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» Comercio y Justicia
Fecha: 03/04/2025 23:35
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) planteó ante la Justicia que la privatización de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT) es inconstitucional, porque dos artículos del DNU 115/25 violan la negociación colectiva y la estabilidad del empleo público. La demanda recayó por sorteo en el Juzgado Número 73 de la Cámara de Apelaciones de la Justicia Nacional del Trabajo. El gremio solicitó que “se declare la vigencia por ‘ultraactividad’ del convenio actual hasta tanto entre en vigencia uno nuevo suscripto por sus partes signatarias de manera libre y voluntaria”. Indicó que el principio de progresividad de los convenios colectivos está amparado por la Constitución Nacional (CN), por convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y por la Convención Americana de Derechos Humanos. Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE, afirmó que el presidente de la Nación no tiene facultades para dar de baja el instrumento que regula las relaciones laborales dentro de la empresa, ni siquiera a partir de las facultades extraordinarias delegadas por el Congreso. Dijo que la empresa funcionó durante más de 30 años, que en la década del 90 la Administración de Carlos Saúl Menem también decidió privatizarla y que, si bien a lo largo de la historia funcionó bajo distintas figuras, nunca se alteró la vigencia del Convenio Colectivo de Trabajo. Aguiar dijo que el pronunciamiento de la Justicia “debe darse con celeridad” porque, en su defecto, “se generaría un estado de indefensión” para los trabajadores. Puntualmente, ATE solicitó que declare la inconstitucionalidad de los artículos 8 y 9 del DNU y también la vigencia del Convenio Colectivo de Trabajo y de todas las actas posteriores que se firmaron. A fines de febrero, el Gobierno dispuso la transformación de YCRT de sociedades del estado en sociedad anónima. Así, la empresa ubicada en Santa Cruz, cuya planta tiene unos 2.100 empleados, quedó más cerca de ser privatizada, tal como contempla la Ley Bases. En diciembre se conoció un informe lapidario de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) sobre el funcionamiento de YCRT. Al cierre del tercer trimestre de 2024, tuvo un resultado económico negativo de $8728 millones pese a haber recibido fondos nacionales por $53.837 millones. Según la SIGEN, su déficit operativo fue de $62.565 millones en los primeros nueve meses del año. Desde octubre del año pasado, el interventor de YCRT es Pablo Gordillo Arriagada, ex gerente general de Servicios Públicos Sociedad del Estado en Santa Cruz.
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