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» El siglo web
Fecha: 04/04/2025 00:57
El triple homicida volvió a reclamar por sus condiciones de detención y se quejó de que no tiene dinero para un abogado defensor. Miguel Eduardo Figueroa, conocido como “Miguelón”, volvió a quedar en la mira de la Justicia. A pesar de cumplir una condena por homicidio agravado en el penal de máxima seguridad de Ezeiza, fue imputado este miércoles por el delito de amenazas coactivas agravadas, junto a su concubina, Marcela Noemí Díaz. La investigación está a cargo del fiscal Carlos Picón, titular de la Unidad Especializada de Robos y Hurtos III del Ministerio Público Fiscal. Durante la audiencia, Picón solicitó prisión preventiva para ambos. El juez interviniente hizo lugar al pedido, aunque redujo el plazo a tres meses. A Díaz, además, se le revocó el arresto domiciliario. Según la acusación, el 17 de marzo, un día después de la muerte del hijo de Figueroa, este solicitó por escrito ser trasladado a Tucumán. Aprovechando una llamada telefónica autorizada desde el penal de Marcos Paz, acordó con su pareja la grabación de un mensaje de audio vía WhatsApp, dirigido al gobernador Osvaldo Jaldo, al juez Gonzalo Ortega y a los fiscales Ignacio López Bustos, Carlos Sale y Pedro Gallo. En él, los amenazaba de muerte e intentaba presionarlos para obtener su traslado. Ese mismo audio fue reenviado desde el celular de Díaz a una periodista, que luego lo compartió con uno de los fiscales amenazados. “Quisieron que estas amenazas llegaran a toda la sociedad. Si no, ¿para qué mandar el mensaje a periodistas y después borrarlos?”, argumentó el fiscal Picón en la audiencia. “Miguelón” hizo uso de la palabra: “Yo no he amenazado al Gobernador y recién me entero que mi mujer está presa (con arresto domiciliario). Hace 18 días que estoy con huelga de hambre. Ya cometí un error; déjenme estar cerca de mi familia; no tengo poder adquisitivo ¿A quién voy a matar? Fue un malentendido. He bajado 9 kilos (en el servicio penitenciario de Ezeiza) por lo que pido que me saquen de este sistema”, expresó. También se refirió a su situación dentro del penal: “En Marcos Paz estaba en un pabellón de trabajadores (con régimen de prelibertad) y ahora estoy con 100 presos terroristas de otros países. Soy el único que está aquí por una causa provincial. Les pido disculpas al Gobernador, al Juez y los Fiscales, y que me perdonen sus familias. He perdido a mi hijo y no tengo ni para un abogado defensor”. Para Picón, la participación de Díaz fue clave: “Estaba planificado, por eso hablamos de coautoría funcional. Y también señalar el peligro de fuga por falta de arraigo. En la audiencia de formulación de cargos dijo que se desempeñaba como vendedora de ropa en su domicilio, lo cual no fue constatado. La pena en expectativa es de 5 a 10 años y no resulta un delito excarcelable”. La teoría del caso Según la Fiscalía el hecho ocurrió en circunstancias que “Miguelón” Figueroa se encontraba privado de su libertad en el marco de las causas sobre homicidio agravado en las que actuaron como fiscales Ignacio López Bustos y Carlos Sale. Había sido trasladado al penal de Marcos Paz, en la provincia de Buenos Aires por orden del juez Gonzalo Ortega. En fecha 17 de marzo solicitó por escrito presentado por su defensa técnica su traslado a Tucumán (para asistir al velorio) y aprovechando que las autoridades del penal de Marcos Paz le permitieron hacer una llamada telefónica a su esposa, concubina o ex pareja (Marcela Noemí Díaz) acordó grabar un mensaje de audio vía whatsapp dirigido al gobernador Osvaldo Jaldo, al juez Gonzalo Ortega y los fiscales Ignacio López Bustos, Carlos Sale y Pedro Gallo a quienes los amenazó de muerte como así también a sus familias diciéndoles que pagarían por lo que le estaban haciendo. A través de este mensaje intimidatorio, buscaba amedrentar y presionar al más alto funcionario del poder Ejecutivo de Tucumán y las demás autoridades judiciales que intervinieron tanto en su traslado como en los procesos condenatorios (por los delitos de homicidios agravados) a los fines de coaccionarlos para que accedan a su pedido hacia Tucumán. En esas circunstancias, la mujer, conociendo el contenido amenazante del audio y con la intención que sea escuchado por otras personas, siendo las 09:55 horas del lunes 17, envió desde su teléfono celular dicho audio a una periodista quien a las 14:43 horas de ese mismo día decidió compartirlo al fiscal Sale y éste hizo lo propio con las otras víctimas. Todo ello con el fin de amedrentarlos y lograr obtener presiones o coacción, el traslado que había pedido ese mismo día “Miguelón” por escrito.Aunque el fiscal solicitó seis meses de prisión preventiva para Figueroa y cinco para Díaz, el juez resolvió fijar un plazo de tres meses para ambos. La defensa de la acusada anunció que apelará la medida. fuente:losprimeros
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