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» tn24
Fecha: 08/04/2025 04:45
El abogado y profesor universitario Manuel García Mansilla presentó hoy su renuncia indeclinable como juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, apenas 40 días después de haber asumido el cargo. Su salida se da en medio de una intensa disputa institucional y política: el Senado había rechazado su pliego por amplia mayoría el viernes pasado, y un juez federal le había prohibido ejercer funciones mediante una medida cautelar. Con su salida, el máximo tribunal vuelve a quedar conformado por tres integrantes: Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz. García Mansilla había asumido formalmente el 27 de marzo, tras ser designado por el presidente Javier Milei a través del decreto 137/25, que también incluía al juez federal Ariel Lijo. Sin embargo, este último no llegó a jurar, ya que decidió no renunciar a su cargo actual, condición exigida por la propia Corte para avanzar en su incorporación. Presiones políticas y decisión judicial El rechazo del Senado se sumó a la medida cautelar dictada por el juez federal de La Plata, Alejo Ramos Padilla, quien ordenó a García Mansilla abstenerse de firmar resoluciones o medidas administrativas por 90 días, hasta tanto se resolviera la legalidad del decreto presidencial. La acción judicial fue impulsada por el abogado Jorge Rizzo y el constitucionalista Andrés Gil Domínguez, quienes argumentaron que su designación en comisión, sin acuerdo del Senado, atentaba contra la independencia judicial. Ramos Padilla fundamentó su decisión en el artículo 99, inciso 19, de la Constitución Nacional, que impide a un juez asumir funciones sin ese aval legislativo. El Gobierno defendió su designación Desde el Ejecutivo, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, había defendido la legalidad del decreto presidencial, asegurando que no existe norma constitucional que obligue a García Mansilla a renunciar. Incluso este fin de semana el Gobierno presentó un recurso de “per saltum” ante la propia Corte para anular la cautelar, aunque los restantes miembros del tribunal no habrían estado dispuestos a tratar el caso. En paralelo, el propio García Mansilla había presentado un escrito en defensa de su nombramiento, argumentando que su eventual remoción sólo podía hacerse mediante juicio político. Implicancias institucionales y futuro incierto La situación generó un debate jurídico de fondo sobre el alcance del mecanismo de designaciones “en comisión” y el rol del Senado como órgano de control. Algunas interpretaciones señalaban que, aún con el rechazo legislativo, García Mansilla podría haber permanecido en el cargo hasta el 30 de noviembre, fin del año legislativo posterior a su designación. Sin embargo, la medida cautelar y el clima político adverso terminaron por forzar su salida anticipada. La controversia también planteaba la posibilidad de que futuras resoluciones firmadas por el juez fueran impugnadas, lo que podría haber paralizado la actividad del tribunal o judicializado sus decisiones. En medio del conflicto, el juez Ricardo Lorenzetti tomó distancia de la situación y expresó su rechazo a las designaciones por decreto: “Yo nunca aceptaría ser designado por decreto”, afirmó en una entrevista radial, aunque destacó que la Corte sigue funcionando normalmente. La renuncia de García Mansilla reabre la discusión sobre los límites del Poder Ejecutivo en la designación de jueces y el rol del Congreso en el equilibrio de poderes. El caso podría sentar un precedente clave para futuros nombramientos en el Poder Judicial.
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