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» Rafaela Noticias
Fecha: 03/04/2025 10:16
Alcaidía 5 estrellas: un "call center", inversiones en criptomonedas y los "amenities" disponibles La provisión de teléfonos celulares a los internos que pagaban para acceder a los mismos por un "servicio" que incluia el aviso previo de cualquier requisa que se realizara en los pabellones y la posibilidad de "reponer" los dispositivos que se perdieran; la posibilidad de ser trasladados a pabellones con mejores condiciones de trato y comodidades a cambio de una "tarifa" mensual; la chance de evitar traslados a cárceles de otros puntos de la provincia también a cambio de un pago; y hasta la utilización del asesoramiento técnico de un interno con conocimientos de informática fueron los principales hechos que la fiscal Fabiana Bertero atribuyó a tres policías que cumplían funciones en la Alcaidía de Rafaela. En el marco de una audiencia que se extendió por casi cuatro horas en el edificio de Tribunales de Rafaela en la jornada de este miércoles; el juez de Investigación Penal Gustavo Bumaguin dispuso la prisión preventiva sin plazos de Norberto Daniel Núñez; y la misma medida cautelar, pero por el plazo de 60 días para Cristian Montiel y Alejandro Farías. La investigación se originó en una denuncia anónima que llegó el 22 de marzo a Asuntos Internos y fue girada inmediatamente al MPA. Se presume que esa denuncia provino de un agente de la fuerza policial, aunque el abogado defensor de los imputados, Carlos Farías Demaldé, cree que el denunciante fue uno de los dos testigos clave del caso, el interno L.B. Éste es un técnico con conocimientos en informática, a quien el jefe de la Alcaidía encargó una tarea especial: trabajar en un programa que permitiera la identificación y clasificación de los detenidos, de modo que se evitaran confusiones como las que, hace pocos meses, provocaron que un interno fuera liberado por error, tras ser confundido con un homónimo. Hasta allí, todo normal. Pero según denunció LB, pronto Núñez comenzó a pedirle otras cosas. Principalmente, que interviniera en teléfonos celulares: desbloqueos y reseteos para borrar datos de esos teléfonos. LB comenzó a ser testigo y protagonista de otras situaciones irregulares. Inicialmente, la denuncia anónima no mencionaba a nadie en particular. Sí aludía a que se facilitaba el acceso de los internos a teléfonos celulares y a que se les pedía dinero a cambio de situaciones ventajosas en la condición de privados de libertad, mencionando que había una persona que se encargaba del "servicio técnico", aunque sin identificarla. Los investigadores no tardaron en descubrir que se trataba de L.B. En un allanamiento que se realizó el domingo 23 de marzo en la Alcaidía se encontraron 58 teléfonos celulares (la imputación original mencionaba 56) que estaban almacenados en un armario metálico bajo llave y control directo de Norberto Núñez, quien ofició como jefe de la Alcaidía entre fines de 2022 y el momento de su detención. Esos celulares, cuyo origen se desconoce (¿eran teléfonos robados que habían sido recuperados y nunca fueron devueltos a sus dueños?) y serán motivo de investigación, constituyen el indicio principal de que la Alcaidía funcionaba como una especie de "call center", donde los internos podían acceder a aparatos para interactuar en las redes sociales, comunicarse con quienes desearan o incluso seguir cometiendo delitos desde su lugar de detención. Según la hipótesis de la fiscal Bertero, Montiel y Farías eran los encargados de ofrecer el "servicio completo": a cambio de 100 mil pesos mensuales, daban acceso a los teléfonos celulares y se comprometían a avisar con anticipación cuando hubiera requisas en los pabellones y celdas, para que los internos se los sacaran de encima escondiéndolos. Si los perdían, podían incluso acceder a una reposición. Era Núñez el que tenía las llaves del armario con los dispositivos. La segunda de Núñez en el mando de la Alcaidía, una mujer policía (A.E.C., por sus siglas) se transformó en la otra testigo clave. Porque la subalcaldesa declaró lo mismo que L.B. , estando en la vereda opuesta, la de los vigilantes. Ella dijo que alguna vez le preguntó a Núñez por los teléfonos guardados en el armario, y que recibió como sola respuesta el hecho de que eran aparatos viejos y en desuso. También quiso saber qué se hacía con los teléfonos que ingresaban ilegalmente a la Alcaidía y eran secuestrados -a razón de 3 o 4 por requisa-, a lo que Núñez dijo que estaban todos "en la Fiscalía". Más aún: a AEC le llamó la atención otra cosa. Era que muchos familiares "desfilaban", en los días de visitas y tras estar con sus seres queridos privados de libertad, por el despacho de Núñez. La fiscal Bertero dejó entrever la conclusión obvia: que los familiares iban a ese despacho como quien pasa por la caja de un proveedor. Los "bagayos" que habitualmente llevan los familiares con alimentos, ropas y otros elementos para los internos son ingresados regularmente por la guardia, respetando los protocolos habituales. Criptomonedas: ¿$ALCAIDIA? A mediados de febrero estalló el escándalo conocido como $LIBRA, en el que quedó involucrado el presidente de la Nación. A partir de la amplia difusión del caso, muchos argentinos supieron que hay un "mundo" digital en donde se pueden mover millones a través