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Federal » El Federaense
Fecha: 13/04/2025 13:57
BOLIVIA – En el contexto actual de Bolivia, la Fundación y Observatorio de Derechos Humanos y Justicia ha puesto en la mira una preocupante tendencia de persecución judicial que parece intensificarse. Todo comenzó a tomar un nuevo giro tras la reciente detención del abogado y activista Jorge Valda, relacionado con el polémico caso de la toma militar de la plaza Murillo. Este hecho ha reavivado las voces de protesta sobre las acciones judiciales impulsadas por el Gobierno, que desde la llegada del Movimiento Al Socialismo (MAS) al poder han señalado a múltiples líderes y activistas como presos políticos. Según los datos recopilados por la fundación, se han documentado 172 casos de individuos afectadas por esta situación, los cuales han sido validados ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a finales de 2024. Un panorama desgarrador La lista de casos de persecución política no se limita a esos 172, pero la fundación ha enfrentado serias dificultades para conseguir información sobre otros casos, gran parte debido a la falta de transparencia en la gestión de datos públicos. De los 172 casos identificados, se reporta que: 8 personas han recibido sentencia. han recibido sentencia. 35 sujetos han optado por el procedimiento abreviado. han optado por el procedimiento abreviado. 70 individuos están bajo detención preventiva. están bajo detención preventiva. 41 personas cumplen con detención domiciliaria. cumplen con detención domiciliaria. 11 tienen privilegios como arraigo o fianza . . 7 casos carecen de confirmación sobre las restricciones impuestas. El director de la fundación, Rubén Darío Cuéllar, mencionó que la información se actualiza continuamente, asegurando que el grupo está en contacto constante con la CIDH para mantenerlos informados sobre las evoluciones en este panorama desalentador. La crítica situación de Jorge Valda La detención de Valda ha suscitado gran preocupación, ya que él mismo defendía a muchos de los mencionados en la lista y fue capturado tras ser acusado por el Gobierno de estar involucrado en actos de sedición. Cuéllar insistió en que si existen pruebas sólidas en su contra, el estado debía presentarlas de inmediato. De lo contrario, solicitan su liberación. Un llamado a la acción Cuéllar concluyó su declaración enfatizando que la justicia en Bolivia ha sido utilizada como un instrumento de represión por parte del Poder Ejecutivo, lo que no debería continuar. “Es hora que los ciudadanos bolivianos tomen conciencia y, a través de su voto, busquen un cambio que garantice su seguridad y derecho a expresarse”, subrayó. Adicionalmente, mencionó que ya hay un patrón de conducta evidente en las detenciones, algo que ha sido señalado por un grupo de trabajo de Naciones Unidas a raíz de los casos más recientes, incluyendo la detención del gobernador Luis Fernando Camacho. Estadísticas sobre la persecución Estado Cantidad Presos políticos 172 Procedimiento abreviado 35 Sentenciados 8 Detención preventiva 70 Detención domiciliaria 41 Arraigo, fianza, o firma 11 Sin confirmación de medida 7 Las autoridades del gobierno tampoco han admitido que estas situaciones representen una persecución política, a pesar de que los señalados son críticos hacia el MAS y su administración.
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