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» Misionesopina
Fecha: 14/04/2025 13:48
La Nación le dio otro golpe al pequeño productor de yerba. En un movimiento significativo, el ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, derogó recientemente la Resolución 152/2021 del Ministerio de Agricultura, que avalaba la resolución 170/2021 del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), que limitaba las nuevas plantaciones anuales de yerba a solo 5 hectáreas por productor. Ahora, con la Resolución 452/2025 del Ministerio de Economía —firmada por el ministro Luis Caputo y publicada este 14 de abril— el mercado queda completamente desregulado: las grandes empresas podrán avanzar con plantaciones masivas sin ningún tipo de restricción. Lo que para algunos representa una “liberación del mercado”, para la mayoría de los productores del interior misionero significa una amenaza directa a su subsistencia. Se trata de la segunda gran desregulación que hace el gobierno del presidente Javier Milei en las políticas dictadas por el Inym. La Resolución 170/2021 del Instituto Nacional de la Yerba Mate, aprobada en junio de 2021, había sido impulsada por el gobierno de Misiones y los pequeños productores, con el objetivo de evitar una sobreoferta en el mercado que perjudicara los precios para los productores. La medida que es ahora derogada por Caputo regía desde enero de 2022 y consistía en aplicar una limitación para nuevas plantaciones de yerba mate. En ese momento, se argumentó que la decisión venía siendo reclamada por los productores para asegurar un precio estable y que fue tomada para preservar la estabilidad de precios de la materia prima. Sin embargo, esta política fue resistida por el gobierno de Corrientes y los grandes molinos yerbateros, quienes argumentaban que tales restricciones afectarían negativamente la competitividad del sector. Aquel límite de cinco hectáreas anuales por productor no surgió de un capricho burocrático, sino de años de lucha y consenso dentro del Directorio del Instituto, compuesto por representantes de todos los eslabones de la cadena yerbatera. La intención era evitar los ciclos nocivos de sobreproducción, caída de precios y abandono de chacras, que históricamente han afectado con más dureza a los pequeños y medianos productores. La derogación de la normativa deja el campo abierto para que las grandes industrias, con respaldo financiero y acceso a tierras, siembren cientos o miles de hectáreas sin límite. Esta concentración de la producción no solo rompe el equilibrio logrado en los últimos años, sino que pone en jaque a miles de pequeños productores que no pueden competir en volumen ni en logística.
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