de monedas virtuales, conocidas como criptomonedas, cuyo rastro es difícil de seguir para los que hurgan en la legalidad de los ingresos de quienes invierten en ese tipo de activos. No se sabe si fue allí o antes que a los implicados en el caso ventilado en los tribunales se les "prendió la lamparita", pero en la causa L.B declaró que entre sus tareas también le fue encargado por los policías imputados hacer inversiones en bitcoins, la criptomoneda más conocida en el mundo. LB dio otros detalles, luego corroborados con otros secuestros efectuados por Asuntos Internos. En la Alcaidía hay cuatro pabellones: en el 1 y el 2 están los encausados más conflictivos, los más "peligrosos", ya sea por sus antecedentes como por el tipo de delitos que se les endilgan. En el 3 y el 4 la vida es más llevadera. Según la acusación, para pasar a los pabellones 3 y 4 había un precio. Oscilaba entre 500 mil pesos y dos millones de pesos. La cifra más cara era para evitar se trasladados a algunos de los penales controlados por el Servicio Penitenciario. Asuntos Internos incautó cuatro televisores, entre ellos dos que eran del tipo "smart", que pueden conectarse a internet. No está prohibido que haya televisores en los pabellones de "buena conducta", pero en el momento del allanamiento esos aparatos estaban conectados a la red de internet a través del wifi de la estación de servicios YPF ubicada al lado de la Alcaidía, a la que se puede acceder con una clave muy fácil de obtener, ya que cualquier cliente que consume en la YPF puede conectarse. El denunciante anónimo que activó la investigación aportó fotos. En una de ellas se lo ve a un hombre ya condenado en 2018, y que sin embargo continúa en la Alcaidía, que se supone es sólo para encausados sin condena. El hombre está en la cocina, manipulando un celular. "Se pasa horas con el celular", decía la denuncia. El hombre en cuestión efectivamente está condenado, pero el abogado defensor de los imputados dijo que es el cocinero de la Alcaidía, y que los sucesivos jefes de la Regional pidieron al Servicio Penitenciario que no lo trasladen precisamente porque está encargado de esa función en la Alcaidía. A otro individuo, que también sería un interno, se lo ve en una cama manipulando un joystick, presumiblemente jugando "a la play" en un televisor. "Amenities" insospechadas en un establecimiento donde la gran mayoría de los detenidos padecen hacinamiento, algunos duemen en el piso y muchas veces se han denunciado condiciones de detención casi "inhumanas". También se incautaron en los pabellones 8.8 gramos de cocaína. Sin embargo, ni LB ni AEC vieron como ingresaba esa droga. Ambos negaron tener siquiera indicios de que los policías imputados hayan hecho la "vista gorda" para permitir esos ingresos. Por eso la fiscal Bertero no agregó a las imputaciones esa acusación: bien pudo ocurrir que el ingreso de droga se haya logrado burlando las medidas de seguridad habituales de la Alcaidía. Argumentos de la defensa El Dr. Farías Demaldé pronunció una encendida defensa de los policías implicados. Para eso, atacó consistentemente el testimonio de LB y el de AEC, pero especialmente el del primero. Reveló que LB era un profesor de artes marciales que está preso por presuntos abusos contra algunos de sus alumnos. Entre esos alumnos se encontraba un familiar directo de uno de los imputados. El abogado defensor sostuvo que LB tiene "absoluta animosidad" contra Núñez, quien habría sido uno de los que impulsó las denuncias que terminaron en la detención de LB. Farías Demaldé cuestionó que se pretenda acusar a sus defendidos de transar para evitar traslados: "por ley es el Servicio Penitenciario el que determina los traslados, no el jefe de la Alcaidía". Lamentó que se haya apuntado contra "tres policías que tienen una foja de servicios intachable, que son padre de familia y que ahora están presos y con un perjuicio económico muy grande". La decisión del juez El juez Bumaguin interpretó que la materialidad de los hechos está probada, y que también existen riesgos procesales si los imputados recuperan inmediatamente la libertad. La medida más gravosa cayó sobre Núñez, quien deberá esperar el proceso en condición de detenido. Para Farías y Montiel el plazo inicial es de 60 días. Pero la causa promete otros capítulos: habrá que ver qué surge del análisis de los celulares de los imputados; si en algún momento compartieron datos que puedan constituir nuevas evidencias; si había un mecanismo de recaudación y reparto de las supuestas dádivas que se solicitaban. Farías Demaldé cuestionó vivamente que no se hayan pedido testimonios de otros internos y de otros policías que pudieran agregar elementos para la investigación. Bertero le retrucó que difícilmente algún interno que recibió beneficios y privilegios denuncie a quien le suministraba esos privilegios; y que igualmente será difícil lograr que policías que son compañeros, subalternos e incluso amigos o parientes de los imputados, declaren en su contra. Extraoficialmente, desde el Ministerio Público de la Acusación no descartan que incluso puedan producirse otras detenciones pese "al muro de silencio no exento de amenazas que se está tejiendo en esta causa", según refirió a este medio una alta fuente de la investigación que no es la fiscal Bertero.
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