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Parana » Paginajudicial
Fecha: 10/04/2025 18:46
La diputada Lorena Arrozogaray propuso la creación de una Unidad Fiscal de Investigación de Delitos contra el Ambiente con asiento en Paraná y otra en Gualeguaychú. La iniciativa se presenta como una necesidad para atender la demanda social por la protección de los derechos ambientales. Juan Cruz Varela De la Redacción de Página Judicial La justicia ambiental es un concepto complejo que envuelve el derecho a un medio ambiente sano buscando un equilibrio ante situaciones de peligro, a partir del cambio climático, como proceso natural, y por la acción del hombre para el aprovechamiento de los recursos naturales cuando eso se produce en forma abusiva. A nivel federal no existen juzgados de competencia exclusiva en materia ambiental. Acaso lo más cercano sea la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos contra el Medio Ambiente (Ufima), creada en 2006, aunque con funciones limitadas a brindar apoyo sobre las líneas de investigación que llevan las fiscalías y juzgados federales de todo el país, pero sin posibilidades de abrir expedientes. En algunas provincias, en cambio, existen avances y se han creado fiscalías ambientales, por ejemplo, en Corrientes, Ciudad de Buenos Aires, Jujuy, Córdoba y Misiones, con sus respectivas denominaciones y competencias. ¿Y Entre Ríos? La diputada provincial Lorena Arrozogaray (PJ-Gualeguaychú) ha propuesto la creación de una Unidad Fiscal de Investigación de Delitos contra el Ambiente con asiento en Paraná y otra en Gualeguaychú, que estarían a cargo de un fiscal ambiental y dos auxiliares cada una, especialistas en la materia. La diputada destaca en el proyecto que Entre Ríos “posee características ambientales únicas en el país, basadas en el atravesamiento de ríos y arroyos, áreas naturales protegidas, parques nacionales, sitios Ramsar, una distribución territorial uniforme y un sistema institucional con matriz en todas las comunas y localidades” y la iniciativa apunta a garantizar “una correspondiente protección jurisdiccional del derecho constitucional a un ambiente sano. La legisladora asigna a las unidades fiscales funciones para “preparar y promover la acción penal ambiental, a cuyo fin dirigirá la investigación preparatoria, practicando y haciendo practicar los actos inherentes a ella” e “impartir instrucciones a los organismos competentes para hacer cesar el daño ambiental”. Para ello se prevé también la creación de un “Cuerpo de Investigación Científica” conformado por profesionales universitarios del ámbito científico con especialización en disciplinas ambientales, cuya función sería la de asistir a los fiscales “en el correcto examen y análisis de los hechos de naturaleza científica, elaborando los informes y dictámenes que les sean requeridos a tal fin y colaborando en la producción en tiempo y forma de la prueba necesaria en los distintos procesos en que se persiga la protección del ambiente”, según consta en el proyecto que se debate en la Comisión de Presupuesto y en la Comisión de Recursos Naturales y Ambiente. La legisladora cita en los fundamentos la garantía de preservación del ambiente establecida constitucionalmente y plantea la necesidad de adecuar el sistema judicial para que pueda prevenir o reparar cualquier tipo de daño ambiental. También la Constitución de Entre Ríos reformada en el año 2008 incorporó un artículo que garantiza la protección al ambiente y establece el principio del desarrollo sustentable, estableciendo el derecho a gozar de un ambiente sano, pero también teniendo el deber de preservarlo y mejorarlo como patrimonio común. En ese marco, Arrozogaray considera que la creación de la Unidad Fiscal de Investigación de Delitos contra el Ambiente supone “una herramienta jurídica moderna y cada vez más común en los fueros judiciales” para que los ciudadanos “puedan demandar la protección efectiva del derecho a vivir en un ambiente sano y equilibrado”. Finalmente, el proyecto busca “dar respuestas desde el Poder Judicial a una demanda relativa a la protección de derechos ambientales, permitiendo a las Fiscalías Ambientales la investigación de los conflictos donde se encuentre comprometido el interés colectivo y la protección de animales”. Fiscalias ambientales by Página Judicial
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