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» Data Chaco
Fecha: 05/04/2025 17:35
En el marco de la investigación por presunto lavado de activos que involucra a referentes de organizaciones sociales del Chaco , durante la noche del viernes 4 de abril se llevó adelante un nuevo allanamiento ordenado por el Juzgado Federal N° 1, Secretaría Penal N° 3. La medida derivó en el secuestro de dos vehículos vinculados a los dirigentes ya detenidos. La Policía del Chaco incautó una camioneta Toyota Hilux, dominio AF-158-RU, perteneciente a Diego Rolón, y un Volkswagen Up, dominio PKE-583, vinculado a Marcos Cáceres. Ambos vehículos fueron hallados durante los procedimientos realizados tras elmegaoperativo desplegado el martes pasado, que incluyó 23 allanamientos simultáneos en las ciudades de Resistencia, Puerto Vilelas y Posadas (Misiones) . Una trama de fundaciones, testaferros y bienes de lujo La investigación, encabezada por la jueza federal Zunilda Niremperger y el fiscal Patricio Sabadini, apunta contra los responsables de cuatro organizaciones sociales acusadas de desviar fondos estatales que debían destinarse a la construcción de viviendas. A cambio, los investigadores hallaron un crecimiento patrimonial injustificado en los dirigentes, sus familiares y allegados: propiedades, vehículos de alta gama, salones de fiestas, ganado e incluso viajes al exterior. Los fondos provenían mayormente del ex Instituto de Agricultura Familiar y Economía Popular (IAFEP), organismo que durante la gestión de Jorge Capitanich distribuyó millonarios subsidios a cooperativas y fundaciones. En todos los casos, las estructuras manejaban organizaciones familiares con múltiples integrantes imputados, desde esposas e hijos hasta cuñados y yernos. ¿Quiénes son los cuatro piqueteros detenidos? Juan Carlos Rolón es señalado como el cabecilla de la red más compleja. Titular de la Fundación La Roca Sólida, fue detenido junto a varios familiares directos. La investigación reveló que construyeron salones de fiestas y quinchos con pileta sobre terrenos que estaban destinados a proyectos comunitarios. También le secuestraron un campo de 200 hectáreas en Puerto Vilelas, donde se hallaron 36 vacas y tres caballos. Según consta en la Administración Tributaria, figura como monotributista sin actividad registrada, lo que no se condice con el nivel de vida que llevaba. Su fundación y otras vinculadas, como Soplando Vida, Piedras Vivas, Sólida y Lisandro de la Torre, recibieron casi 206 millones de pesos del IAFEP entre 2021 y 2023. Diego Armando Rolón , sin parentesco con el anterior, aparece como otro de los cabecillas. Es empleado de la Municipalidad de Resistencia, pero según el expediente judicial, ni él ni su esposa Silvana García asistían a trabajar. Controlaban tres organizaciones: El Valor del Esfuerzo, Cooperativa Conformar y Las Cuatro Hermanas. Solo en dos años, estas recibieron 234 millones de pesos. Los vehículos a su nombre eran publicados en redes sociales para su venta, y también adquirió ganado vacuno. Marcos Antonio Cáceres es otro de los detenidos. Se lo vincula con el Movimiento Juan Domingo Perón y varias cooperativas de trabajo. Entre 2022 y 2023, sus estructuras recibieron 220 millones de pesos. Cáceres y su hermano construyeron viviendas en el barrio La Ilusión con fondos públicos, que luego vendían hasta en 11 millones de pesos cada una. En paralelo, obligaban a vecinos a trabajar en sus casas bajo amenaza de ser desalojados. Lucas Alexis Torales Cordeiro completa la lista. Se lo acusa de operar una red de fundaciones —Jóvenes Líderes, La Revolución y Árbol de la Vida— que recibían subsidios del Estado. Junto a su padre, realizaban operaciones de cambio de divisas en efectivo, compraban dólares en Argentina, los llevaban a Paraguay para convertirlos en criptomonedas y luego regresaban con pesos. Además, se investigan sus vínculos con asignaciones irregulares de tierras fiscales y viajes al exterior en compañía de su pareja, una influencer misionera. El avance de la causa Hasta el momento, hay cuatro personas detenidas y otras 15 imputadas. Las autoridades continúan con las medidas judiciales para rastrear el patrimonio de las organizaciones, mientras los nuevos allanamientos permiten seguir recuperando bienes adquiridos de forma presuntamente ilícita. Desde la Policía del Chaco informaron que la investigación llevaba meses en marcha y que se actuó "de forma sigilosa" para no entorpecer las pesquisas. La Justicia analiza ahora los movimientos bancarios, las propiedades y los nexos entre familiares, fundaciones y estructuras del Estado provincial. La sospecha: una trama de corrupción sistemática amparada en el uso de cooperativas como fachada para enriquecimiento personal. Notas Relacionadas
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