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Parana » AIM Digital
Fecha: 04/04/2025 02:52
Diferentes organizaciones sociales de todo el país exigen el desprocesamiento y la liberación Federico Soria y Mauricio Cornejo, activistas ambientales de Mendoza, quienes forman parte del movimiento que lucha contra las mineras. “Estamos en un momento crítico, donde la represión se vuelve la norma”, afirmó a AIM Eugenia Segura, integrante de la Asamblea de Autoconvocados de Uspallata, de Arte por el Agua y de la Asamblea Cultural. La aplicación del artículo 213 bis del Código Penal es una herramienta peligrosa. “Nos están diciendo que luchar por nuestros derechos es un delito”, afirmó a AIM Segura, quien precisó: “Esta Ley, que permite acusar a los manifestantes por actos de violencia en protestas, llevó a muchos a cuestionar la libertad de expresión en el país”. En ese sentido, contó que la aplicación de la norma “no solo afecta a Federico y Mauricio, afecta a toda la comunidad que se atreve a alzar su voz, por lo que estamos en un momento crítico donde la represión se vuelve la norma”. “Federico y Mauricio son inocentes, su amor y conocimiento de la montaña son únicos, y no deberían estar en prisión”, dijo y explicó que se los procesó en el marco de una manifestación en la que Uocra fue la responsable de los incidentes. Ante este escenario, la comunidad respondió con movilizaciones masivas. El martes, 4.000 personas se dieron cita en el microcentro de la ciudad pidiendo por la libertad de los luchadores sociales. “El pueblo está unido y no se va a dejar amedrentar. La lucha por el agua y la tierra es innegociable”, remarcó Segura. Defensa del ambiente La lucha contra las mineras se centra hoy en la resistencia al proyecto San Jorge, una iniciativa megaminera que amenaza el abastecimiento de agua de más de un millón y medio de personas en la región, que podría ejecutarse a partir del Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (Rigi). “En Uspallata, la cabecera de cuenca del río Mendoza, se quiere instalar este proyecto que hemos rechazado en todas las instancias”, agregó Segura, quien remarcó: “No podemos permitir que una empresa arrase con lo que es vital para nuestra existencia”. La oposición al proyecto es histórica. “El pueblo ya dijo que no mediante manifestaciones multitudinarias y cortes de ruta en toda la provincia”, contó la activista, quien explicó que se dejó en claro que no hay ni habrá licencia social: “No nos rendiremos ante las amenazas ni ante la represión”. Además, el conflicto se agudiza ya que la reciente derogación de una Ley que prohibía el uso de cianuro en la megaminería intensificó los temores sobre el impacto ambiental. “No podemos permitir que nuestra agua sea envenenada”, remarcó Segura, quien apuntó: “El agua es vida, y estamos dispuestos a luchar por ella hasta el final”. Unidad y solidaridad en la lucha El impacto de las detenciones movilizó a muchas organizaciones sociales a unirse en un frente común. “Hay muchas agrupaciones y asambleas en todo el país que están apoyando el reclamo de Mendoza”, destacó Segura, quien enfatizó la importancia de la unidad en la lucha por un ambiente sano y justo: “No estamos solos. Esta es una lucha que trasciende fronteras”.
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