10/04/2025 22:58
10/04/2025 22:58
10/04/2025 22:58
10/04/2025 22:58
10/04/2025 22:58
10/04/2025 22:58
10/04/2025 22:56
10/04/2025 22:56
10/04/2025 22:56
10/04/2025 22:55
» tn24
Fecha: 04/04/2025 08:45
Cúneo Libarona denunció gastos millonarios sin control y ordenó una auditoría. Organismos de derechos humanos rechazan las acusaciones y defienden el uso del presupuesto. La decisión del Gobierno de suspender los pagos al Espacio para la Memoria y Defensa de los Derechos Humanos (exESMA) cayó como una bomba. El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, justificó la medida asegurando que se gastaban más de 3.359 millones de pesos anuales sin fiscalización alguna, y anunció una auditoría integral para determinar en qué se utilizaban esos fondos. “Cortamos con una caja millonaria gestionada por 13 organismos de derechos humanos, que gastaron miles de millones de pesos de los contribuyentes para mantener el predio de la ESMA sin ningún tipo de control. Solo para cortar el pasto gastaban $16.000.000 por mes”, disparó el ministro en sus redes sociales. Además, aseguró que esta decisión responde a la política del presidente Javier Milei de “terminar con los privilegios de la casta”. Los organismos de derechos humanos responden Desde las organizaciones que administran el predio no tardaron en rechazar las acusaciones. Argumentaron que la mayor parte del presupuesto se destina al pago de salarios de los 176 trabajadores y cuestionaron la versión oficial sobre un supuesto manejo discrecional de los fondos. “Lo que se busca con esta medida no es transparencia, sino un ajuste brutal sobre un espacio clave para la memoria y los derechos humanos en Argentina”, sostuvieron en un comunicado. El recorte genera un fuerte impacto en un lugar emblemático: la exESMA, donde funcionó un centro clandestino de detención durante la última dictadura militar, fue transformado en un sitio de memoria reconocido por la UNESCO. Su financiamiento depende del Estado, y con esta suspensión su futuro queda en jaque. Un nuevo frente de batalla política El anuncio reavivó la grieta y provocó reacciones tanto en el ámbito político como en la sociedad civil. Mientras sectores afines al Gobierno respaldan la auditoría y cuestionan el gasto estatal en estos espacios, desde la oposición acusan al oficialismo de atacar la memoria histórica y debilitar la política de derechos humanos. Por ahora, la auditoría está en marcha y los pagos siguen suspendidos. Pero la polémica está lejos de terminar.
Ver noticia original
 (300 x 300 px).gif)
.png)
.gif)
Examedia © 2024
Desarrollado por