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» Misionesparatodos
Fecha: 06/04/2025 10:09
La deportación errónea de un salvadoreño, que terminó en una megacárcel en El Salvador, abre nuevos cuestionamientos en torno a la agresiva política migratoria implementada por el Gobierno de Donald Trump. Perfilamiento a través de tatuajes, la invocación de una ley de guerra y desafíos judiciales son las bases de un sistema migratorio que se encuentra en el centro de las críticas. Los “errores” comienzan a marcar la política migratoria de Donald Trump. El 4 de abril, una jueza de distrito en Estados Unidos determinó que el Gobierno debe tomar acciones para devolver a suelo estadounidense a Kilmar Abrego García, un migrante salvadoreño que fue deportado sin fundamentos en marzo, a pesar de contar con protección legal y tener un estatus migratorio regular. Paula Xinis, jueza de distrito en Maryland, acusó a la Administración Trump de haber deportado a Abrego García sin “bases jurídicas”, por lo que ordenó que, antes del 7 de abril, Washington debe tomar medidas para traerlo de vuelta con su esposa e hijos, todos ciudadanos estadounidenses. La sentencia de Xinis llega tres días después de que la Casa Blanca admitiera que la expulsión forzada de Abrego García, en uno de los vuelos que transportaron a decenas de personas migrantes a la megacárcel salvadoreña del Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), fue “un error administrativo” y que el hombre nunca tuvo que haber sido expulsado del país. Abrego García fue deportado por supuestamente tener vínculos con la pandilla salvadoreña ‘MS-13’; una hipótesis que no pudo ser comprobada por la Justicia en 2019 y que Xinis critica por la falta de pruebas presentadas por las autoridades migratorias en los últimos días. “Seguiremos luchando por Kilmar, por mi marido”, mencionó Jennifer Stefania Vásquez Sura, esposa de Abrego García, a las afueras del juzgado de Maryland, tras el fallo de XinIs. Aunque el Departamento de Justicia estadounidense ya mostró su rechazo ante la decisión de XinIs, adelantando que apelará la orden, analistas consultados por France 24 señalan que el caso de Abrego García podría ser un síntoma de una enfermedad intensa dentro del sistema migratorio estadounidense: la premura de alcanzar las cuotas prometidas por Trump en campaña. ¿’Errores administrativos’ o ineptitud política? El caso de Abrego García constituye la controversia más reciente con relación a las nuevas dinámicas migratorias implementadas por la Administración Trump, señaladas por activistas y grupos defensores de Derechos Humanos de violentar las garantías jurídicas de las personas que son deportadas, acusadas – a veces injustamente – de tener vínculos con el crimen organizado. El 12 de marzo, Abrego García fue detenido por agentes migratorios, quienes argumentaron que su estatus migratorio había cambiado, aunque no le dieron detalles de los motivos. Desde 2019, el hombre era beneficiado por la “retención de expulsión”, estatus que le permitía permanecer en Estados Unidos por la posibilidad de que su integridad corriera riesgo si era deportado a su país, El Salvador. Empero, el 15 de marzo, Abrego García fue parte de los vuelos de deportación que aterrizaron en El Salvador, para luego ser recluido en el Cecot, bajo acusaciones infundadas, según la Justicia. Washington argumenta que lo que pasó fue un “error administrativo” y que ya está fuera de su control poder devolverlo. El temor por otro caso similar es latente. “Estamos consternados (…) Esto no es un simple ‘error administrativo’; un error administrativo es detener a alguien que no debieron haber detenido, pero no es detener a alguien, pasarlo por un proceso de detención y sacarlo del país. Esto es un error catastrófico”, apuntó Vasquez. La Administración Trump ha respaldado su agresiva política migratoria a través de la Ley de Enemigos Extranjeros – creada en tiempos de guerra –, impulsando deportaciones a mansalva de personas migrantes que, según la Casa Blanca, tienen nexos con organizaciones criminales como el Tren de Aragua o la MS-13. Un cartel con fotos del venezolano Darwin Hernández, de 30 años, quien se encuentra recluido en una prisión de alta seguridad en El Salvador después de ser deportado de Estados Unidos, es fotografiado en Valencia, Venezuela, el 20 de marzo de 2025. © Reuters / Gaby Oraa Tom