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» Politicargentina
Fecha: 30/03/2025 14:56
El gobernador de Santa Fe,, continúa sin hacer ningún tipo de declaración al cumplirse una semana de la detención de los exdirectivos de Vicentín en el marco de la investigación judicial que los involucra en delitos de asociación ilícita, estafa y administración fraudulenta.La plana mayor de una de las más importantes agroexportadoras del país se encuentra detenida e imputada desde el viernes pasado, acusados de haber utilizado fondos de la empresa, que había entrado en default en diciembre de 2019, para gastos personales.Los fiscales Miguel Moreno y Sebastián Narvaja ordenaron la detención Omar Scarel, Alberto Macua, Roberto Gazze y Daniel Buyatti, porque considerar que estos exejecutivos utilizaron $1000 millones de la caja de la empresa ya en default para pagar, entre otras cosas, honorarios de sus abogados personales y el seguro de caución (fianza) para evitar quedar detenidos cuando fueron imputados por la presunta estafa origina (recibir granos y tomar créditos sabiendo que no los iban a pagar).Mientras la Justicia avanza con las investigaciones y mantiene detenidos a sus exdirectivos, dirigentes políticos que en su momento intervinieron fervientemente en el conflicto que se desató con la empresa en el año 2020, cuando dejó de pagar sueldos y hasta estuvo a punto de ser intervenida por el gobierno de Alberto Fernández, desde hace meses mantienen un silencio de radio respecto del conflicto interminable en el que está sumergida la firma. Desde la máxima autoridad política provincial, el gobernador Maximiliano Pullaro, hasta impulsores del "Todos somos Vicentín", como el diputado provincial y exintendente de Avellaneda, Dionisio Scarpin, todo el oficialismo mira para otro lado y sostiene plegarias para que el escándalo no salpique el tramo final de la campaña para la elección de constituyentes y concejales el próximo 13 de abril.En default crónico desde hace años con trabajadores, acreedores y fasoneros, paralizada por la falta de granos para moler y con una deuda post concursal que supera los $5000 millones, Vicentin se encuentra en un callejón sin salida del que nadie sabe como va a salir. Para colmo, en febrero la Corte Suprema provincial rechazó la homologación del concurso iniciado en 2020, tras darle lugar a un recurso de inconstitucionalidad planteado por Commodities S.A., uno de los acreedores.A fines de ese mismo mes, en una carta dirigida al gobernador Pullaro el Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros del Departamento de San Lorenzo y la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso de la Argentina afirmaron que hay unos 3.000 puestos de trabajo que dependen del funcionamiento de la empresa, y advirtiendo con una paralización total de actividades en el sector afirmaron: "No permitiremos la pérdida de un solo puesto de trabajo de nuestros compañeros aceiteros ni aceptaremos un peso menos de nuestro salario. No seremos simples testigos de la liquidación de Vicentin, cuyos principales responsables son sus propietarios, empresarios que la llevaron a esta situación de cuasi quiebra".
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