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Concepcion del Uruguay » La Calle
Fecha: 06/04/2025 12:14
Una de las medidas más publicitadas del gobierno de la Provincia fue la intervención del Iosper, la obra social de los gremios estatales de Entre Ríos. Según denunció en las últimas horas el Ejecutivo, al asumir se encontró con una obra social que operaba en “connivencia” para efectuar negociados que arrojaron pérdidas de 1.000 millones de pesos, como mínimo. Así lo plasmaron las autoridades ante el Tribunal de Cuentas en un documento en el que apuntan a la complicidad entre la anterior gestión y la Asociación de Proveedores de Ortopedia, Cirugía e Insumos de Entre Ríos (Apocier), por la no provisión de prótesis para los afiliados. Hablan de más de 1.000 prótesis que se frenaron “con la complicidad” del directorio y dejando a los afiliados “rehenes” del procedimiento administrativo. El gobernador Rogelio Frigerio denunció a la anterior gestión de la obra social mientras evalúa prorrogar la intervención ante la presunta “connivencia entre las autoridades del Iosper con algunos prestadores”, y las “pérdidas millonarias” que habrían causado con su accionar. Qué dice la denuncia En la denuncia ante el Tribunal de Cuentas, el Gobierno sostuvo que detectó un sistema de negociado mediante el cual el directorio del instituto demoraba la entrega de las prótesis que estaban establecidas bajo el sistema de “cápita”. “El instituto tenía un total de 1.022 cirugías abiertas en el sistema, es decir que figuraban como pendientes ante la falta de entrega del elemento requerido (prótesis/material protésico), las cuales ascendían a 1.441, cumplimentando, hasta dicha fecha, sin objeción alguna el pago de la cápita”, señala el texto. En el caso del contrato que la obra social tenía con Apocier, se establecía que debían entregar la cantidad de prótesis que el Iosper demandara mensualmente, a cambio de un pago de 400 millones de pesos por mes. “Pero el Iosper pagaba y el proveedor no entregaba todas las prótesis, las demoraban a propósito para que el proveedor cobrara sin proveer”, se precisó en la denuncia. En el contrato se especificaba que la prótesis debía llegar a las 48 horas de solicitada, pero en la denuncia sostienen que hubo casos con meses de demora. Los señalados La Casa Gris cuestiona al directorio anterior del instituto por no haber detectado reclamos ante la falta de provisión de las prótesis. Su presidente era Fernando Cañete. Estuvo en el cargo durante 12 años. Renunció en diciembre de 2024, tras la intervención, y unos días después el gobierno provincial le otorgó la jubilación. Según denunció la comisión fiscalizadora a fin del año pasado, Cañete percibía unos 16 millones de pesos por mes y dejó la obra social con un déficit de tres 3.000 millones de pesos mensuales. Ahora, tras la denuncia formal en el Tribunal de Cuentas, que consta de unas 400 fojas de pruebas, las expectativas del Ejecutivo son que la causa se judicialice a través de la Fiscalía de Estado y recaiga sobre Cañete alguna investigación. El silencio de los gremios Iosper cuenta con unas 300.000 personas afiliadas, lo que la convierte en la principal obra social de la provincia. Cuando se anunció la intervención, los gremios estatales se manifestaron en contra por entender que el Gobierno se metía donde no le correspondía. La conducción del instituto se conforma mediante un directorio en el que se sientan representantes de los distintos gremios y eligen un presidente. El rechazo llegó del sector docente y la filial de la CTA. La Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) resaltó que “los mecanismos de control están previstos desde siempre. Si el camino de la intervención es aplicar la tijera para recortar derechos y ajustar, el conflicto irá camino a agravarse”. La Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) había pedido entonces “abrir el diálogo” para “trabajar de manera conjunta”. Transcurridos tres meses después de la intervención y con algunas denuncias en curso, los gremios no han presentado recursos judiciales ni apelaciones, y por el momento no han vuelto a manifestarse.
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