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» Misionesparatodos
Fecha: 04/04/2025 15:37
Bloomberg afirmó que cuando era diputado recibió pagos por asesorías privadas. Si se trató de servicios de consultoría, pero sin declarar ni tributar, el caso podría derivar en evasión fiscal. Los casos de otros líderes en el mundo que enfrentaron críticas similares. Una investigación publicada por Bloomberg reveló que el actual presidente argentino, Javier Milei, mientras se desempeñaba como diputado nacional, habría recibido pagos en efectivo (de hasta 20.000 dólares por cena) por parte de empresarios para asistir a encuentros privados en torres de lujo como Le Parc. Según fuentes citadas en el informe, el dinero era entregado a su hermana y actual secretaria general de la presidencia, Karina Milei, sin registro formal de los pagos. El propio Milei defendió públicamente esas reuniones, argumentando que formaban parte de su actividad como consultor económico, una tarea que realizaba antes de ingresar a la política. “Mi tiempo vale, no vivo de la política”, declaró en 2023. Sin embargo, la falta de facturación, rendición o encuadre impositivo de esos ingresos plantea interrogantes serios sobre la legalidad de ese mecanismo. En comparación internacional, otros líderes han enfrentado cuestionamientos similares. En EE. UU., Donald Trump organizó cenas exclusivas con donantes, pero sus ingresos fueron reportados y regulados bajo las leyes federales de financiamiento de campaña. En Francia, Nicolas Sarkozy está siendo juzgado por financiamiento ilegal, y Marine Le Pen fue inhabilitada por cinco años tras una causa por malversación de fondos públicos. La diferencia clave es institucional: mientras que Trump era un ciudadano privado, Milei era funcionario electo. Ese rol introduce obligaciones éticas y legales adicionales. Si se trató efectivamente de servicios de consultoría, pero sin declarar ni tributar, el caso podría derivar en evasión fiscal. En tal caso, el organismo competente sería la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA, antes AFIP). La posibilidad de una investigación en este frente es limitada, dado el conflicto de interés institucional siendo ARCA dependiente del poder ejecutivo. Si, por el contrario, los fondos constituyeron aportes de campaña no declarados, habría una infracción a la Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos (Ley 26.215), y la jurisdicción recaería en la Justicia Electoral, una rama del Poder Judicial. Una tercera hipótesis más delicada sería la de un eventual delito de cohecho, enriquecimiento ilícito o abuso de autoridad, si se comprobara que los aportes influyeron en actos de gobierno. En ese caso, el Ministerio Público Fiscal tendría la potestad de iniciar una causa penal. Estos escenarios no solo difieren jurídicamente, sino que también plantean consecuencias políticas distintas. Un accionar institucional firme podría afectar la carrera del mandatario; la inacción, en cambio, podría socavar la confianza de inversores que buscan estabilidad y transparencia. La paradoja es evidente: un gobierno que se presenta como reformista y centrado en la eficiencia económica no puede permitirse ambigüedades éticas. Como en otros casos internacionales, la línea entre financiamiento legítimo, consultoría privada y tráfico de influencias es delgada, pero esencial para la salud institucional de una república. Por Adrián Genesir-Perfil
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