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» Primerochaco
Fecha: 13/04/2025 00:40
Ocurrió en la única escuela secundaria de la localidad de Paso de la Patria. El juez Hugo Alejandro Sánchez Martínez decidió que las adolescentes tomen clases de manera virtual durante 90 días para evitar hostigamientos contra una estudiante de 17 años. Ya había ocurrido un caso similar, en el mismo colegio, en 2023 Igual que había ocurrido en 2023, el juez de Paso de la Patria, Corrientes, intervino en un caso de bullyng en la única escuela secundaria de la localidad y decidió a través de una medida cautelar proteger a una adolescente de 17 años que denunció, a través de su madre, ser víctima de acoso escolar al suspender a las tres compañeras señaladas por la estudiante. La decisión fue tomada por el titular del Juzgado Civil, Comercial, Laboral, Familia, Niñez, Adolescencia y de Paz local, Hugo Alejandro Sánchez Martínez, en lo que es el segundo caso de este tipo en la misma escuela en apenas dos años. El magistrado ordenó a las autoridades de la escuela “Primer Teniente de la Fuerza Aérea Argentina Miguel Ángel Gimenez” de esta villa turística y de pescadores que impongan a tres estudiantes que durante el plazo de 90 días tomen las clases de manera virtual. Además, ordenó la prohibición de “interacción, contacto, divulgación de contenido y referencia mutua, en forma personal o virtual a través de redes sociales y plataformas de mensajerías” a otros nueve alumnos respecto de la alumna denunciante. Y remarcó que cualquier violación de estas medidas podría implicar que se les abra una causa penal. Sánchez Martínez evaluó los testimonios, las pruebas de capturas de pantalla de mensajes y audios, y consideró que existía una situación de hostigamiento persistente que justificaba una respuesta urgente del Poder Judicial. El defensor de las jóvenes suspendidas, Nahuel Benito, se quejó de la decisión. “Lo que esta defensa está en desacuerdo, por lo gravoso de la misma, sacando de su lugar de estudios a tres estudiantes, en su último año, afectándolos fuertemente emocionalmente, con las sola manifestación de la denunciante (su madre), sin pruebas que sostengan dicha manda, y que la presencia de los menores puede poner en peligro a la supuesta víctima, ordenando medidas que el sistema educativo de la localidad no posee, y al día de la fecha aún no ha podido poner en práctica, lo que implica que los menores se encuentran sin su derecho inalienable a estudiar”, remarcó
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