos. Debemos aprender a utilizarla y regularla con razonabilidad y responsabilidad. Dicha regulación se halla en sus tramos iniciáticos, siendo reclamada con insistencia por múltiples estudiosos de la misma; en dicha dirección, proliferan las propuestas de principios, generalmente éticos, aplicables a la misma. La Unión Europea, incluso, ha diseñado una legislación pionera, enfocada en el riesgo que pueden entrañar los distintos tipos de IA. Pero también, crea una maraña burocrática de organismos que más que ayudar a la innovación, va a terminar entorpeciéndola. En este sentido, el Estado tiene un rol fundamental, también desde el derecho, para promover la investigación y el desarrollo de soluciones de Inteligencia Artificial que atiendan las necesidades reales de las personas y para garantizar que la Inteligencia Artificial sea transparente, equitativa y responsable. Debe, además, establecer reglas claras para garantizar que las ventajas de cualquier desarrollo tecnológico puedan ser aprovechadas por todos los sectores de la sociedad; debe asimismo promover la responsabilidad en la recolección y uso de los datos personales, evitar la discriminación algorítmica y gestionar los riesgos del uso de la Inteligencia Artificial para prevenir perjuicios. Pero también, no poner obstáculos irrazonables al desarrollo del progreso tecnológico. (*) Abogado. Doctor en Ciencias Jurídicas. (**) Abogado. Doctor en Derecho y Ciencias Sociales.
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