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» Comercio y Justicia
Fecha: 01/04/2025 07:35
Por Luis Carranza Torres* y Carlos Krauth**, exclusivo para Comercio y Justicia El pasado viernes se desarrolló en el Salón de los Pasos Perdidos de Tribunales I la Apertura del Año Judicial 2025, que contó en el propio estrado, junto a los magistrados, con la presencia del Gobernador de la provincia. La alocución de estilo estuvo a cargo del presidente del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, Luis Eugenio Angulo, quien destacó de modo particular cumplirse el centenario de la creación del Tribunal Superior de Justicia. Otro de los recuerdos históricos es un clásico de las aperturas: la remembranza del primer presidente de dicho tribunal, Enrique Martínez Paz, autor de la costumbre de pronunciar un discurso de apertura del año judicial a partir del año 1943. El magistrado destacó el compromiso de “seguir haciendo” en la mejora del servicio de justicia, mencionando como resultados positivos de dicha acción, entre otras, el rediseño del tratamiento de los casos de flagrancia, el avance de la oralidad en todos los fueros y puesta en marcha de nuevas herramientas de gestión como los Tribunales de Gestión Asociada para lograr una mejor eficiencia en el servicio. Señaló asimismo que El presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Luis Eugenio Angulo, aseguró que: “La inseguridad, las carencias, los esfuerzos que se hacen para llevar una vida con dignidad; como también del dolor y del desamparo que se siente cuando alguien nos la arrebata. Es indudable que sentimos y también sufrimos frente a esas situaciones. No somos ajenos al dolor”. Manifestando que, en tal sentido, “la Justicia de Córdoba cuenta con personas dispuestas a poner lo mejor de sí para que el servicio que brindamos no solo sea de calidad, sino también más humano”. La empatía con el justiciable es algo vital por estos días, y no pocas veces se pierde en los intrincados circuitos de la burocracia. Pero también, con el profesional, letrado o perito, que muchas veces es cargado con sucesivas peticiones previas a realizar un acto, en lugar de exigírselas todas en un único decreto y desde el vamos. O experimenta en no pocos tribunales, una tendencia a regular sus honorarios a la baja, incluso perforando los mínimos de ley, invocando una genérica falta de razonabilidad en la cifra. Por citar solo dos cuestiones que escuchamos de modo reiterado como quejas entre los colegas. Si bien mucho se está haciendo, también existe el peligro cierto de caerse en una tecnocracia organizacional poblada de estructuras y funciones, pero huérfana de resultados empáticos y con rostro humano. O lo que es peor, quedar todo en planes y anuncios que luego no se traduzcan en satisfacer efectivamente la demanda social de una justicia eficaz. Un cambio profundo, sostenible y eficiente requiere de miradas amplias e inclusivas de todos los sectores del fuero. Incluso, trasciende al propio servicio de justicia, debiendo partir de entender cuáles son los conflictos de la sociedad y la mejor forma de atenderlos, aun más allá de la jurisdiccionalidad. Nada se dijo en el discurso del aspecto procesal, concentrándose en los cambios de organización. En tal sentido, un año más, debemos recordar que sigue existiendo una deuda, mayormente pero no por entero, de parte del legislativo: la reforma de los códigos procesales para adecuarlos a la nueva realidad del expediente electrónico. Persiste asimismo una visión judicialista de cómo enfrentar la litigiosidad, cuando a nuestro entender la problemática es mucho más amplia: qué juzgar y cómo hacerlo. Y, sobre todo, cómo reducirla merced a métodos alternativos que vayan más allá de la mediación y que descompriman a los tribunales. Como por caso, y que más de una vez hemos expresado aquí, diferir al arbitraje extrajudicial los casos patrimoniales de menor cuantía. También, la posibilidad de articular en procesos únicos, las cuestiones referentes a intereses homogéneos, como puede ser planteos respecto de cuestiones de la Caja de Jubilaciones, que ocupan la gran mayoría del tiempo del fuero contencioso administrativo. Otra de las cuestiones ausentes, es lo referente a los procesos de salud que, por su número e importancia de derechos litigados, deben tener una vía procesal acorde a sostener la dignidad de los pacientes frente a las demoras y burocracia de los prestadores de salud, y en particular del APROSS. No es poco ni menor lo que enunciamos, pero sin considerar estas cuestiones, reiteramos lo tantas veces dicho en esta columna: solo se está viendo solo una parte de una cuestión mucho más vasta. Y ello, reduce de forma drástica la calidad y entidad de los resultados que pueden obtenerse. (*) Abogado. Doctor en Ciencias Jurídicas. (**) Abogado. Doctor en Derecho y Ciencias Sociales.
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