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» LaVozdeMisiones
Fecha: 03/04/2025 18:47
El sacerdote franciscano de Bahía Blanca, Rodolfo Viano, denunció en sus redes, en un texto que fue levantado, este miércoles, por el diario porteño Página/12, que las madres de María Carmen y Lilian Mariana, las niñas misioneras asesinadas el 2 de setiembre de 2020 por fuerzas militares paraguayas, Laura y Cármen Villalba, están recluidas en ese país en “condiciones inhumanas”. El cura Viano relata en su escrito la reciente visita que hizo a Laura y su hermana Carmen en la cárcel de Minga Guazú, un penal de máxima seguridad ubicado a 13 kilómetros de Ciudad del Este, donde están recluidas bajo un régimen estricto y aisladas entre ellas. “Lesa humanidad contra tres mujeres en Paraguay”, tituló el diario porteño el texto del sacerdote de Bahía Blanca, que entrevistó, también, en el penal a Francisca Andino, otra de las presas alojadas en la misma unidad que las hermanas Villalba. Encapuchadas “El miércoles 26 de marzo pasado tuve la oportunidad de conversar con tres mujeres de Paraguay encerradas y aisladas, por orden del Ministerio de Justicia del actual gobierno nacional de ese país, dada su presunta pero injustificada peligrosidad, desde mediados de octubre pasado, en la cárcel de varones de Minga Guazú, que alardea de ser un ‘centro de reinserción social’ por el camino –imposible– del punitivismo extremo”, escribe Viano y denuncia: Carmen Villalba, Laura Villalba (su hermana) y Francisca Andino padecen condiciones inhumanas dentro de un régimen especial improvisado para ellas, al que fueron sumando otras diez mujeres excluidas de una vida digna casi desde sus nacimientos, con no pocas irregularidades que aparecen detectadas e informadas por el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura del mismo Estado Paraguayo”. “Cada una de las tres fueron llegando al locutorio esposadas y tabicadas con una capucha negra, que las hace respirar con dificultad por su grosor y hediondez, conducidas por guardiacárceles mujeres, que las llevaron descendiendo por empinadas escaleras desde el piso superior del penal, escaleras por las que podrían caer y golpearse al no poder contar con un mínimo de autonomía visual”, cuenta el cura. Revela que las presas “solo están libres de capucha cuando están en su reducida celda, jaula casi sin pertenencias personales, donde está su duro lecho de descanso, su letrina maloliente, un grifo de agua salada, y donde intentan llevar una rutina de gimnasia y lectura, cuando no llegan para amedrentarlas con innecesarias e imprevistas requisas”. Auriculares Viano cuenta que entrevistó a las presas, “una por una”, a través de un “grueso vidrio” y que conversó con ellas, por espacio de no más de una hora, mediante “auriculares”. “La primera que llega es Carmen, privada de libertad desde 2003, los últimos años en la cárcel de mujeres del Buen Pastor (en Asunción), donde terminó sus estudios universitarios de sicología, con una institución privada, de modo virtual, que se pudo pagar vendiendo comidas y artesanías desde el penal, trasladada a Minga Guazú sin explicaciones, habiendo cumplido en Asunción su condena más de dos años antes, pero prolongada amañadamente, ella cuidándose de hacer buena letra para salir y colaborar en la búsqueda de su hija Lichita –como hace tiempo le indicó el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU al gobierno paraguayo-, desaparecida el 30 de noviembre del 2020, a manos de las impunes Fuerzas de Tarea Conjunta del Estado Paraguayo”, relata el cura. En otro tramo del escrito, Viano afirma que las guardias del penal “se roban” las encomiendas que él y otros allegados envían regularmente a las presas, y que, incluso, éstas tienen dificultades hasta para conseguir elementos básicos de higiene personal y agua para beber. “Quienes tratamos de acercarles alguna encomienda con frecuencia quincenal o mensual notamos un ‘agujero negro’ que se traga, digamos sin eufemismos, se roba, lo que está destinado para ellas”, asegura. “Escoba, escurridor y palangana ellas tienen que pedirlos vez por vez, también el agua para beber –imaginemos días de mucho calor y por tanto mucha sed-, primero con paciencia, al cabo de un rato insistiendo, y luego de horas, a los gritos y golpeando los barrotes”, reseña. Sobre Laura, que trabajó en una clínica privada en Puerto Rico hasta diciembre de 2019, en que cruzó a Paraguay, junto a su hija María Carmen y su sobrina Lilian Mariana, y ya no pudo regresar por las restricciones fronterizas de la pandemia, Viano afirma que la mujer le pidió que le enviara “alguna encomienda con leche, yerba mate, alguna proteína bajo forma de paté o fiambre aunque no sean alimentos saludables”, ya que “sospecha que, aunque rechazan la atención psiquiátrica que les prescribe sicofármacos, algo les estén mezclando en los alimentos y en el agua”. Persecución A diferencia de Carmen, Laura está recluida desde 2020. Fue capturada por la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) del gobierno paraguayo, luego de ser testigo del ataque al campamento donde murieron las niñas, y de donde alcanzó a escapar junto a otra de las hijas de su hermana, Lichita, de 14 años, que había sido herida en una pierna y desapareció ese mismo día, presumiblemente, secuestrada por las fuerzas militares. La ex enfermera de Puerto Rico fue condenada a 30 años de prisión en diciembre del año pasado, por los delitos de terrorismo, asociación terrorista y violación de la Ley de Armas, y al igual que Carmen estaba acusada de pertenecer al grupo guerrillero autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP). Lo cierto es que, al momento del ataque de la FTC al campamento guerrillero en el Departamento de Concepción, en el norte del país, Laura Villalba y las niñas se encontraban visitando a los padres de éstas, que sí son integrantes del grupo armado. El caso de las niñas asesinadas y de la adolescente Villalba desaparecida, provocó, enseguida la repercusión internacional e involucró al gobierno argentino de entonces, que exigió a su par paraguayo un pronto esclarecimiento de los hechos, que hasta el día de hoy no se ha producido. Laura y el resto de su familia venían denunciando, por años, al Estado paraguayo por “persecución y hostigamiento”, por lo que se habían mudado al interior misionero, de donde partieron a Paraguay unos meses antes de la pandemia de covid para ya no volver.
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