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Parana » APF
Fecha: 15/04/2025 18:30
El defensor, Damián Petenatti, precisó los alcances de la audiencia de remisión y cuestionó que en la recolección de pruebas Fiscalía violó normas vulnerando el derecho de defensa. Cuestionó que hay una contradicción en la posición de Fiscalía que sostiene que el delito contó con el “aporte indispensable” de las autoridades de la Legislatura, pero “no investigó ni imputó a ninguna de esas autoridades, que están perfectamente determinadas y son fáciles de determinar”. martes 15 de abril de 2025 | 17:54hs. Damián Petenatti, defensor, junto a Iván Vernengo, de Alfredo Bilbao, cuestionó que la hipótesis de Fiscalía en la causa conocida como Contratos Truchos en la Legislatura, “expone una contradicción e inconsistencia de la acusación muy evidente y también que -de ser cierto que se está ante un delito grave- existe un grado de connivencia y complicidad entre la Procuración General de Entre Ríos y el sector político ligado al peronismo que gobernó en esos años que es alevoso, y muestra un triste papel del Ministerio Público Fiscal”. El defensor, que comparte la defensa del imputado Alfredo Bilbao, con su colega, Iván Vernengo, expuso que “la Fiscalía sostiene que este fraude se habría cometido con el aporte indispensable de las autoridades de la Cámara de Diputados y de Senadores al suscribir los contratos que reputan como falsos, es decir que la Fiscalía cuenta con el nombre, apellido y firma de esas autoridades sin las cuales esto no habría podido ocurrir, pero, extrañamente, no investigó ni imputó a ninguna de esas autoridades, que están perfectamente determinadas y son fáciles de determinar”. Petenatti sostuvo que “es inconsistente sostener que los contratos son ilegítimos pero no se imputa no sólo a las autoridades que dispusieron el contrato sino tampoco a quienes eran contratados, quienes no deberían declarar en juicio porque se estarían auto incriminando ya que en todo caso son partícipes”. Además, respecto de un tema que aún es motivo de controversia, esto es si los contratos son legales y ajustados a la normativa vigente o son falsos, como sostiene Fiscalía, expresó que “paralelamente el Estado tampoco ha iniciado ningún tipo de acción ni declaración contra esos contratos, puntualmente la declaración de lesividad, de manera que es bastante confuso reputar de ‘truchos’ o falsos a estos contratos cuando jurídicamente no se es coherente con esa afirmación. Todo esto afecta el derecho de cualquier persona de ser enjuiciado en base a una acusación clara y sin contradicciones”. Petenatti también precisó los alcances de la audiencia de remisión de la causa a juicio “es una audiencia donde se tiene que analizar en primer lugar, si la causa así como está y en la forma en que se ha acusado puede ser remitida a juicio oral para ser ahí discutida, y también, en esta audiencia se discute la validez y legitimidad de las pruebas con la que se acusa a los imputados”. En aquella línea, Petentti opinó que “hay mucha prueba que se ha llevado adelante violando normas muy básicas del proceso penal, que han afectado el derecho de defensa en juicio, la intimidad y privacidad de las personas o, al menos y con seguridad, de nuestro defendido, es decir derechos sensibles y delicados, que tienen una fuerte protección constitucional”. El defensor sostuvo que “no solo es una causa sumamente compleja por sí misma, sino que mayor problema trae la forma en que se ha investigado y la manera en que se acusa. Según la Fiscalía se trata de una de las causas de corrupción más importantes en la historia de Entre Ríos, pero sin embargo, inexplicablemente, no hay un solo funcionario público de relevancia imputado”. Petenatti insistió, en relación a la contradicción que señaló en la hipótesis de Fiscalía, que de ser lo “contrario no podría ser cierto que no exista ni un legislador, ni una autoridad política de las cámaras legislativas acusada. Estos contratos sin los legisladores y autoridades políticas de las cámaras jamás podrían haber existido”. También insistió en que “si se ve la lista de personas acusadas, muchas de ellas no son funcionarios públicos y quienes sí lo son desempeñaban cargos menores. Si esta es una “gran causa” faltan los principales actores. La fiscalía tiene prohibido en estos casos, y más con responsabilidades mayores, decidir arbitrariamente si los investiga o acusa. Se lo prohíbe el artículo 5° del Código Procesal Penal y también la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción”. (APFDigital)
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