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» El Ciudadano
Fecha: 05/04/2025 17:46
La crisis que arrastra Vicentin desde fines de 2019, cuando dejó sin pagar más de 1.300 millones de dólares, se profundiza por parte de sus propios directivos. Este sábado, el directorio de la agroexportadora anunció el cierre de sus dos plantas, ubicadas en Ricardone y Avellaneda. El argumento es que al no poder renovar los contratos a fazón (alquiler) no tiene flujo de caja para pagar los sueldos. “Nos vemos obligados a ordenar el cierre seguro de todas las plantas en operación”, informó la empresa en un comunicado. Justificó la decisión en “una medida de protección de los activos” ante un escenario financiero asfixiante y la falta de respuestas de los inversores estratégicos. El dardo es para Bunge, Viterra y ACA. Vicentin ya había cerrado su planta en San Lorenzo, de procesamiento de soja. Ahora suma las dos restantes. Madeja de intereses Tras el cese de pagos de 2019, que algunos ascienden a 1.500 millones de dólares, la empresa solicitó el concurso preventivo de acreedores un año después. Las idas y vueltas en tribunales se sucedieron, lo mismo que el lobby de varias partes interesadas. Y en febrero último, la Corte Suprema santafesina rechazó la homologación del concurso. Tras eso, los abogados de la empresa presentaron un recurso extraordinario para que intervenga la máxima instancia de la justicia nacional. La otra salida es el cramdown (salvataje) que impulsan dos consorcios de afectados. Están formados por acopios, empresas agroindustriales y agropecuarias. Uno de ellos es el grupo Grassi. Este último, a través de la inversora CIMA Investments SA, propiedad de Esteban Antonio Nofal, adquirió las acreencias concursales de siete bancos extranjeros a los que Vicentin le quedó debiendo casi 500 millones de dólares. Y con eso, sumó poder de fuego en torno a la disputa por el futuro de la defaulteada. Maniobras fraudulentas y cuatro presos La Justicia de Rosario dictó prisión preventiva para cuatro de sus ex directivos: Omar Scarel, Alberto Macua, Roberto Gazze y Daniel Buyatti. Están acusados de asociación ilícita, estafa y administración fraudulenta con un perjuicio que supera los 600 millones de dólares. La investigación del colapso, a su vez, está centrada en una larga serie de maniobras fraudulentas. Entre ellas, la falsificación de balances para mostrar un inexistente buen estado económico y financiero, lo que le permitió seguir tomando créditos. También se probaron simulaciones de operaciones y desvíos sistemáticos de fondos desde la empresa a cuentas personales de sus directivos. Incluso, lo último, después de abierto el concurso de acreedores. Un ventilador de presiones Ahora, el actual directorio metió presión sobre los trabajadores en medio del freno judicial a su propuesta de concurso de acreedores. La empresa no terminó de pagar los salarios de marzo y aduce que no podrá cumplir con sus compromisos laborales. En el comunicado, centra las nuevas dificultades en la paralización de los contratos por los cuales industrializaba granos ajenos. Esa es su única vía de ingresos desde que dejó de operar con mercadería propia. Así, sin granos, ingresos y fondos líquidos, decidió detener toda actividad. El comunicado respectivo incluye mensajes con destinatarios precisos. Corte, Bunge-Viterra y ACA Uno de ellos es la Corte Suprema de Santa Fe. “Lamentamos que habiendo encontrado la salida clara, concreta y tangible hace mas de tres años, respaldada por mayorías contundentes de acreedores -solución que todavía está vigente- hayamos alcanzado esta situación extrema que trae zozobra a Vicentin y a la comunidad”, esgrime el texto conocido este sábado. Otros dardos fueron para los denominados «socios estratégicos». Son Bunge-Viterra y ACA, también interesados en quedarse con la trama de negocios del emporio. “No hay grano, no hay fasones, no hay confirmación así que es preferible mantener las plantas seguras, cerradas y con algún tipo de mantenimiento técnico, pero sin trabajar», dijeron fuentes atribuida a Vicentin. Y agregaron: «Lo único que podría llegar a cambiar el escenario es que avance el pedido de Vicentin, la elevación a la Corte. Ahí los estratégicos podrían volver a proveer grano ante la perspectiva de que el concurso se apruebe”. Sin solución a la vista y fuentes laborales en peligro Esta semana, el juez del concurso de acreedores había convocado a los principales inversores, ACA y Bunge-Viterra, para reactivar los fasones. La audiencia no se dio porque nadie se presentó. Con el cierre de las dos plantas, que sucede a la de San Lorenzo, los actuales directivos de la compañía quebrada cuelan una parálisis total para forzar una salida favorable a su propuesta concursal. El cese de operaciones afecta directamente a más de 1.000 empleados directos y a otros 3.000 indirectos vinculados a la cadena productiva. El gremio aceitero ya está en alerta máxima y anticipó que, si no se paga lo adeudado en los próximos días, se podrían activar medidas de fuerza que impactarán en todo el complejo agroexportador. El delegado del gremio de aceiteros en Reconquista, Leandro Monzón, resaltó la “preocupación» frente a «la incertidumbre laboral y la falta de compromiso por parte de las autoridades”. El sindicato viene apoyando la propuesta del concurso que hizo la empresa como garantía, dice, de las fuentes laborales. Por eso, envió una nota al juez del concurso, Fabián Lorenzini. “Creemos que la justicia tiene que intervenir y preservar el trabajo”, subrayó el referente gremial.
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