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Parana » El Once Digital
Fecha: 15/04/2025 14:30
El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, anunció que se declarará la nulidad de cerca de 800 “contratos truchos” que funcionaron durante una década en la Legislatura provincial. La medida fue comunicada junto a los presidentes de las Cámaras de Senadores y Diputados, Alicia Aulani y Gustavo Hein, respectivamente. “Se dispondrá la nulidad de 800 contratos truchos de la Legislatura entrerriana y la Fiscalía de la Provincia procederá, después, a intentar recuperar el dinero de cada uno de los contratos que, se ha probado, eran truchos”, afirmó el mandatario. Frigerio sostuvo que la decisión tiene como objetivo “ponerle fin a hechos de corrupción”. En este sentido, indicó que “está probado que hubo cerca de 800 contratos truchos, durante aproximadamente una década, y si bien la Justicia debe ahora definir quiénes fueron los responsables y qué pena les cabe, la política tiene que dejar de mirar al costado y actuar”. El fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, brindó detalles a Elonce sobre cómo se avanzará en la recuperación de los fondos públicos. “Lo que nos corresponde es la reparación del daño causado, es decir, el recupero de fondos de dinero irregularmente salidos de la administración”, explicó el funcionario. Aclaró que, mientras el Ministerio Público Fiscal busca una sanción penal, el Ejecutivo trabaja en la vía administrativa para resarcir el perjuicio económico. Rodríguez Signes puntualizó que “ el gobernador le pidió a las Cámaras Legislativas que declaren la nulidad de los contratos ” y remarcó que “la consecuencia de la nulidad es que las cosas vuelven a su estado anterior, es decir, que quien percibió dinero irregularmente o quien lo pagó de la misma manera debe restituir todo”. Trabajo caso por caso “ Se trata de un trabajo administrativo y no tiene nada que ver con la causa penal, que va por su lado ”, aclaró el fiscal de Estado. Señaló que los contratos bajo la lupa “son 770 que fueron peritados en la causa Beckman. Más allá de la cuestión penal, tienen vicios administrativos que ameritan su nulidad, pero eso es una decisión que debe tomar el poder Legislativo”. “El gobernador, en su carácter de jefe de la administración y custodio del patrimonio público, los declara nulos”, explicó Rodríguez Signes. Recordó que los hechos investigados datan de 2018 y que, aunque la causa penal se está por elevar a juicio recién ahora, el Ejecutivo provincial busca un camino más ágil para recuperar lo perdido. Procedimiento administrativo “La Legislatura debe remitir la nulidad de los contratos y, como en un sumario, convocamos a las partes y les diremos que tienen que devolver el dinero. Trabajaremos caso por caso”, adelantó el fiscal. Indicó que si bien existen estimaciones del dinero a recuperar, las cifras finales dependerán de “tasas de interés, criterios y actualizaciones”. Además, mencionó que “la denuncia es de 2018, pero se trata de contratos con hasta 20 años de retroactividad, por lo que el perjuicio a la administración es significativo”. Finalmente, Rodríguez Signes afirmó que los contratos irregulares involucran a personas de la provincia: “Los contratos irregulares son todos entrerrianos; de un lado están los contratados y del otro los que celebraron y pagaron los contratos. Son dos partes las que vendrán a la Fiscalía”.
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