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Crespo » Paralelo 32
Fecha: 15/04/2025 11:38
Por décadas, el Poder Legislativo de Entre Ríos ha sido protagonista de algunas de las causas más escandalosas de corrupción institucional en el país. Desde finales del siglo pasado, se han sucedido denuncias, investigaciones, condenas y maniobras que dejaron al descubierto un sistema político y administrativo permeado por prácticas ilegales y poco transparentes. El antecedente fundacional Entre las causas más emblemáticas figura el caso del desvío de fondos del Senado provincial ocurrido entre 1995 y 1999, que derivó en la condena de figuras políticas de alto rango. Este caso marcó un precedente en la historia institucional de Entre Ríos y dejó al descubierto una matriz de corrupción que, lejos de erradicarse, se perfeccionó con el tiempo. Una “mesa de dinero” dentro de la Legislatura Años después, entre 2012 y 2013, surgió una nueva denuncia que causó revuelo: el presunto funcionamiento de una “mesa de dinero” en el ámbito de la Legislatura, a la que asistían funcionarios, empresarios y particulares para cambiar pesos por dólares. Aunque la investigación no llegó a un juicio definitivo, el episodio dejó serias dudas sobre la transparencia en el manejo de fondos públicos y privados dentro de la órbita legislativa. El escándalo de los contratos truchos En el ocaso de la década pasada, una nueva denuncia volvió a colocar al Parlamento entrerriano en el ojo de la tormenta. El exdiputado provincial Ricardo Troncoso fue acusado de obligar a empleados contratados a entregarle parte de sus sueldos. Esta causa se convirtió en el preámbulo de uno de los mayores escándalos políticos de los últimos años: la causa de los “contratos truchos” en la Legislatura, considerada el primer “caso chocolate” del país. La investigación del Ministerio Público Fiscal de Entre Ríos reveló un desfalco estimado en 53 millones de dólares, ocurrido entre 2008 y 2018. El mecanismo: contratos de personal que cobraban sueldos mediante cheques endosados y facturas por montos inflados, muchas veces sin que los contratados supieran que estaban en nómina o sin que cumplieran función alguna en el recinto legislativo. Designaciones irregulares y acomodos políticos A los contratos irregulares se suman denuncias más recientes sobre nombramientos y pases a planta permanente sin sustento legal. Tras el cambio de autoridades legislativas en diciembre de 2023, se detectaron numerosas designaciones hechas a último momento, con retroactividad, y que en muchos casos incluían a familiares de funcionarios de alto rango. Los casos más notorios fueron los de Joaquín y Franco Bahl, hijos del exvicegobernador, exintendente y exministro de Gobierno Adán Bahl. Ambos fueron contratados con retroactividad para cumplir el requisito de antigüedad que les permitiera quedar estables en el cargo. Sin embargo, las nuevas autoridades anularon esas designaciones tras descubrir que los fundamentos de los decretos contenían falsedades, como justificar las incorporaciones por vacantes inexistentes. Otros casos salientes incluyen el del concejal de Victoria, Víctor Sanzberro, quien fue nombrado en planta permanente del Senado mientras ejercía su mandato y luego accedió a una banca como legislador. También se dio a conocer que las hijas del dirigente radical Amado Fuad Sosa —una de ellas actual coordinadora del Senado— también integran la nómina de empleados legislativos. Una Legislatura convertida en oficina de empleo Los informes oficiales de las nuevas autoridades legislativas dan cuenta de un proceso de revisión y ajuste. Se revocaron designaciones y se publicaron cuadros comparativos de reducción del gasto. Sin embargo, persiste la percepción pública de que la Legislatura funcionó durante años como una plataforma de beneficios políticos, donde se favoreció a dirigentes, familiares y militantes, sin que se respetaran criterios técnicos o meritocráticos. Frigerio anunció la nulidad de los 770 “contratos truchos” de la Legislatura y gestionará la devolución de esos recursos El Gobernador Rogelio Frigerio brindó una conferencia de prensa junto a la vicegobernadora Alicia Aluani y al presidente de la Cámara de Diputados, Gustavo Hein, para hacer una serie de anuncios sobre la necesidad de “ponerle fin a una parte de la historia en la que la política le dio la espalda a los ciudadanos frente a hechos de corrupción dramáticos”. “Los entrerrianos somos protagonistas de unas de las causas de corrupción más importantes de la historia: la causa de los contratos truchos en la que se ha probado que hubo cerca de 800 contratos truchos durante más de una década”. “La Justicia tiene que resolver quiénes son los responsables y qué penas les cabe, pero la política debe dejar de mirar al costado y debe actuar. Lo dijimos en la campaña electoral y lo estamos cumpliendo. Analizamos cada uno de los contratos de la Legislatura y después de ese análisis bajamos a la mitad el número de contratos”, sostuvo. Y anunció: “Ahora queremos dar un paso más e intentaremos que los que le robaron la plata a los entrerrianos la devuelvan”. “Por eso he solicitado a las autoridades de las cámaras que dispongan la nulidad de esos casi 800 contratos truchos”, informó e indicó que este proceso va a correr en paralelo con la investigación judicial que está en trámite. Y fue más allá: “Después de la nulidad, exigiremos la devolución deseos recursos que le han robado a los entrerrianos”. “Nosotros no queremos reemplazar a la Justicia, pero la política no podía quedar de brazos cruzados: se va a disponer la nulidad de esos casi 800 contratos y la Fiscalía de Estado de la Provincia intentará recuperar el dinero”, sostuvo a pesar de que el juicio todavía no empezó y, si bien hay 32 imputados, todavía no hay condenas. Finalmente Frigerio precisó: “Son 770 contratos de dinero desviados entre el año 2008 y el año 2019. No tenemos un número preciso de los fondos desviados, pero algunos dicen que son 50 millones de dólares”.
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