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» Primerochaco
Fecha: 08/04/2025 06:31
Por Edgard Caric | Radio Provincia del Chaco | Abril 2025 Mientras cumple prisión preventiva por causas de corrupción, el exfuncionario provincial Carlos Mauricio Andión enfrentaría una nueva denuncia judicial: acumularía 21 meses de incumplimiento de la cuota alimentaria de sus dos hijas, según reveló el periodista Edgar Caric en el programa «Todos a la Mañana», que se emite por Radio Provincia del Chaco. El caso quedó formalizado en el expediente 318/21, iniciado hace cuatro años, en el que se detalla un acuerdo de parentalidad homologado judicialmente el 17 de marzo de 2022. En él, Andión se comprometió a abonar $150.000 mensuales —por ambas hijas— entre el 1 y el 10 de cada mes mediante transferencia bancaria. Sin embargo, desde junio de 2023, no habría realizado más pagos, acumulando una deuda que al día de hoy supera los $3.150.000. Lo llamativo del caso es que Andión, además de haber sido presidente del Instituto de Agricultura Familiar y Economía Popular, poseería una propiedad rural de 1.247 hectáreas en el departamento Almirante Brown. Lejos de tratarse de un pequeño productor, la magnitud de la parcela pone en evidencia una capacidad económica que contrasta fuertemente con su negativa a cumplir con sus responsabilidades parentales. Embargo y contrato de arrendamiento La abogada de la madre de las niñas, C. A. Vallejo, solicitó ante la Justicia el embargo preventivo del inmueble y también de los ingresos percibidos por un contrato de arrendamiento que Andión mantendría con una empresa agrícola domiciliada sobre la Ruta 16, en la localidad de Pampa del Infierno. Según cálculos brindados en el programa radial, durante el auge del precio de la soja, el alquiler anual de mil hectáreas en esa zona podía rondar el millón de dólares. Aun con una baja del 30% en la cotización, se estima que el arrendamiento de las tierras de Andión podría generar ingresos suficientes para saldar la deuda. Justicia desigual y complicidades políticas Andión fue detenido en octubre de 2024 por supuesta malversación de fondos públicos, causa que se suma a las sospechas sobre el uso discrecional de recursos estatales que, en lugar de llegar a beneficiarios reales, habrían financiado estructuras clientelares vinculadas a movimientos piqueteros afines al oficialismo. Galpones, flotas de camiones, quinchos con piletas y depósitos de materiales financiados con fondos del Estado sin control ni seguimiento son solo algunas de las supuestas irregularidades denunciadas. La ley para algunos El caso pone sobre la mesa una cuestión de fondo: la aplicación selectiva de la justicia. Mientras rige en Chaco una ley provincial que prohíbe a los deudores alimentarios acceder a beneficios o cargos públicos, su aplicación parece haber sido, cuanto menos, ambigua. «Si no fuese porque está preso, seguiría evadiendo impunemente sus deberes como padre y como ciudadano», se escuchó decir con indignación en el programa. El pedido de embargo sigue su curso en la Justicia, mientras el caso reaviva el debate sobre la ética de quienes han manejado fondos públicos y el costo que la impunidad sigue teniendo para la sociedad chaqueña.
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