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Gualeguaychu » El Dia
Fecha: 13/04/2025 14:16
La causa Potenciar Trabajo, que investiga un perjuicio millonario al Estado y beneficiarios por parte de personas que se quedaban con parte de lo recibido, dio un giro el martes pasado cuando la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná otorgó el arresto domiciliario con monitoreo electrónico a Carina Rocío Ester Izaguirre, dirigente de la organización CubA-MTR, procesada por amenazas coactivas, extorsión y usura en relación con el programa social. Esto último tomó por sorpresa a más de uno, sobre todo a la Fiscalía y el Juzgado Federal de Gualeguaychú, los responsables de llevar adelante la investigación. Entre los argumentos por los cuales no acuerdan con el beneficio para Izaguirre figuran la gravedad de las amenazas que proliferaron y ahora podrían proliferar de igual manera sin que la procesada esté en la Unidad Penal Nº9. “Para que una persona esté privada de la libertad preventivamente se tienen que verificar dos parámetros. Uno es el peligro de fuga y otro el entorpecimiento de la investigación. Y tanto el fiscal Pedro Rebollo como yo entendimos que se verificaba esto último porque están comprobadas las amenazas que recibían los beneficiarios de los planes”, explicó el juez federal de Gualeguaychú Hernán Viri, quien inmediatamente compartió su parecer sobre la decisión tomada por la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná: “La verdad es que nadie se esperaba una decisión así. Fue una sorpresa para todo el mundo. La Fiscalía también está sorprendida”. Según los argumentos de la Justicia Federal local, Izaguirre y su organización amenazaron a los beneficiarios con quitarles los planes, pero no descartan que las amenazas hayan sido también de otra índole. Y ahora, con la nueva condición a la que va a acceder la dirigente social procesada, crece el temar lo de que las intimidaciones y amedrentamientos vuelvan con más énfasis y peligrosidad. A pesar de todos estos argumentos, la Cámara Federal de Paraná, integrada por Cintia Gómez y Beatriz Aranguren, otorgó la prisión domiciliaria a Izaguirre al considerar favorable el dictamen del Fiscal General, Ricardo Álvarez, y que también estableció condiciones como control electrónico y prohibición de contacto con personas vinculadas a la investigación. “El arresto domiciliario, que aún no se dio porque no está una tobillera, es una morigeración de la prisión preventiva en la Unidad Penal. Es verdad que no puede tener diálogo ni contacto con la gente que recibe los planes y tiene ciertas prohibiciones. Lo que pasa es que es inmanejable eso. Por eso el Fiscal Federal y yo entendíamos que el único lugar donde estaba neutralizada esa posibilidad era en la UP9. Desde la casa es incontrolable, más allá que ella no se mueva. No existe la posibilidad de poner un policía las 24 horas para que controle con quién habla. Además, a través del celular puede hacer lo que quiera y eso estaba neutralizado en el penal porque ahí no tiene celular y las conversaciones están controladas”, rebatió el Juez Federal en declaraciones a Ahora ElDía. A modo de ejemplo sobre los alcances que una organización de este tipo tiene las posibilidades de entorpecer la investigación, el magistrado mencionó la impunidad con la que se movían cuando estaban plenamente activos. “Hicimos un primer allanamiento y corroboramos que la organización seguía operando de la misma manera. Inclusive ya con la investigación en marcha, el sistema seguía funcionando. Es más, hasta fue perfeccionado por ella porque hasta ese momento las transferencias, lo que ella cobraba, era vía bancaria. Por eso nosotros teníamos corroborado, a través de billeteras virtuales y de cuentas bancarias, que cobraba esta plata ilegalmente. Cuando nosotros allanábamos y secuestramos las pruebas, continúa haciendo eso, pero ya no lo hace por vía bancaria sino que lo hacen en efectivo para no dejar rastro”. “La persona que recibe el plan tiene miedo. El miedo está. Entonces, lo que tenemos que hacer como Estado es proteger a toda la ciudadanía, pero sobre todo a aquellas personas más vulnerables. Y yo pongo especial atención en tener en cuenta el grado de educación y de cultura de los amenazados, que son las que te permiten a veces identificar hasta dónde puede llegar una amenaza o no”, remarcó. A pesar de esta especie de revés, Viri insiste con que esto es solamente un obstáculo y que la investigación y el proceso judicial sigue en marcha y que además avanza hacia buscar otros culpables y responsables detrás de este desfalco millonario contra el Estado y las poblaciones más vulnerables, el cual rondaría a simple vista en como mínimo 50 millones de pesos. “Que cumpla prisión domiciliaria no quiere decir que deje de estar procesada. Los está por los delitos que yo la procesé, y la Cámara confirmó eso. Solamente la condición de la detención es lo que cambió, y no quiere decir esto que está en libertad. La detención, en vez de cumplirla en una unidad penal, la cumple en su casa. Pero está detenida, está confirmado el procesamiento, y ahora dispuse una serie de medidas para avanzar sobre muchas otras personas que están imputadas”, subrayó. “La idea es citar en los próximo días a indagatoria a otros 10 imputados. La idea es que empiecen a prestar declaración, y después de eso resolveré si los procesos. Y una vez terminada la investigación vendrá una elevación a juicio por parte mía al Tribunal Oral Federal de Concepción del Uruguay”, adelantó a Ahora ElDía. “Es muy difícil hacer todo esto sin tener un padrinazgo político. Cuando comienzo a profundizar la investigación y terminamos en La Matanza, justamente fue con esa intención. Esa es mi forma de investigar y hago lo mismo en las causas por narcotráfico, por lavado de dinero o trata de personas. No me quedo solamente con el hecho aislado, sino que trato de ver de dónde viene, quién provee, a quién se le responde. Trato de buscar quién se beneficia, no solamente quedarme con los últimos eslabones de la cadena de las organizaciones criminales”, concluyó. La opinión de la Defensa Matías Farías, uno de sus abogados defensores, habló sobre el arresto domiciliario de Carina Izaguirre: “Basamos nuestro pedido en la cuestión de que ella no había presionado a ningún testigo no era algo que pasaba. Asimismo, habíamos sumado que era necesario que ella estuviera en su casa, al menos con un arresto domiciliario por el hecho de que tiene un hijo menor de edad y también necesita ayudar en la casa”. “La Cámara hizo lugar a este pedido, con la condición de que tuviera una tobillera electrónica. Muchas veces en estas cuestiones, cuando se impone que alguien tiene que tener una tobillera, tenemos que esperar a que haya cupos, o sea, a que se gestione esa tobillera, que luego es controlada por otra dependencia”, afirmó. “La libertad no es automática, como en otras causas, sino que hay que esperar a que la tobillera quede instalada. Este es un dispositivo que funciona con internet y con otras cuestiones para las que tienen que entrar en su casa”, agregó. “Cuando vuelva a su domicilio la iré a visitar, vamos a charlar tranquilos y ahí voy a tener un panorama mejor sobre cómo está ella y cómo vamos a avanzar con la causa”, concluyó.
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