Homan, ‘zar de la frontera’ de Trump, mencionó en una entrevista, en marzo, que “todos” los migrantes que iban en los aviones en rumbo a El Salvador eran miembros de alguna de esas dos pandillas. Empero, semanas después, sus palabras contradicen a la realidad. La polémica de los vuelos al Cecot se extiende más allá de Abrego García. Recién llegadas a territorio salvadoreño tras ser deportadas, ocho mujeres migrantes fueron devueltas a Estados Unidos por las autoridades locales, ya que el trato entre Trump y su homólogo, Nayib Bukele, no contempla la recepción de mujeres. Otra persona migrante, de nacionalidad nicaragüense, también fue retornada a Estados Unidos tras llegar a El Salvador. El argumento de los oficiales locales fue que el Gobierno de Bukele tampoco aceptaría personas de cualquier nacionalidad centroamericana, para evitar conflictos diplomáticos con sus vecinos. “Uno pensaría que inmigración va a verificar documentación y la identificación de personas detenidas; va a determinar si la persona tiene algún tipo de amparo migratorio o si ha tenido alguna orden de deportación que va a ser ejecutada, o no. De esa forma poder procesar deportaciones y referir a cortes de inmigración a personas que pueden tener una posibilidad de tener un amparo, o qué inmigración no puede deportar.”, señaló el abogado en entrevista con France 24. ¿Desafío de Trump al debido proceso? El garrafal error gubernamental de mandar a un hombre inocente, y con estatus migratorio regular, a una cárcel de máxima seguridad en El Salvador pone en evidencia, señalan analistas, la ineficacia, no solo de ciertos miembros del Gobierno a los que se les puede achacar un error inusual, sino también de un sistema de identificación y perfilamiento en contra de la comunidad migrante en Estados Unidos. El presidente estadounidense Donald Trump en el Aeropuerto Internacional de Miami, Florida, 3 de abril de 2025. © Mandel Ngan / AFP Un reporte de la ONG Unión Americana por las Libertades Civiles (ACLU) reveló que las autoridades migratorias en Washington utilizan una suerte de lista de “identificadores de bandas” para poder diferenciar quién sí y quién no, pertenece al Tren de Aragua o a la MS-13. Esta lista abarca desde actividades evidentes, como cargos por tráfico de drogas, hasta características banales como tatuajes. Algunos tatuajes dentro de la lista son tan comunes que pueden provocar confusión entre un posible miembro de una pandilla y un aficionado al fútbol. El abogado de Jerce Reyes Barrios, un jugador de fútbol venezolano que fue deportado a El Salvador, mencionó que un rasgo diferencial que utilizaron las autoridades para acusarlo de tener nexos con el crimen y proceder con su deportación fue un tatuaje de un balón que se asemeja al escudo del Real Madrid. “Estamos viendo que el sistema de identificación implementado por ICE (la autoridad migratoria estadounidense) está violando el debido proceso, porque está, en ocasiones, deteniendo personas y removiéndolas del país simplemente por su apariencia”, criticó Vasquez, quien también explicó que el proceso migratorio estadounidense es un “proceso civil, no un proceso criminal”, por lo que este tipo de prácticas pueden ser utilizadas por Washington. Empero, algunos expertos señalan la ineficacia, y peligrosidad, de utilizar signos tan trillados como los tatuajes para acusar a alguien de ser un pandillero para expulsarlo del país. Beth C. Caldwell, profesora de Derecho en la Universidad de Southwestern, señaló que el uso de los tatuajes como guía para la Justicia puede llevar a las autoridades por “el mal camino” “Confiar en los tatuajes para determinar la pertenencia a una banda ha llevado a identificar sistemáticamente de forma errónea a personas como miembros de bandas, sobre todo a medida que los tatuajes se han hecho más populares”, señaló la académica para el medio ‘The Conversation’. Entre tanto, la Administración de Donald Trump tiene hasta el 7 de abril para tomar acciones para traer de vuelta a Abrego García y enmendar uno de los errores más preocupantes de los primeros meses de su Gobierno, además de evitar seguir cometiendo este tipo de violaciones a la integridad de los migrantes; algo que se sabe complejo si Washington continúa con las dinámicas de perfilamiento migratorio. Por Maximiliano Pérez Gallardo-France24
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