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  • La Justicia desestimó denuncias penales contra el decreto de convocatoria

    Usuhahia » Diario Prensa

    Fecha: 14/04/2025 01:26

    Reforma constitucional en Tierra del Fuego. Así lo confirmó el abogado Raúl Paderne, quien explicó que las causas impulsadas por el letrado Paulino Rossi y el legislador Jorge Lechman no prosperaron “por falta de delito”. El abogado Raúl Paderne informó que en las últimas horas fueron desestimadas por la Justicia provincial dos denuncias penales impulsadas contra el decreto de convocatoria a elecciones constituyentes en Tierra del Fuego. Las causas, iniciadas por el abogado Paulino Rossi y el legislador provincial Pablo Lechman, fueron tramitadas ante el Juzgado de Instrucción N.º 1, a cargo del juez Sergio Pepe, quien resolvió rechazar los requerimientos fiscales tras las medidas ordenadas por la Fiscalía. Paderne precisó que la denuncia de Lechman se basaba en un supuesto incumplimiento de una medida cautelar del Superior Tribunal de Justicia que habría suspendido el proceso constituyente. “Sin embargo, se acreditó que no hubo tal incumplimiento, sino una interpretación errónea del legislador” – sostuvo. Respecto a la denuncia de Rossi, señaló que apuntaba a un presunto antidatado del decreto para encuadrarlo en los plazos legales. La investigación, que incluyó el secuestro de equipos informáticos de Casa de Gobierno, concluyó que no hubo irregularidades. “Lo que decía Paulino Rossi no era verdad, así de simple”, indicó el abogado. En su presentación Rossi había cuestionado además la firma del decreto 1656/24 por la ministra de Obras Públicas, Gabriela Castillo, por considerar que no tenía ella la facultad para hacerlo, invocando que según la Ley de Ministerios, esa tarea le habría correspondido al jefe de Gabinete». Paderne aclaró que las denuncias fueron erróneas y que lo que se desestimó técnicamente fue el requerimiento fiscal “por no configurarse delito alguno”. También destacó que estas resoluciones no interfieren con el análisis de fondo sobre la legalidad del decreto, que sigue en manos del Superior Tribunal de Justicia. “Desde el punto de vista penal, a nuestro criterio el decreto es correcto”, sentenció finalmente.

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